Existen medidas que el gobierno venezolano puede asumir como respuesta natural ante el descenso de los precios del crudo. Como es conocido, el petróleo constituye la fuente del 96% de los ingresos en divisas del país, por lo que cualquier caída en su cotización presenta un impacto directo en los ingresos de la nación.
Es por ello que, ante una caída de más de 30% en los principales indicadores globales de los hidrocarburos, urge cada vez más que se anuncien ajustes en consonancia con la situación.
Mientras países como Irán están planificando iniciar un proceso de reducción de gastos, conocido como política “anticíclica”, Venezuela no solo mantiene invariable su actual nivel de gastos, sino que proyecta erogaciones adicionales para el presupuesto, según se puede inferir de las leyes aprobadas más recientemente a través de la Habilitante.
Y a medida que se acorta la espera antes de la reunión ordinaria de la OPEP que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, sin perspectivas claras de un acuerdo para recortar producción y recuperar los precios, el Ejecutivo tiene una serie de opciones que sopesar. Estas van desde una revisión de los acuerdos de PetroCaribe y el convenio Cuba-Venezuela o del Fondo Chino hasta la negociación con los socios estratégicos en la Faja del Orinoco.
Incrementar la producción petrolera en el corto plazo es la medida que promete mayor efectividad para equilibrar el comportamiento de los precios, pero es indispensable revisar el marco regulatorio para abordar este objetivo.
De igual modo, compensar el cuadro económico a través del estímulo a las exportaciones no tradicionales es una medida que parece razonable en medio de las circunstancias. El tema de fondo subyace en la voluntad política para adoptar medidas cambiarias que resulten viables y hagan posible esta alternativa, combinadas con una reducción en los trámites burocráticos en general.
