Ambos gobiernos aprobaron apoyar distintos puntos para luchar en contra de delitos como el tráfico de drogas y la trata de personas
El gobierno interino del presidente Juan Guaidó y el gobierno de Estados Unidos acordaron seguir trabajando en conjunto para combatir el crimen y la corrupción del país.
A través de un comunicado informaron que sostuvieron una reunión el pasado 24 de noviembre, junto a otros países de «ideas afines», donde abordaron temas como el crimen transnacional, narcotráfico y otras actividades ilícitas conexas «facilitadas por la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela».
Al finalizar el encuentro, ambos gobiernos expresaron su apoyo a distintos principios de cooperación como los tratados sobre narcóticos de las Naciones Unidas, incluyendo la Convención de 1961 y su enmienda, las Convenciones de 1971 y 1988.
También aprobaron el intercambio de información reforzado sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minería ilegal; tráfico de personas, incluyendo trabajo forzado, criminalidad forzada, tráfico sexual y el reclutamiento de niños en conflictos armados. Además de tendencias de lavado de activos e investigaciones.
«Llevar a cabo cooperación regional para el combate de la producción y tráfico de narcóticas; tráficos de personas en todas sus formas y actividades criminalidad conexas», fue otro de los puntos acordados.
Ambos gobierno acordaron aplicar sanciones a individuos relacionadas al tráfico de narcóticos, lavado de dinero y otras actividades criminales, para limitar su movimiento internacional y transacciones financieras.
«Comprometidos a cooperar en contra de todas las formas de crimen transnacional organizado y reafirmando nuestros compromisos hechos bajo la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; en particular, el Protocolo de la ONU para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños», indicaron en el comunicado.
Por último los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos reconocen la necesidad de construir capacidades para las autoridades relevantes para mejorar la seguridad pública dentro del país, «con el fin de llevar a cabo las acciones antes descritas en contra del crimen y la corrupción que han emergido de Venezuela, debido a la falta del Estado de Derecho bajo la presidencia ilegítima de Nicolás Maduro».
