CARACAS (AP) — El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inadmisible el miércoles el pedido de la fiscal general Luisa Ortega Díaz para impugnar designación de más de tres decenas de magistrados principales y suplentes de esa máxima instancia judicial en momentos que el país atraviesa por una severa crisis política, económica y social.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo se declaró competente para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la fiscal Ortega Díaz para impugnar la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal, cuyo nombramiento fue aprobado por el anterior congreso dominado por el oficialismo en diciembre de 2015.

La fiscal indicó entonces que interpuso ese nuevo recurso en un esfuerzo por «tratar de restaurar la estabilidad del país».

El Tribunal determinó que anteriormente se pronunció sobre “la constitucionalidad” del referido acto parlamentario en julio de 2016 y lo consideró cosa juzgada.

En la sentencia de julio de 2016, la Sala Constitucional declaró que cualquier artificio o acción con el objeto de anular la designación de los magistrados “subvierte” el procedimiento constitucional para la remoción de los magistrados y por tanto “es irrito y nulo”, agregó el Tribunal en un comunicado, sin dar detalles.

Pocos confiaban que el pedido de la fiscal prosperara en el máximo tribunal. La mayoría de las decisiones que ha emitido en los últimos años el Tribunal Supremo de Justicia han sido a favor del gobierno y buena parte de sus 32 integrantes son señalados de estar vinculados al oficialismo.

Ortega Díaz comenzó su distanciamiento del gobierno a fines de marzo cuando objetó públicamente dos sentencias del Tribunal Supremo en las que asumía las competencias del Congreso y limitaba la inmunidad parlamentaria y denunció una «ruptura del orden constitucional». Aunque esas dos sentencias fueron revertidas poco después, las protestas antigubernamentales que desencadenó se han mantenido en los dos últimos meses.

Numerosas barriadas casi a diario han sido escenario de hechos violentos, entre ellos, el complejo residencial Los Verdes, en la capital de Venezuela, que amaneció el miércoles con sus portones completamente destruidos, decenas de ventanales rotos y más de un centenar de vehículos con las ventanas quebradas.

Esos destrozos fueron el resultado de los allanamientos que durante la noche del martes realizaron decenas de militares y policías con el apoyo de cuatro tanquetas.

Durante el operativo fueron detenidas 23 personas, resultaron heridos cuatro militares y se denunciaron daños y robos a apartamentos y vehículos.

“Fue una noche de terror”, dijo a The Associated Press Jasmín Navarro, una ama de casa de 55 años, al relatar cómo decenas de uniformados ingresaron por la fuerza pasadas las seis de la tarde del martes al complejo de doce edificios disparando gases lacrimógenos, balas de goma y canicas de metal hacia los apartamentos con el apoyo de tanquetas, que fueron utilizadas para derribar las rejas de las entradas de los edificios. Las fuerzas de seguridad también entraron a los sótanos del complejo, donde realizaron destrozos a más de un centenar de automóviles.

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, informó el miércoles sobre las detenciones realizadas la víspera de quienes identificó como «terroristas». Reverol dijo en su cuenta de Twitter que los detenidos estaban involucrados en «hechos violentos» previos en los que resultaron heridos por disparos de arma de fuego un capitán de la Guardia Nacional y tres sargentos cuando intentaban levantar una barricada. En los allanamientos fueron decomisados fuegos artificiales, un revolver y una escopeta, precisó.

El diputado opositor Tomás Guanipa fustigó a las fuerzas de seguridad a las que acusó de «atacar y robar al pueblo» y dijo que llevaría la denuncia a la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia.

Los opositores convocaron este miércoles al cierre de algunas vías en Caracas y otras ciudades que se cumplieron parcialmente.

Centenares de policías y guardias nacionales tomaron una plaza en el este de la capital donde lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a decenas de manifestantes que se habían concentrado en el lugar.

Las manifestaciones contra el gobierno, que se han extendido por dos meses y medio, han dejado al menos 67 muertos, 1.300 heridos y más de 400 detenidos.