ALEX NAIN SAAB MORAN, empresario barranquillero vinculado al escándalo de las cajas Clap de Venezuela, es considerado prófugo de la justicia colombiana desde septiembre del año pasado, pues no ha atendido a ninguna diligencia judicial aún con una orden de captura en firme. El Espectador supo que el miércoles la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por el escándalo de su empresa Shatex.
El barranquillero, así como sus hermanos Amir y Luis Alberto, su exesposa Cynthia Certain y su socio Julio César Ruiz Maestre están siendo investigados en el caso. Según la Fiscalía, a través de presuntas operaciones ficticias de comercio exterior de Shatex habrían lavado $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior de sociedades de papel.
Después de tres aplazamientos de la audiencia y una acción de tutela interpuesta por la defensa de Saab y su familia, la diligencia de imputación se pudo llevar a cabo ayer miércoles. La Fiscalía argumentó que no era necesaria la presencia de los investigados en la imputación mientras estuviera presente su abogado de confianza.
A mediados de marzo Saab y su familia presentaron una tutela ante el Tribunal Superior de Barranquilla para que el proceso no se llevara en Bogotá sino ante un juez de la capital del Atlántico. El argumento de su abogada, Diana Bravo Vélez, de la firma de Abelardo De la Espriella, era que la Fiscalía estaba violando el derecho al debido proceso y al juez natural, pues los hechos ocurrieron en Barranquilla y no en Bogotá.
El Tribunal les dio la razón en el fallo de tutela el pasado 21 de marzo. Según el magistrado encargado, la familia Saab, que ha firmado millonarios contratos irregulares con el Estado venezolanos, tiene derecho a evitar gastos de traslados intermunicipales o interdepartamentales. La movida jurídica de la oficina de De la Espriella se dio justo después de que fracasara una de las audiencias de imputación de cargos contra los implicados.
*Vea la nota completa en El Espectador
