El chavismo ha dejado claro que le corresponde a la directiva de la Asamblea Nacional, y que asumen es la que dirige Luis Parra, hacer los trámites pertinentes para salir de esta figura judicial que impuso el TSJ al parlamento desde 2016

La historia del llamado “desacato” de la Asamblea Nacional se remonta a diciembre de 2015, cuando la oposición venezolana ganó 112 escaños para convertirse en mayoría del poder Legislativo por los próximos cinco años (2016 – 2021).

Tras una denuncia de Nicia Maldonado, aspirante por lista en el estado Amazonas, sobre presunto fraude en los comicios, el 30 de diciembre de ese año la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió mediante una sentencia suspender los efectos de la elección en todo el estado, lo que también afectó a la región sur indígena (Bolívar, Amazonas, Apure), y por tanto las proclamaciones de los candidatos que ya había realizado el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al momento de la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana decidieron juramentarse bajo la aprobación de la junta directiva de ese año, compuesta por Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla. El desafío fue tomado por la Sala Electoral, que en una controvertida sentencia el 11 de enero declaró el “desacato” del poder Legislativo hasta tanto no se desincorporara a los parlamentarios de Amazonas.

En dicha sentencia, que se dictó en forma conjunta, el TSJ declaró que todos los actos de la AN eran “nulos absolutamente”. Eso incluía los actos que se habían dictado “o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo”.

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