La cita médica que se perdió, el cajero automático que no volvió a dispensar efectivo, el quiosquero que dejó de percibir ingresos, el contrato comercial que se anuló por falta de condiciones, la familia que se tuvo que mudar a un punto menos obstaculizado… las barricadas desprogramaron la vida en San Cristóbal, o al menos esa otra cara de la protesta se refleja en Isabel Vasante.
Trabajadora independiente, camina a paso rápido de Los Quioscos a Los Naranjos. Se nota, además de sudada, intranquila. Su nieto de dos años recayó de la bronconeumonía de la que se recuperaba, afectado por la persistencia diaria de las quemas de cauchos. A ella se le alborotó la tos.
Las barricadas de San Cristóbal, unas 100 según calculó el alcalde Daniel Ceballos para un reporte de BBC, han dividido a sus habitantes: Vasante es de quienes opinan que encerrar la ciudad no beneficia a nadie. “Creo que estamos haciendo el ridículo. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Dañar calles y talar árboles”, se responde, sin detener el paso. Quizá por casualidad, lo dice mientras se acerca a una joven defensora de su trinchera, en Pueblo Nuevo. En ese 40% de la ciudad que está comprometido -otro dato del alcalde- siguen los que ven en una barricada el último método de resistencia antigubernamental y una protección contra inciertas visitas de fuerza pública o motorizada.
A Gabriel Rodríguez, un chofer de transporte de carga pesada residenciado en El Corozo, la ciudad le parece un laberinto. Literal y laboralmente habla de brazos cruzados. “Se pierde más sacando el carro a la calle, arriesgándose a que lo quemen o a que uno pierda la vida”, sostiene, incrédulo de si su empleador podrá pagarle o no la última quincena. En casa están sus dos hijas, adolescentes de segundo y quinto año de bachillerato. “¿Con qué transporte llegan al liceo?, ¿y a qué van a salir, a correr riesgos en la calle?”.
FUENTE: La Nación
Que ocho de 48 líneas presten servicio en el terminal incide sobre personas como Hugo Duque, un empleado de panadería que contó en Twitter que desde el 12 de febrero le ha sido imposible llegar a su trabajo, en la avenida Carabobo, desde su casa en Michelena. No hay condiciones y hacer la ruta queda a riesgo de cada chofer, ha reiterado el gremio de transportistas.
A partir de 80 bolívares cobra un taxi y en 60 se cotiza la carrera mínima de mototaxi, promedió Marta Lugo, comerciante y declarada enemiga de las barricadas. Peregrinar varios kilómetros por avenidas y calles, a riesgo de la inseguridad, es un sacrificio diario para muchos, como Alexander Luna y su familia, quienes durante los últimos 20 días prácticamente se mudaron al Hospital Central con un hijo convaleciente.
La mayoría de farmacias abre hasta mediodía. Cuando los médicos solicitan algún tratamiento en la tarde o noche, encontrarlo es un acertijo. “De madrugada ni salir al frente se puede, porque han robado, y tampoco hay insumos ya, se están agotando por la falta de despachos”, relata Luna, trabajador de una bomba de gasolina.
Los temores incluso han comprometido la prestación de servicios en urgencias: “Hemos necesitado trasladarlo en ambulancia y a veces se nos han cerrado las oportunidades. A algunos choferes les da miedo sacar las unidades”, atestigua.
Vasante tose y camina, consciente de que atraviesa sectores en los que asambleas ciudadanas han aprobado por mayoría simple mantener las barricadas, como ella misma recordó. Mientras tanto, defiende su derecho a exigir cotidianidad. Como ir a una cita médica, retirar de un cajero automático, comprarle algo al quiosquero, firmar un contrato comercial, vivir en casa y poder salir a trabajar… o que se reprograme la vida en San Cristóbal.
