Contra lo que sugerían los sondeos, que lo ubicaban en el tercer lugar, Juan Carlos Varela, candidato opositor perteneciente al Partido Panameñista, es el nuevo presidente de Panamá. Empresario como el actual mandatario, Ricardo Martinelli, fue su fórmula vicepresidencial en los comicios del 2009, cargo que todavía ostenta no obstante su distanciamiento del gobierno en agosto del 2011, cuando renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que marcó también su ruptura con quien gobernó el país vecino durante los últimos cinco años.
Este será el lapso con el que contará Varela –ubicado, no obstante las diferencias, muy cerca de Martinelli, a la derecha del espectro político– para encarar el que todos coinciden será su reto central: conjugar crecimiento económico con fortalecimiento institucional. Respecto a esto último, varios observadores coinciden en que Martinelli se alejó de los preceptos del buen gobierno, en particular de aquellos que resaltan la importancia de la independencia de los poderes –incluidos los entes de control–, y del debido respeto a la libertad de prensa.
El excanciller tomará las riendas de un país con una economía vigorosa, pero con la tarea pendiente de traducir sus cifras halagadoras –el año pasado, el crecimiento fue del 8,3 por ciento, cifra que en el 2011 y el 2012 superó el 10 por ciento– en mayor bienestar para todos los sectores de la población, pues uno de cada cuatro de sus habitantes se encuentra en situación de miseria. Horas antes de los comicios, el presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Erasmo Pinilla, alertó sobre el contraste entre el buen momento de la economía y el “resquebrajante debilitamiento institucional” y la “lacerante desigualdad” que sufre el país.
Otros desafíos no menos importantes serán la terminación de la ampliación del canal de Panamá, obra a la que no le han faltado contratiempos, un mayor énfasis en la disciplina fiscal, disminuir la informalidad en el empleo y cerrarle el paso a una delincuencia con índices al alza, al igual que las denuncias de corrupción oficial. Se trata, en pocas palabras, de convertir prosperidad en desarrollo y equidad, tarea que debe comenzar por reforzar la institucionalidad.
