Activistas de derechos humanos destacan violación al debido proceso. Creen que el gobierno busca crear miedo
Activistas de derechos humanos señalan que la libertad condicional otorgada 160 de los detenidos en los campamentos estudiantiles busca generar miedo y aumentar el control del gobierno sobre las protestas. El fin de semana 11 jóvenes fueron privados de libertad. Desde el 4 de febrero hasta ayer el Foro Penal Venezolano registró 1.604 ciudadanos con medidas cautelares de presentación ante tribunales, de los cuales 84 son menores de edad.
El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Marino Alvarado, destacó que desde 2005 se ha profundizado la criminalización de la protesta con un saldo de 5.000 procesados, pero la vía de la libertad condicional se ha acentuado desde hace 3 meses.
“En el caso de los detenidos en los campamentos se han hecho procesos penales colectivos cuando la responsabilidad penal es individual. El caso de los adolescentes busca frenar a los estudiantes de educación media sobre todo después de que los universitarios anunciaron que estos podrían incorporarse a las manifestaciones”, señaló.
El sábado se determinó que 11 jóvenes quedarían privados de libertad: Sairam Rivas, Dioiris Albarrán, Abril Tovar, Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Manuel Cotiz, Christian Gil, Anderson Briceño, Carlos Pérez y Ángel Contreras.
El Ministerio Público informó que a ocho de ellos se les imputan los mismos cargos: porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento (asociación ilícita para delinquir), incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias.
Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, cuestionó el patrón de los procesos penales en los que la imputación es genérica. Explicó que el Código Orgánico Procesal Penal establece que a los imputados se les tome declaración por separado, pero a los acusados solo se les permite conversar con los abogados pocos minutos antes de entrar al tribunal y las audiencias se dan en horarios distintos a los habituales. “Se ha desnaturalizado el debido proceso y la aplicación de la justicia. Hay una déficit de la institucionalidad democrática”, expresó.
Sin precedentes. Alvarado, de Provea, y Ortega, de Cofavic, coinciden en que las audiencias del sábado fueron las más numerosas de la historia judicial del país. Ese día en el palacio de Justicia se presentaron 171 jóvenes que fueron aprehendidos el jueves.
La cantidad de personas dilató la jornada. Todo el piso 6 del recinto fue destinado a estas dos audiencias. En la sala oeste estuvieron los 120 muchachos del PNUD y en la este, los 51 de la Alfredo Sadel, relató Lilia Camejo, directora del Foro Penal.
Camejo agradece la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana en el resguardo de las audiencias. “Cuando empezaron a leer las decisiones hubo mucho alboroto porque empezaban a ver que se quedaban unos y otros salían. Los muchachos se despedían de los que quedaban privados de libertad y gritaban consignas. Fue muy emotivo”.
De los 160 jóvenes que salieron en libertad con medidas cautelares, 141 tienen régimen de presentación cada 30 días; 15 deben presentarse cada 15 días y cumplir un plan de rehabilitación; 3 deberán presentar a 3 fiadores cada uno que ganen 101 unidades tributarias y tendrán régimen de presentación cada 30 días; y 1 estudiante que tendrá que presentarse cada 15 días después de haber conseguido un fiador.
Presos. Elenis Rodríguez, presidente de la Fundación de los Derechos Civiles, explicó que en la práctica una persona con medidas cautelares mantiene su condición de preso porque su libertad está limitada. “Si el procesado no se presenta, el tribunal puede emitir orden de aprehensión”, advirtió.
Añadió que el Estado pretende mantener el control y repudió la política para acallar a los ciudadanos que incluyó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que la protesta pacífica no es absoluta.
Rodríguez denunció que se prepara el traslado de 30 detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La abogada informó que se desconoce quiénes serán los afectados con la medida y el nuevo lugar de reclusión.
