La elaboración de leyes, una de las principales funciones de la Asamblea Nacional, quedó relegada por el debate político y la aprobación de créditos adicionales. Desde que inició este período legislativo el pasado 4 de enero hasta ahora, solo ha logrado sancionar dos normativas: la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación y la Ley de Condecoración Medalla Honor al Mérito de la Defensoría Pública Militar.
A juicio de la bancada opositora, el trabajo de los diputados se ha visto disminuido por la Ley Habilitante otorgada por un año al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en noviembre del año pasado.
El diputado César Rincones (AD) sostuvo que al aprobarse la Habilitante con la que “el Gobierno no solo está legislando por la emergencia económica sino en todas las materias, las funciones de la Asamblea fueron disminuidas”. Agrega que “ni en el debate político ni para las investigaciones ni control de Gobierno está trabajando la AN, solo aprobamos créditos, nombramientos de embajadores y acuerdos”.
A juicio del legislador, el Parlamento quedó como “una herramienta del propio Gobierno para darle visos de democracia al país”.
Sobre la elección de los poderes en la que se está trabajando actualmente, Rincones resaltó que también debe convocarse para elegir al nuevo Contralor de la República y además “hay que legislar sobre seguridad, en materia económica independientemente de la Habilitante, en la reforma judicial, el Código Orgánico Procesal Penal, pero las presidencias y vicepresidencias están en manos del oficialismo, las iniciativas de la MUD quedan en archivo”.
El sociólogo y analista político Leoncio Pinto sostiene que “la crisis política que está viviendo el país distrae la función de la AN; estamos viviendo un período crítico para el Gobierno, para la oposición y para la sociedad. Los miembros de ambos bloques están trabajando en su sector y esto no debe incidir en su función legislativa, sobre todo porque el año próximo habrá una nueva elección parlamentaria y hay que tomar algunas decisiones que son cruciales, como la conformación del TSJ y el CNE, porque están en el marco del proceso que está llevando el Gobierno y la oposición”.
En esto coincide el también analista político Jesús Silva, quien señala que este no ha sido el año más productivo para la AN en relación con las leyes producidas, “por el clima de confrontación política que está atravesado el país que han interferido con las funciones del Parlamento, en el que los diputados del Psuv han estado abocados a la defensa del proceso, así como la oposición con su operación morrocoy y que además se ha ausentado de sus comisiones”.
“Este es el año de la renovación de los poderes públicos, que tiene un carácter primordial porque así lo manda la Constitución y se debe intentar construir un acuerdo entre los bloques políticos para que se alijan estos altos funcionarios mediante la mayoría de las dos terceras partes”, agregó Silva.
De acuerdo con el Reglamento de Interior y de Debates la directiva convocará a los parlamentarios al menos cuatro (4) sesiones al mes. Sin embargo, estos encuentros también han bajando en su frecuencia. De acuerdo con el listado de asistencias publicado por el Parlamento, en el mes de febrero se desarrollaron tres (3) sesiones y una de ellas fue especial por el día de la juventud. En marzo solo hubo dos (2) convocatorias y en abril tres (3).
Al consultar el motivo de la reducción de las sesiones, Rincones afirma que “no hay materia para discutir, por eso no convocan a sesiones”, aunque aclara que “temas para tratar sobran, pero la bancada de Gobierno es el que por tener mayoría tiene el poder de postular las leyes a discutir”.
Por su parte Zulay Martínez (Psuv) considera, sin embargo, que en esta primera mitad del año el Parlamento ha cumplido con su rol político y con la ejecución de la agenda legislativa.
Aseguró que en este momento hay 16 leyes que están cumpliendo con los procedimientos técnicos y que la mayoría de ellas están en consulta pública. “Se está haciendo lo correspondiente. El protagonismo del pueblo se hace presente en la aprobación de las leyes”, acotó. Martínez aseguró que la AN tiene plena competencia de aprobar créditos adicionales, “no tiene ningún fundamento que nos ataquen por ello”.
