El presidente Juan Guaidó hizo un llamado a otros sectores que faltan para que se unan al pacto unitario y participen en la consulta
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron y juramentaron al comité organizador de la consulta popular, aprobado en un proyecto de acuerdo el pasado 1 de octubre.
En una sesión semi presencial, que contó con transmisión virtual con problemas de conexión, el presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó aseguró que los escogidos son ciudadanos emblemáticos de la historia política venezolana y que representan la «sobrevivencia de una nación que se niega a doblegarse, que quiere expresar y manifestar su voluntad y sabe que puede ejercer su mayoría».
Los encargados de organizar el proceso de consulta popular son Enrique Colmenares Finol, Blanca Rosa Mármol de León, Carolina Jaimes Branger, Horacio Medina, Rafael Punceres, Estefanía Cervó e Isabel Pereira Pizani.
«Hoy en día, muchos venezolanos, están acompañando su decisión de hacer respetar la soberanía, de su valentía democrática que expresa la voluntad de un pueblo que no se rinde, que resiste, e insiste valer sus derechos y quiere recuperar su dignidad y democracia en el legítimo Parlamento que nos acompaña en todo momento en esta decisión», agregó Guaidó.
La Asamblea Nacional está haciendo un llamado a una consulta popular, como respuesta a las elecciones legislativas convocadas para el próximo 6 de diciembre y que la mayoría de la oposición no reconoce, pues no cumplen con las condiciones exigidas.
«No existe»
Igualmente en la sesión ordinaria los diputados recordaron que la asamblea constituyente es «inexistente jurídicamente y sus actos son ineficaces», por lo tanto calificaron la ley antibloqueo es «irrita».
En un proyecto de acuerdo los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron desconocer la ley; además aprobaron investigar a los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro a «fin de establecer las eventuales responsabilidades civil, penal y administrativa a las que pueda haber lugar por las inconstitucionales promulgación y aplicación de la supuesta ley antibloqueo».
Igualmente advirtieron que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones bajo el amparo de este instrumento legal, podría estar incurso en delitos de «lesa patria», asociación para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
El diputado Alfonso Marquina (PJ-Lara) indicó que la administración de Maduro pretende justificar la aprobación de la ley, para la defensa de los derechos humanos, cuando han sido acusados de violación de derechos humanos y que desde que Maduro asumió el poder la economía ha disminuido un 85%.
«Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314», expresó Marquina.
Además el diputado Omar Barboza (UNT-Zulia) señaló que los artículos 44 con sus 2 disposiciones transitorias, que contiene la ley antibloqueo, contraviene los principios de legalidad establecidos en la Constitución, específicamente en los artículos 58,131, 150, 301, 302, 312, 314 y 334.
El parlamentario Williams Dávila (AD-Mérida) añadió que la ley antibloqueo deroga la Constitución y encamina a Venezuela a un autoritarismo de Estado, controlado por Nicolás Maduro.
