No hay presunción de inocencia para nadie, con un poder político obstinado en perseguir a quienes se le oponen y tampoco la hay en un poder judicial que confunde justicia con venganza. María Corina Machado, Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos, tienen al pueblo venezolano como testigo de la suerte que les ha tocado correr.
Las acusaciones y los métodos utilizados en contra de ellos, por parte del régimen castromadurista, en ningún momento tienen como objetivo buscar la verdad de los hechos. Se trata de, una práctica recurrente desde diciembre 2004, cuando se juramentaron los 49 nuevos magistrados del TSJ. Desde entonces Venezuela, entró en la era de la justicia supremamente bolivariana.
Llevo una década, denunciando a través de ésta humilde tribuna, el ropaje jurídico de la dictadura chavista. Lo digo, porque quedó claro y como tal debe ser asumido, que el punto de partida para todo aquél que administra justicia en Venezuela, es que lo hace a partir de su militancia política. Atrás quedaron las concepciones de derecho, las interpretaciones jurídicas y lo más peligroso, desaparecieron los derechos constitucionales.
El tiempo y la historia, mostraran las heridas de ésta grave violación a los principios republicanos, cuyas principales víctimas son los derechos humanos, la paz civil, la cohesión nacional y la imagen de Venezuela. Más temprano que tarde, deberán ser juzgados, los que armaron éste desastre.
La terrible represión de éstas últimas semanas, nos colocan frente a la verdadera naturaleza del poder. Todas las excusas parecen válidas a los ojos del castromadurismo, cuando se trata de deshacerse de un adversario político.
Que atrevimiento, el de estos líderes de oposición, pretender ocupar el poco espacio de opinión, con un llamado a manifestar pacíficamente, sin que en el calendario oficial, haya ninguna cita electoral, que sea al menos visible en el horizonte. Un atrevimiento, solo comparable con el del movimiento estudiantil.
Ronald Dworkin, abogado y filósofo norteamericano, autor entre otros libros de: “Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad” considera que; la desobediencia civil es una teoría jurídica basada en el derecho que tenemos todos a la igualdad.
Dicho esto, no me queda otra que terminar, con la idea esperanzadora que de la necesaria reflexión de los líderes de oposición, se pase en la práctica a una corajuda y frontal estrategia de oposición política, visionaria, con verdadera pericia política y sin agendas personales. Convencido que nunca es demasiado tarde, si lo que se pretende es deshacerse de una dictadura, para restablecer así los derechos constitucionales.
Luis DE LION
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