En su segundo informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, la Misión que el Tribunal Primero de Juicio Militar no había abierto un juicio contra el general a más de tres años después de su más reciente encarcelamiento
También, documentaron las torturas denunciadas contra el hijo de Baduel y los atropellos contra Andreína Baduel
El pasado 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU reseñó en su segundo informe las irregularidades que encontraron en el caso del general Raúl Isaías Baduel.
La Misión destacaba que el Tribunal Primero de Juicio Militar no había abierto un juicio contra el general a más de tres años después de su nuevo encarcelamiento.
Al inicio de la exposición del caso de Baduel –quien murió bajo custodia del gobierno este 12 de octubre de 2021, según anunció el fiscal Tarek William Saab- la Misión describía lo siguiente:
detuvieron al general Baduel y lo llevaron a un lugar desconocido. Su abogado se dirigió inmediatamente al tribunal, pero se le dijo que el tribunal no había sido notificado de su detención», se lee en el documento.
Reseñaba el grupo de la ONU que la familia de Baduel se enteró de que había sido recluido en Ramo Verde, y que, posteriormente, el exministro de la Defensa de Chávez fue notificado de la revocación de las medidas sustitutivas del cumplimiento de la pena, supuestamente por «incumplimiento de su régimen de presentación».
«El 2 de marzo de 2017, un día antes de su salida programada de Ramo Verde y del cumplimiento de su condena, el general Baduel recibió una notificación en la que se le acusaba de un nuevo conjunto de delitos militares. Su caso estaba vinculado al del general Ramón Lozada, detenido el 24 de enero de 2017, y a otros nueve, ante el Juez Primero de Control Militar de Caracas. La Fiscalía Segunda Militar con competencia nacional imputó a las personas acusadas por traición a la patria e incitación a la rebelión. Esa investigación se había abierto el 13 de enero de 2017, al día siguiente de la nueva detención del general Baduel», detallaban.
Enumeraban que la nueva orden para abrir la investigación militar se basó en:
- Un informe de inteligencia de la Dgcim en el que se alegaban reuniones clandestinas para desestabilizar al Gobierno.
- Una carta del director General de la Dgcim de fecha del 10 de enero de 2017, el día del allanamiento de la casa del general Baduel, indicando que el exfuncionario militar «realizaba reuniones insurreccionales y almacenaba armas en su casa», lo que sirvió como evidencia que motivó la investigación. Según un testigo con conocimiento directo del registro, no se incautaron armas en el domicilio del general Baduel.
- La audiencia preliminar del general Baduel se celebró el 28 de febrero de 2018, y la audiencia preliminar de las otras personas acusadas el 22 de marzo de 2018. El juicio fue ordenado el 9 de marzo de 2018, pero la decisión no se publicó hasta el 11 de diciembre de 2019.
En el informe se enfatiza que, más de tres años después de que se ordenara el juicio y a casi dos de que la decisión se publicara, «el Tribunal Primero de Juicio Militar asignado al caso no ha fijado una fecha de apertura».
Se le negaban visitas de familiares y defensores
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU también dejó por sentado que entre los años 2017 y 2021 Baduel estuvo recluido en diferentes centros de detención, entre ellos, la prisión militar de Ramo Verde, Plaza Venezuela del Sebin y Fuerte Tiuna de la Dgcim.
«El 9 de febrero de 2020, el general Baduel fue sacado de Fuerte Tiuna sin ninguna orden judicial ni notificación a sus abogados; su familia y sus abogados desconocieron su paradero durante 23 días. Sus representantes presentaron denuncias por su desaparición, pero no recibieron respuesta del Poder Judicial. Después de este período, se informó a sus abogados de que estaba detenido en Plaza Venezuela; sin embargo, al general Baduel se le negaron las visitas de su abogada o de sus familiares durante los ocho meses siguientes, hasta octubre de 2020. Permanece en prisión preventiva», describieron.
Otros atropellos contra la familia Baduel
La Misión de la ONU también dejó constancia de otros atropellos cometidos contra la familia del general.
En concreto, recordó que tras la detención de su hijo Josnars Adolfo Baduel Oyoque el 4 de mayo de 2020 por su supuesta vinculación con la llamada Operación Gedeón, su hermana Andreina Baduel presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En el recurso de habeas corpus se detallan las reiteradas visitas de la Sra. Baduel al Tribunal del Circuito Penal de Caracas y a las sedes del Sebin y de la Dgcim en las que trató infructuosamente de a su hermano, luego de haber visto su captura en video. El 15 de mayo de 2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió su respuesta negando la solicitud de habeas corpus», recuerdan.
Recalcaron que en lugar de admitir dicha solicitud, la respuesta del gobierno, por intermedio del Ministerio Público, fue iniciar una investigación penal en contra de Andreína Baduel e imponerle una multa de 50 unidades tributarias por “uso indiscriminado y exceso de litigiosidad”.
«El Tribunal Supremo de Justicia citó una nota de prensa del 8 de mayo de 2020, posterior a la presentación del habeas corpus, en la que la Sra. Baduel afirmaba haber recibido la confirmación de que su hermano estaba detenido en El Helicoide. El Tribunal Supremo de Justicia consideró que la Sra. Baduel no había actualizado al tribunal como era su deber, provocando el tribunal a seguir tramitando innecesariamente la solicitud de habeas corpus«, indican.
Por otra parte, la Misión también especificó que el hijo de Baduel alegó haber sido sometido a torturas para declarar sobre su participación en la Operación Gedeón en un video difundido por Diosdado Cabello.
