La crisis económica no toca la puerta de los municipios. La está tumbando. Los 76 regidores de la oposición, agrupados en la Asociación de Alcaldes por Venezuela, denuncian que están al borde de la quiebra.
Los mandatarios locales dicen que 2014 es su annus horribilis por tres razones: un Situado Constitucional que se calcula a 60 dólares el barril, cuando en realidad está en $100; una inflación anual que asciende a 70%, y un Gobierno central que decreta aumentos salariales, pero no envía el dinero para enfrentar estos compromisos.
Aunque el artículo 4 de la Constitución establece que Venezuela “es un Estado federal descentralizado”, la mayoría de los 335 ayuntamientos del país depende de Caracas. Menos de 40 municipios registran una autonomía financiera cercana al 80%, apoyándose en la recaudación de impuestos. El resto subsiste casi por completo gracias a las transferencias nacionales, según un estudio del profesor Carlos Mascareño, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.
Mascareño señala que en 1998, los estados y municipios administraban directamente 28,39% del gasto público. En 2013, de acuerdo con sus análisis, esa cifra cayó a 9,96%.
“El año pasado, solo 7 municipios recibieron más del 100% del Situado Constitucional inicialmente aprobado. Todos chavistas. Entre ellos, destacó Libertador (Caracas), que recibió 301% más de lo esperado originalmente”, apunta el experto.
Mascareño sostiene que el desequilibrio se produce al momento de elaborar el presupuesto nacional. En 2005, la diferencia entre el precio del barril estimado y el real fue de $25,39. Sin embargo, en 2013 la brecha llegó hasta los $50. Ese dinero “extra” para en fondos que maneja Miraflores, mientras las alcaldías advierten que ya les falta el aire.
