Senado de EE.UU aprueba ley que sancionará a funcionarios venezolanos

WASHINGTON (AP) — La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el martes un proyecto de ley que tiene por fin sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos durante las protestas que han dejado 42 muertos en ese país.

Con la aprobación del panel de 18 miembros, 10 de ellos demócratas, la iniciativa será remitida ahora al pleno del Senado.

El presidente de la Comisión, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, dijo a los periodistas después de la sesión que “nuestro mensaje es bien claro: No vamos a aceptar violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que abogan pacíficamente por sus derechos”.

Menéndez es autor del proyecto de ley junto al republicano por Florida Marco Rubio, quien expresó su expectativa de que el pleno del Senado realice la votación “en cuestión de semanas, no meses”.

El proyecto de ley pide al presidente Barack Obama suspender visas y congelar bienes en territorio estadounidense a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.

El gobierno estadounidense considera prematura la aplicación de sanciones porque espera los resultados del diálogo que el gobierno venezolano inició con la oposición hace un mes para poner fin a la crisis, con la mediación del Vaticano y otros países sudamericanos.

Mientras el panel del Senado votaba el proyecto de ley el martes, el portavoz de la coalición opositora anunciaba en Caracas que las conversaciones seguirán suspendidas indefinidamente hasta que el gobierno responda a varias exigencias opositoras, que incluyen la aprobación de una ley de amnistía para liberar a los “presos políticos”, el “desarme” de los grupos paramilitares pro oficialistas y la excarcelación de los estudiantes detenidos en manifestaciones en los últimos meses.

Las protestas callejeras en Venezuela han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General venezolana.

Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro catalogó de “realmente detestable” las acciones de los legisladores estadounidenses.

“¿Qué se puede decir de la amenaza de sanciones? Es un evento detestable porque con nuestro país no debe meterse nadie”, dijo Maduro en un encuentro con altos funcionarios del gobierno y aliados políticos en el Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos del presidente Hugo Chávez, en Caracas.

“No tiene que venir ese Congreso a meterse en los asuntos de Venezuela. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestra patria”, manifestó.

El gobernante venezolano rechazó además las declaraciones de la subsecretaria de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, sobre el diálogo entre el gobierno y la coalición opositora.

“¿Qué tiene que ver usted (Jacobson) con el diálogo?, preocúpese por los problemas de Estados Unidos, que bastante los tiene”, exclamó Maduro.

“Yo le pido a nombre de Venezuela un resultado concreto a la MUD (la opositora Mesa de la Unidad Democrática): Que repudie las declaraciones de Roberta Jacobson y que repudie la decisión detestable” de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, agregó.

La iniciativa no identifica a funcionarios específicos, tarea que correspondería al Departamento de Estado. Rubio señaló que al menos 25 funcionarios venezolanos reúnen las condiciones para ser sometidos a sanciones y dijo que planea sugerir nombres al gobierno federal.

La comisión equivalente en la Cámara de Representantes aprobó a comienzos de mes un proyecto de ley similar, cuya votación en su pleno no se ha definido todavía.

“Hay que reconciliar los dos proyectos. Estoy optimista de que esto va a ocurrir pronto”, agregó Rubio.

El principal republicano en la Comisión, el senador Bob Corker, de Tennessee, y el demócrata por Nuevo México Tom Udall fueron los únicos que votaron contra el proyecto de ley.

Corker dijo no tener dudas de que “están ocurriendo violaciones a derechos humanos” en Venezuela, pero atribuyó su voto en contra a su temor de que “el gobierno de Maduro use las sanciones nuestras para justificar todos los problemas que existen en el país”.

La versión aprobada incluye una enmienda propuesta por los republicanos Jeff Flake y Ron Johnson que instruye a la BBG, la agencia independiente del gobierno federal que supervisa todos los medios de comunicación oficiales, proponer una estrategia para expandir las transmisiones de contenido audiovisual y distribución de información desde Estados Unidos y otras fuentes hacia Venezuela.

El texto solicita un análisis detallado de los “obstáculos tecnológicos, políticos y gubernamentales que enfrentan los venezolanos en sus intentos de recibir noticias precisas, objetivas y completas, e información sobre asuntos nacionales e internacionales”.

La entidad, que dirige Radio y TV Martí, que transmiten desde Miami hacia Cuba programación televisiva por satélite y radio en la frecuencia AM, programas que tuvieron un presupuesto de 26 millones de dólares en el año fiscal 2013.