El ex diputado Wilmer Azuaje anunció a finales de septiembre que acudiría a la CPI para llevar las pruebas y consignarlas en la denuncia contra Maduro
El exdiputado al Consejo Legislativo del estado Barinas (CLEB) y director del Observatorio Venezolano para la Protección de los Derechos Humanos, Wilmer Azuaje, acudió este martes 13 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para consignar pruebas de las acciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado en la llamada Operación Gedeón.
Azuaje explicó a través de las redes sociales que llevó pruebas «que deja en evidencia la tortura y posterior Masacre de Macuto», primera acción de un grupo de personas en las playas de ese sector del estado Vargas que terminó con varios detenidos y al menos ocho personas muertas.
«Nuestro trabajo es el de suministrar más elementos de convicción, para que dé una vez por todas esta Corte inicie una investigación formal en contra de Nicolás Maduro y su régimen (…) En la ‘Masacre de Macuto’ funcionarios del régimen de Maduro, bajo las órdenes de él y los cabecillas de su organización criminal, cometieron graves crímenes de lesa humanidad, prácticas que ya han sido denunciadas por el Consejo de DDHH y numerosas ONG’s venezolanas», dijo.
Consignación ante la Corte Penal Internacional del material probatorio que deja en evidencia la tortura y posterior Masacre de Macuto (Operación Gedeón) ejecutada por funcionarios a la orden de Nicolás Maduro. Exigimos justicia. #masacredemacuto pic.twitter.com/5tvyDS6sBM
— Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) October 13, 2020
Recordó que en 2019 viajó al mismo lugar para llevar pruebas contra la administración de Maduro por el caso de la «Masacre de El Junquito», donde el expiloto del Cicpc, Óscar Pérez, y otras seis personas, fueron asesinadas en un operativo policial a pesar de que habían manifestado que se entregarían libremente.
Aseguró que acuden a la CPI debido a que el sistema en Venezuela no hace justicia verdadera y diariamente se violentan los DDHH en el país. Indicó que ante el organismo hay una denuncia introducida en 2018 por Colombia -y respaldada por varias naciones- por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la administración de Maduro.
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