La liberación de 7 de los 8 implicados en el homicidio del joven estudiante Bassil Dacosta, ejecutada el pasado martes por el tribunal 48 de Control de Caracas, ratifica que hoy la justicia en Venezuela se encuentra en estado de putrefacción. Es alarmante la obscena impunidad que existe en el país.
Bassil cayó asesinado, con un tiro en la cabeza, el pasado 12 de febrero en la esquina Tracabordo, mientras un grupo de funcionarios de seguridad del Estado (entre los que se encontraban los 7 que fueron liberados) disparaban a mansalva contra pacíficos manifestantes. ¿Cómo es posible que estos pistoleros sean ahora juzgados en libertad, mientras, por ejemplo, Leopoldo López continúa detenido por el simple “análisis subliminal” del discurso que dio ese mismo día frente a la sede de la Fiscalía General?
El caso de Bassil Dacosta también ha estado rodeado de otras irregularidades. La determinación de los autores de los disparos solo fue posible por los trabajos de investigación realizados por periodistas de varios medios de comunicación (destacando especialmente los videos elaborados por Últimas Noticias). Varios funcionarios, que también resultaron identificados como partícipes en los hechos investigados, nunca fueron enjuiciados. ¿Quién los protegió? Un misterio. Por otra parte, Nicolás Maduro dijo que a Dacosta lo mataron con la misma arma que asesinaron a Juan Montoya (el integrante de un colectivo que también falleció el 12/02/14), pero el escrito acusatorio solo está referido al homicidio del primero (el otro continúa en total impunidad).
El desastre de nuestro sistema de justicia ha sido recientemente puesto en evidencia por la ONU. La relatora especial de este organismo, Gabriela Knaul, manifestó, entre otros aspectos, su preocupación por “la interferencia del poder político en el Poder Judicial”, ya que en Venezuela “la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tienen cargos temporales, lo que los hace vulnerables a las presiones”. La CIDH, en reiterados informes, también se ha pronunciado en el mismo sentido. Por esta realidad, en 2013 la organización The World Justice Project ubicó a los tribunales penales de Venezuela en el último lugar del ranking mundial.
En 1999, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se creó una Comisión de Emergencia Judicial con la finalidad de “garantizar la idoneidad de los jueces” y “adecentar al sistema judicial”. Con este cuento se suspendió, por decreto, la estabilidad de todos los operadores de justicia del país. Este atropello solo sirvió para sustituir a magistrados, jueces y fiscales de carrera, por fichas políticas que en la actualidad ejercen sus cargos sin independencia ni autonomía. La consecuencia ha sido la terrible impunidad que tenemos hoy.
El mismo sistema judicial que mantiene detenidos, sin cometer delito alguno, a más de 100 estudiantes, a Iván Simonovis, a Leopoldo López, a Enzo Scarano y a Daniel Ceballos, entre otros presos políticos, libera a 7 pistoleros que fueron grabados disparando contra unos manifestantes inermes. La justicia está podrida.
