La Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria que atiende la crisis social en Venezuela solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una extensión de las medidas cautelares a todos los servicios del hospital J.M de Los Ríos, aprobadas en un principio para el servicio de nefrología el 21 de febrero de 2018.

En el informe entregado en el Parlamento se detalló que el Estado venezolano no ha cumplido con las medidas de garantizar la vida, integridad personal y salud «de los niños y niñas pacientes del J.M de los Ríos» mediante la proporción del tratamiento médico, la facilitación de acceso a lo mismos y a los procedimientos quirúrgicos requeridos según los casos. La CIDH otorgó un plazo de 10 días para el cumplimiento de estas medidas.

En octubre del año pasado las ONG Prepara Familia y Cedodap hicieron otra petición para que las cautelares fueran ampliads a otros 13 servicios del hospital, entre los cuales se encuentran Cardiología, Hematología, Neurología, Medicina 2, Medicina 3, Anatomía Patológica, Centro de Lactancia, Consulta Externa y Triaje, Neurocirugía, Pediatría Interna, Nutrición, Medicina Adolescente y Neumonología.

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional recomienda que estas medidas se extiendan al resto de servicios, luego del fallecimiento de cuatro niños que esperaban trasplante de médula ósea y otros 26 están a la espera de poder recibir el trasplante.

Decisión política

En el informe de la Comisión Especial se detalla que la suspensión del convenio entre Pdvsa y la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea en Italia se debió a la falta de pago por parte del gobierno venezolano, que actualmente tiene una deuda de más de 10 millones de euros. Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro alega que esto es por las sanciones impuestas por Estados Unidos, los diputados aseguran que «estas sanciones fueron anunciadas con aplicación inmediata en enero del presente año».

Ya desde el año 2015 el programa venía presentando fallas debido a la falta de insumos y trabas burocráticas de Fundavene, organización creada en 2014 para la coordinación del convenio. «Aunado a ello, todavía hay pacientes que se encuentran a la espera del traslado a Italia para obtener un trasplante de médula ósea desde 2016, mientras que el último paciente que llegó a Italia fue en agosto de 2018».

También se menciona el hecho de que el presidente Nicolás Maduro aprobara un presupuesto de 56 millones de dólares para la producción de 786 mil uniformes militares y la activación de la línea de producción armamentística de la subametralladora Caribe9.

«Según miembros de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), órgano adscrito al Ministerio de Salud, un trasplante medular en Europa cuesta, en promedio, entre 175.000 y 250.000 euros, por lo que con el monto aprobado para la producción de uniformes y armamento militar, sería posible realizar al menos 227 trasplantes», agregan en el informe.

Para los diputados de la Asamblea Nacional hay una negligencia en el pago de la deuda con el gobierno italiano y «la falta de continuidad del programa de trasplantes es una decisión política y no una consecuencia de las sanciones».