La Organización exhortó a las autoridades venezolanas a exigir una investigación que dé con los responsables de la muerte del bebé
La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios acuáticos de Venezuela (ONSA), catalogó como desproporcionadas las acciones del buque de guerra «TTS SCARBOROUGH» de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en contra de una embarcación venezolana en la que un bebé falleció producto de un impacto de bala y su madre resultó gravemente herida.
La ONSA no solo condenó la acción, también exaltó la importancia de que las autoridades venezolanas ejerzan todos los mecanismos para investigar el caso y accionar las responsabilidades correspondientes.
En una rueda de prensa que con la participación del abogado Francisco Villarroel Rodríguez, consultor jurídico de la organización y especialista en Derecho Marítimo e Internacional, explicó que «el buque de guardacostas es, dentro del marco del Derecho del Mar y el Derecho internacional, buque de guerra, tiene los símbolos de ese Estado, está armado, tiene funciones jurisdiccionales para el ejercicio de la soberanía, y hay antecedentes en el derecho internacional en cuanto a las responsabilidades que pueden surgir en estos casos, de paso inocente, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, porque tiene que haber una proporcionalidad”.
“Lo que dice el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, no tiene asidero en el derecho internacional. Es una irresponsabilidad, porque ya hay decisiones incluso de la Corte Internacional de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza, que es evidente en este caso. Era un peñero que, incluso en el reporte que hicieron no indican que hayan tenido armas, no tenían forma de defenderse contra esa agresión, ni cómo evadirse, porque su capacidad de maniobra y de propulsión eran muy limitadas frente a la otra embarcación. Esto tiene una responsabilidad internacional que, si no es ahorita, será más tarde”, dijo Villarroel.
De acuerdo con Villarroel estos casos no prescriben, por tratarse de acciones que van en contra de los Derechos Humanos, por lo tanto, podrán ser investigados y establecer responsabilidades en cualquier momento.
Corresponde al Estado venezolano, en las relaciones entre Estados, exigir que se abra una investigación, se determinen las responsabilidades y también, como toda responsabilidad cuando no se puede retro traer a un estadio anterior, que paguen los daños que hayan causado, que si bien no constituye un consuelo para los familiares, sí representa un precedente para evitar que se repitan estas acciones.
