Comité Interacadémico de las Academias Nacionales rechazan uso de la violencia y pidió que sean investigados los hechos denunciados por el Foro Penal Venezolano
El Comité Interacadémico de las Academias Nacionales, figura institucional y neutral, rechazó el uso de la violencia por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano y pidió que sean investigados los hechos denunciados por el Foro Penal Venezolano desde principios del mes de febrero en todo el país.
“Lo que ha motivado este pronunciamiento público es la gran preocupación que sentimos por los acontecimientos que se están multiplicando; particularmente vemos como algo sumamente preocupante los maltratos y las violaciones que han sido denunciadas por el Foro Penal y que están documentadas”, señaló Claudio Bifano, presidente de laAcademia de Ciencias Sociales, Físicas, Matemáticas y Naturales.
Respecto a las denuncias formuladas por el grupo de abogados del FPV sobre tortura y tratos crueles a las personas privadas de libertad en las protestas, con el fin de “castigar, intimidar o doblegar la voluntad de perseguidos o detenidos”, pidieron que sean investigadas y sancionar a los funcionarios responsables.
Rechazaron las detenciones que se han realizado sin “llenar los requisitos legales”, cuyo resultado ha constituido una violación constante de las leyes venezolanas y de los derechos humanos al someter a los detenidos a penas anticipadas.
Exhortan al Estado a “extremar su celo por garantizar y resguardar a quienes ejercen ese derecho (de manifestar), y asegurar el mantenimiento del orden público con medidas adecuadas, sin recurrir al uso indiscriminado e ilegal de gases tóxicos y el empleo criminal de armas con capacidad letal”, señala el pronunciamiento público.
“Es inconcebible que se utilicen métodos de esta naturaleza para reprimir y doblegar la voluntad de personas que quieren manifestar su punto de vista con relación a lo que está pasando en el país. La tortura es algo inaceptable en cualquier país civilizado”, dijo Bifano.
En el comunicado, instan a “preservar a toda costa el derecho a protestar en forma pacífica y sin armas”, como está contemplado en la Constitución de la República.
Insistieron en que el objetivo de dicho manifiesto, que será replicado internacionalmente, “es tratar de orientar a la opinión pública y al Estado en cuanto a lo que se está haciendo y lo que se debe hacer para llevar adelante el país de manera armónica y ordenada”.
