En el marco del encuentro que tendrá la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet con organizaciones defensoras de derechos humanos, Una Ventana a la Libertad le expondrá, este 20 de junio, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen día a día a los hombres y mujeres privadas de libertad en las cárceles venezolanas y centros de detención preventiva o calabozos policiales.

La información la dio a conocer el coordinador general de esta organización no gubernamental Carlos Nieto Palma, quien señalo que la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela no escapa de las cárceles y los centros de detención preventiva, que aun y cuando son espacios transitorios donde los detenidos no deberían de estar más de 48 horas se han convertido en recintos permanentes de reclusión.

Tomando en cuenta que en Venezuela no hay información oficial al respecto, Una Ventana a la Libertad ha determinado que en Venezuela actualmente hay un aproximado de 110.000 reclusos de los cuales 55 mil al menos, están en alrededor de 500 calabozos policiales en todo el país, que no reúnen condiciones para tener a personas detenidas por tiempos largos pero que se han convertido en cárceles permanentes.

Solamente en el año 2018 en los centros monitoreados por Una Ventana a la Libertad en 15 estados del país el hacinamiento alcanzaba un 313.6% a su capacidad real, igualmente en este mismo año fallecieron 305 reclusos de los cuales 117 fueron por tuberculosis y 17 por desnutrición, aunado a que el retardo procesal alcanza un aproximado del 70 % de la población carcelaria venezolana que están a la espera de una sentencia por parte de los tribunales del país.

Por último, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad Carlos Nieto Palma, manifestó que aspiran que la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, contribuya a mejorar las condiciones de las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela, tomando en cuenta que las personas que se encuentran en estos recintos están bajo la tutela o custodia directa del Estado venezolano y él debe responder por estas graves violaciones a los derechos humanos que se cometen contra los hombres y mujeres privados de libertad en nuestro país.