A juicio de Saab, el informe de la Misión de la ONU busca dinamitar el trabajo que realiza la alta comisionada de DDHH, Michelle Bachelet en el país
El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, junto al canciller Jorge Arreaza, presentaron este miércoles, 23 de septiembre, un informe de los organismos y organizaciones de DDHH del país que fue realizado «en el terreno» y que será entregado a Nicolás Maduro.
Durante una rueda de prensa, donde también participaron los titulares de los Poderes Públicos, Saab dijo que los organismos internacionales no pueden sustituir a las instituciones de cada nación, y que son de carácter subsidiario y complementario.
Estas declaraciones vienen tras el debate del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el informe de la Misión Independiente, donde responsabiliza a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad.
«Este informe era necesario en este momento», dijo Saab, y reiteró que está basado en acciones judiciales, imputaciones y sentencias en contra de violadores de derechos humanos. «Contra ellos todo el peso de la ley», sentenció.
Asimismo, volvió a cuestionar el informe de la Misión de la ONU, que, según Saab, busca dinamitar el trabajo que realiza la alta comisionada de DDHH, Michelle Bachelet en el país.
«Mientras está aquí la oficina de la Alta Comisionada de pronto aparece esta comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima», aseguró Saab.
Por su parte, Arreaza criticó el uso como arma política del tema de los derechos humanos. A su juicio, las protestas de 2014 y 2017 tenían carácter insurreccional que pretendían tomar el poder por la fuerza.
«El 85 por ciento de las fuentes utilizadas por la supuesta comisión de verificación de hechos son secundarias. No hay familiares ni testimonios. Apenas el 15 por ciento es válida y seguramente está en manos de la comisionada Bachelet», señaló Arreaza.
Las cifras
El fiscal general de Maduro mostró las cifras plasmadas en el informe que se presentó desde la Fiscalía: imputaciones a 603 funcionarios de seguridad del Estado y 35 civiles implicados como colaboradores, para un total de 638 imputados por violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, hizo mención en 452 funcionarios aprehendidos de distintos organismos y 24 particulares, para un total de 476 privados de libertad.
También nombró a 811 funcionarios acusados y 129 civiles para un total de 940 acusados. Añadió que ya fueron sancionados 127 funcionarios más 13 civiles, para un total de 140.
Con información de Unión Radio
