‘CARLOS’ FUE DETENIDO POR funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 20 de febrero de 2019. Junto a otros dos hombres, le había robado el celular a una estudiante de bachillerato que caminaba en dirección a una estación del Metro de Caracas.
El trío fue apresado y trasladado hasta la estación policial de la parroquia de El Valle. Tres días después, fueron presentados ante el Tribunal 33 de Control del Área Metropolitana para la audiencia preliminar, y trasladados hasta la sede policial de La Yaguara, donde les indicarían el sitio de reclusión mientras esperaban su juicio.
“Tragué grueso cuando escuché al policía pronunciar mi nombre y asignarme la Zona 7, en Boleíta, como lugar de reclusión donde esperaría por mi juicio, pues sabía por los demás presos que esa prisión era la peor de Caracas”, relata ‘Carlos’, ahora en libertad.
“Los vamos a trasladar para Zona 7” es una frase amenazante con la que “los funcionarios policiales controlan a los presos revoltosos en los otros centros de detención de la capital”, cuenta el expresidiario.
Pero la llamada “Zona 7” no es una cárcel. En realidad forma parte de los más de 30 centros de detención preventivos (CDP) que existen en la Gran Caracas y que corresponden a los distintos cuerpos de seguridad (Policías de Baruta, Libertador, Chacao, El Hatillo, Sucre, PNB; Cicpc; Guardia Nacional; Sebin y Dgcim).
Un centro de detención preventiva está diseñado para resguardar temporalmente y por breves períodos a las personas detenidas por un cuerpo policial. La competencia de las policías municipales, estadales o de investigación está limitada a realizar las aprehensiones y las primeras diligencias que siguen al momento de la detención de las personas que presuntamente han cometido hechos punibles
En los calabozos un detenido no debería pasar más de 48 horas, explica Carlos Nieto Palma, abogado y coordinador general de Una Ventana a la Libertad, ONG que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de la población carcelaria en el país.
Los CDP se han convertido en cárceles permanentes desde que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prohibió a través de una circular en 2011 el traslado de nuevos privados de libertad a recintos carcelarios sin su autorización, por lo que se mantienen en estos calabozos.
En el informe sobre la situación de los centros de detención preventiva durante el primer semestre de 2019, Una Ventana a la Libertad revisó 203 calabozos distribuidos en 15 estados, y con cupos para 3.734 personas. Hasta junio pasado, en estos 203 CDP se encontraban 19.028 detenidos.
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