«Esas personas no han cometido ningún delito y, muy por el contrario, ejercían su derecho de expresarse y de reunirse de forma pacífica», dijeron en una declaración conjunta emitida en Ginebra.
«Urgimos al gobierno a que tome medidas inmediatas para resolver esta situación y que permita que las voces críticas y disidentes se escuchen en Venezuela sin miedo a las represalias, amenaza o acoso de otro tipo», declararon.
Entre los firmantes se encuentran los relatores especializados en el derecho a la opinión y la expresión, en ejecuciones extrajudiciales, en tortura y en la situación de los defensores de los derechos humanos.
Datos recogidos por los expertos, que cuentan con un mandato de la ONU para supervisar y opinar sobre lo que pasa en el mundo, indican que solo entre el 21 y el 29 de enero más de 1.000 personas fueron detenidas arbitrariamente en el curso de protestas en Venezuela, incluidos varios menores de edad.
«La mayoría de detenidos fueron mantenidos incomunicados por días, sin acceso a su familia ni a una defensa legal», denunciaron los relatores.
Cuentan con información que indica que 26 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad o grupos prochavistas de tipo paramilitar, que utilizaron municiones reales, balas de caucho y perdigones contra la multitud.
