El abogado José Amalio Graterol aseguró que hasta las 11:30 de la mañana de hoy en el Tribunal 17 de Juicio de Caracas, el cual tiene el caso de la suspendida jueza, no se ha recibido un documento del Ministerio Público donde se le pide al titular de ese despacho permitirle a la funcionaria salir del país a denunciar su caso.

Sorprendidos. Así se mostraron los defensores de la jueza María Lourdes Afiuni ante la noticia difundida por El Universal de que el Ministerio Público solicitó ayer al Tribunal 17 de Juicio de Caracas que le permita a su cliente «acudir ante las instancias internacionales que estime pertinentes, a objeto de formular las observaciones o denuncias que considere necesarias», pues aseguraron que en el expediente no aparece tal petición y consiguieron un documento que certifica esto.

«Ni ayer ni en el transcurso del día de hoy ese documento figura en el expediente y lo que no está en el expediente no existe (…) Hasta las 11:30 de la mañana de hoy ese documento no existe en el expediente (…) El último documento que está en el expediente es una solicitud de la Fiscalía del 3 de julio, donde pide copias de una serie de comunicaciones enviadas por Afiuni (…) No entendemos cómo ese material llegó a los medios y las redes sociales», afirmó el abogado José Amalio Graterol, uno de los representantes de la funcionaria, quien en conversación telefónica con este diario no dudó en calificar el contenido del mismo como una «extorsión».

«Todo dice que ese documento que han publicado los medios y ha circulado por las redes sociales es una extorsión, porque el Ministerio Público pretende condicionar la posibilidad de que ella acuda a instancias internacionales a que se someta a una prueba grafotécnica para contrastar su firma», explicó, al tiempo que agregó: «Afiuni debería poder viajar a donde quisiera, porque sobre ella pesa desde hace cinco años una medida de prohibición de salida del país, pese a que la Constitución solo permite que ese tipo de medidas duren dos años».

El oficio numerado como NN-F-0388-2015, firmado por la fiscal Marelys Yovera, en su último párrafo solicita al juzgado «una vez que le sea toma la muestra manuscrita para realizar las experticias grafotécnicas correspondientes, se autorice a la ciudadana María Lourdes Afiuni para que pueda acudir a las instancias internacionales que estime pertinentes». El Ministerio Público desea realizar esta prueba para determinar si Afiuni firmó o no un acta donde negaría que había sido abusada mientras estuvo recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, tal y como aseguró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la semana pasada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para Graterol esta supuesta pretensión «no se compadece» con el proceso que le sigue a su cliente, la cual está siendo enjuiciada por presuntamente facilitar la evasión del exbanquero Eligio Cedeño, a quien le otorgó una medida cautelar por haber pasado más de dos años detenido sin ser enjuiciado.

«Esto no tiene nada que ver con el juicio, pero además tampoco con el momento en el que está el proceso. Afiuni está en fase de juicio y no de investigación. Esta petición es propia de las investigaciones», dijo.

Este sería el documento difundido por El Universal en el que la Fiscalía solicitaría el permiso para la jueza Afiuni.