El ministro chileno afirmó que al menos 20 de los expulsados «ya cumplían condenas por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia» y el resto «entraron de manera clandestina a Chile»
Este domingo, 6 de junio, el Gobierno de Chile expulsó a 56 venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma irregular al país, en una nueva deportación confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Las 56 personas venezolanas partieron del aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el Gobierno chileno, y tras realizar una escala en la ciudad de Iquique, en el norte del país, fueron trasladadas a Caracas, indicó Delgado a la prensa.
El ministro explicó que una veintena de ellos «ya cumplían condenas por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia» y el resto «entraron de manera clandestina a Chile».
«El proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales siguiendo los protocolos, indicaciones y recomendaciones de la ONU», agregó.
La medida generó el rechazo de la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales, organizaciones que reiteraron que no se respetó el debido proceso, los tratados internacionales suscritos por Chile ni el reciente llamado humanitario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Defensoría de la Niñez se sumó a las críticas al señalar que hubo migrantes expulsados que dejaron a hijos menores de edad en territorio nacional. «Existen niños a quienes se les separa de sus familias y esta situación manifiesta de manera evidente el incumplimiento y la infracción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de aquellos principios básicos que protegen a niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con su derecho a vivir en familia y con aquello que se relaciona con la reunificación familiar», señaló la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a través de redes sociales.
«Las personas de nacionalidad venezolana necesitan de protección internacional, no que se les devuelva a un país donde no hay condiciones para una vida digna. Este es un llamado al Estado chileno, independientemente del Gobierno de turno, y esperamos que, en este momento histórico que vive Chile, se tengan en cuenta los derechos de las personas migrantes con un enfoque intercultural y como parte del pueblo chileno», expresó la directora de la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), Benigna Zambrano.
En febrero, Chile expulsó a más de un centenar de personas extranjeras, muchas de las cuales habían ingresado por pasos no habilitados, arriesgando sus vidas al cruzar el inhóspito altiplano en la frontera con Bolivia y desafiando al COVID-19. Tras ello, se han registrado al menos otras dos deportaciones de decenas de inmigrantes, principalmente desde la ciudad de Iquique.
*Con información de EP, DW y AFP
