De todos los ataques que registró la ONG, 72 fueron individualizados dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos
Julio de 2021 es el mes con más ataques contra defensores de los DDHH, de acuerdo al último informe que publicó la ONG Centro Para los Defensores y la Justicia.
Según el reporte, durante todo julio de 2021 se contabilizaron 140 ataques e incidentes de seguridad.
La ONG caracteriza los ataques en varios tipos, y en julio los dividió de la siguiente manera:
Estigmatización: 112
Intimidación y hostigamiento: 14
Detención arbitraria: 5
Judicialización: 4
Allanamientos: 2
Otros: 3
A juicio de la organización, durante el mes de julio se intensificaron las campañas de estigmatización y los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado, quienes acusaban a las organizaciones de “desestabilizadoras”, “injerencistas”, “terroristas”, entre otros
Hostigar a defensores de DDHH es un patrón de Estado
De todos los ataques que registró la ONG, 72 fueron individualizados dirigidos en contra de…
Víctimas de los ataques
De todos los ataques que registró la ONG, 72 fueron individualizados dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, equivalente a un 51% del total.
Por otra parte, 68 ataques estuvieron dirigidos contra organizaciones de DDHH y otras que llevan a cabo acciones humanitarias, es decir, un 49%.
Además señalan que, entre los casos, destacan la “sistematicidad de las campañas de estigmatización” contra organizaciones de DDHH “por tener acciones en el marco de la cooperación internacional”.
Responsables
De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, 62 ataques (44%) fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales de la administración oficialista, así como desde sus redes sociales.
Asimismo, 34 ataques (24%) los ejecutaron funcionarios públicos, incluyendo de alto nivel y miembros del Poder Ejecutivo.
La ONG señala que estas personas hicieron uso de sus redes sociales o declaraciones en medios para “estigmatizar, amenazar e intimidar”.
Por otra parte, un 12% de estos ataques, es decir 17, fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado, destacando principalmente al Sebin y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
También, 15 ataques fueron responsabilidad de instituciones públicas (11%), como el Ministerio Público y los Tribunales.
Por último, 12 (9%) de las agresiones fueron ejecutadas por personas o grupos afectas a los intereses políticos del Estado, miembros de los entes asociados o que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3).
La lógica del enemigo interno
La ONG advierte que la violencia que ejerce el Estado continúa “manifestándose en distintas formas en contra de la sociedad civil venezolana”.
Además, resaltan que la represión, el control social y la Política de Criminalización siguen afectando “de forma particular a las personas y organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria”.
En ese sentido, advierte la ONG que el Estado afecta las labores legítimas de las personas y organizaciones de DDHH.
Al respecto, señalan que las campañas de estigmatización para desacreditar el trabajo de ONG y defensores de DDHH “se mantuvo como el principal patrón de agresión implementado”.
Movimiento de DDHH permanece unido
Pese al aumento de las agresiones, de acuerdo con el CDJ, “la sociedad civil ha permanecido unida, demostrando que sus actividades por la promoción y defensa de derechos es necesaria ante la emergencia humanitaria compleja existente en el país”
Mediante distintas actividades, demandaron al Estado a que cese la criminalización, además de instarlo a respetar y garantizar el trabajo humanitario y de derechos humanos.
Además, señalan que en julio se hicieron varias manifestaciones ante el Ministerio Público para exigir la liberación plena de los directivos de FundaRedes, detenidos a inicios de julio.
Señalaron también que se promovieron campañas en redes sociales para la liberación de los defensores Jairo Pérez, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García.
Respuesta internacional
El informe destaca que organizaciones y organismos de protección de los DDHH internacionales rechazan las agresiones y exigen al Estado cumplir con su deber de promover y proteger el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.
Entre algunos casos de vocería internacional, reseñan la presentación del Informe sobre la situación de DDHH en Venezuela en 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los DDHH, Michelle Bachelet.
“Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación. Resalto, en particular, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición”, expresó Bachelet.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Mecanismo especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), también expresó preocupación por la detención de los miembros de FundaRedes.
Reporte Centro para los Defensores y la Justicia julio 2021 by Andrea González Parra on Scribd
