Los diputados pedirá una investigación independiente de los hechos a la OEA
Tras un minuto de silencio por las víctimas del naufragio en Güiria, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron un proyecto de acuerdo en el cual exhortan a los organismos internacionales a presionar a Trinidad y Tobago para que detenga las violaciones de Derechos Humanos, en contra de los migrantes venezolanos.
En la última sesión ordinaria del año, los parlamentarios -en sesión virtual- también aprobaron llevar a cabo una investigación sobre los hechos, a través de la Comisión de Política Exterior. Sin embargo la AN no aclaró si continuará trabajando el año que viene y bajo cuál modalidad, ya que termine el periodo legislativo e inicia un nuevo nuevo el 5 de enero.
En el proyecto de acuerdo de la AN, también aprobaron enviar una comunicación al gobierno de Trinidad y Tobago, por su «actitud de complicidad ante la muerte de estos compatriotas migrantes-refugiados». También se le emplazó al Comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges a realizar una denuncia con urgencia este hecho, ante organismos multilaterales, como la OEA, la ONU, la CIDH, la oficinal de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Especial de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
Además solicitarán una investigación independiente de los hechos y que se remita a los organismos jurisdiccionales internacionales para que fijen las responsabilidades en el caso. Los diputados aprobaron declarar la responsabilidad política «frente a la actitud indolente e
irresponsable del régimen ilegitimo de Nicolás Maduro».
Más de una vez
La diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda) aseguró que se debe permitir el trabajo de ONG nacionales e internacionales que puedan verificar la situación de los migrantes en la isla. «No es la primera vez que Trinidad y Tobago, en complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, ha violado los derechos de los venezolanos que han huido del país. Trinidad debe tener consecuencias», agregó.
En este punto también participó el Comisionado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados, David Smolansky, quien aseguró que este es el tercer episiodio en tres semanas entre Trinidad y Venezuela. Recordó la deportación de los 16 menores de edad y también la de 160 venezolanos, incluyendo a ciudadanos que tenían sus papeles en regla.
«Trinidad y Tobago es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención para los Refugiados de 1951. Están actuando al margen de los compromisos internacionales que tienen», explicó.
«Trinidad y Tobago es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención para los Refugiados de 1951. Están actuando al margen de los compromisos internacionales que tienen», explicó.
Smolansky recomendó hacer una investigación sobre los hechos, porque los cuerpos de seguridad y grupos afines al régimen de Maduro «son promotores de la trata de personas, del contrabando y narcotráfico. Eso no puede seguir siendo ignorado por la comunidad internacional. Es importante que haya acciones concretas para que Trinidad y Tobago tengan una política diferente y se acabe este flagelo».
Historial de denuncias en la AN
Los diputados de la AN Milagros Paz (PJ-Sucre) y Robert Alcalá (AD-Sucre) recordaron que desde hace un año y medio, la Asamblea Nacional ha denunciado el zarpe ilegal de peñeros desde las costas de Sucre y otros puntos del país.
«Son varias las embarcaciones que a diario zarpan de manera ilegal, con la complacencia económica de las autoridades», indicó Paz.
Alcalá señaló también que no basta con pronunciamientos de organismos internacionales o informes. «Hay que presionar a Trinidad para que deje de violar los Derechos Humanos. Hay venezolanos que están presos por querer buscar un mejor futuro, están en jaulas que no tienen ni la altura para que estén de pie. Les hacemos un llamado a la ONU, Acnur, la OEA y el resto de países para ejercer la presión necesaria para que Trinidad cumpla con los tratados internacionales en materia migratoria».
Igualmente señaló que el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, debe detener la corrupción que tienen funcionarios militares y civiles que son los que permiten que salgan esos peñeros, que se utilizan normalmente para pescar.
«Es responsabilidad de ustedes parar estos zarpes ilegales de manera casi interidaria, que son para la pesca artesanal y no para el transporte de personas. Es un crimen dejar que salgan esas embarcaciones con 30-40 venezolanos que no cumplen con ninguna condición de seguridad», aseveró.
Por último, el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó, ratificó el decreto de duelo por tres días, «por lo que representa las condiciones forzosas en la que los venezolanos han sido obligados a huir, lazandose a la nada, a la incertidumbre de no ser recibido por un país, donde los venezolanos han recibido maltrato».
También criticó que la administración de Nicolás Maduro privilegie el trato político con Trinidad, antes que defender a los ciudadanos de Güiria.
Guaidó aseguró que no es relativizable el dolor humano en Venezuela. «No lo pueden ocultar tras camisas del Che Guevara o canciones de Silvio. Tiene que ver con asesinatos, dignidad, Derechos Humanos. Ya basta del cinismo oculto tras supuestas solidaridades de carácter ideológico, no lo es, es asesinato», expresó.
