LA HABANA (AP) — La fiscalía cubana pidió penas de entre 8 y 20 años de prisión para tres empresarios canadienses y más de una docena de cubanos enjuiciados por varios delitos.
Los cargos imputados al canadiense Cy Tokmakjian, quien dirigía una empresa del mismo nombre, y el resto de los acusados -incluidos un viceministro del antiguo Ministerio de Azúcar y directivos de otras compañías cubanas- incluyen cohecho, falsificación de documentos bancarios y comerciales, estafa, tráfico de divisas y actos que perjudican a la actividad económica del país, dijo el lunes en un comunicado el portal oficial Cubadebate.
El tribunal deberá pronunciarse en los próximos días para dejar en firme la sentencia.
Además de Tokmakjian, para quien la fiscalía demandó 15 años de prisión, están acusados otros dos canadienses -Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere-.
El resto son cubanos, entre ellos el ex viceministro Nelson Ricardo Labrada, para quien recayó la máxima pena pedida de 20 años y los exdirectores de Cubaniquel Alberto Cirilo Pantón Grahan y de Ferroníquel Minera S.A Ernesto Gómez Cumplido.
También se responsabilizó a funcionarios del Ministerio de Turismo.
El caso contra Tokmakjian, que encabezaba una importadora de vehículos y otras maquinarias, salió a la luz a mediados de 2011 cuando corrió de boca en boca la noticia de que la sede de la firma en esta capital había sido allanada por la policía y desde entonces el empresario permanecía arrestado. Hasta ese momento era una de las compañías más conocidas y prestigiosas del país.
Según el comunicado, el Ministerio Público acusó al grupo de personas de “utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios en las negociaciones con entidades cubanas”, lo que habría ocasionado pérdidas a la nación caribeña. Los acusados extrajeron del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero y adulteraron declaraciones contables y juradas para eludir obligaciones tributarias.
En paralelo se ofrecieron “retribuciones monetarias” indebidas a funcionarios, explicó la nota de Cubadebate.
La fiscalía pidió además disponer de una indemnización de 91 millones de dólares para el Estado cubano por las pérdidas, la cual podría ser retribuida “en parte, con los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo”.
El juicio a este empresario se sucede a otro compatriota suyo, Sarkis Yacoubian, directivo de la firma Tri-Star Caribbean, allanada por la policía también en 2011 y quien -según se supo por medios de prensa canadienses- fue sentenciado a nueve años en 2013 bajo cargos de soborno, evasión de impuestos y actividades perjudiciales para la economía de Cuba.
Yacoubian fue liberado de manera sorpresiva en febrero de 2014 y enviado a su país sin explicaciones.
En los últimos años la administración del presidente Raúl Castro desarrolló una ofensiva anticorrupción que llevó a decenas de personas a la cárcel, incluyendo empresarios extranjeros reconocidos y funcionarios de alto rango a quienes se los culpó de traficar influencias o recibir algún tipo de soborno o regalo a cambios de favores.
Las autoridades dijeron que no se trataba de una campaña anticorrupción sino de una política sistemática para evitar este flagelo.
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