El subsidio de la gasolina para aquellos que se hayan inscrito en el “censo automotor” convocado por el gobierno nacional no es una solución para la crisis de combustible que se vive en Venezuela, sino otro mecanismo oficial para aumentar el control social al que están sometidos los ciudadanos.
El gobierno nacional acrecienta su carácter totalitario al inmiscuirse cada vez más en los aspectos más cotidianos de la vida de la ciudadanía, esta vez en los vehículos que esta puede o no poseer, obligando a quienes se nieguen a participar en dicho censo a pagar el precio internacional del combustible (alrededor de US$ 1,10). Valga acotar que se trata de un precio imposible en un país sumido en una crisis económica e hiperinflacionaria en el que, por ejemplo, el llamado “dólar remesa” se ubicó, de acuerdo con la tarifa autorizada por el Banco Central de Venezuela, en Bs. 4.000.000 según los anuncios más recientes.
Por otra parte, desde el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) estamos convencidos de que los subsidios no son nunca la solución para los problemas públicos. Harto conocidas son ya las negativas consecuencias del subsidio de los servicios como el agua, la luz y el transporte público en Venezuela, que han hecho insostenible su prestación.
Además, el establecimiento velado de un sistema “dual” (con un precio subsidiado frente a otro internacional del combustible) generará –como ya ocurrió, por ejemplo, con los 15 años de fracasado control cambiario y de precios- opacidad, corrupción y, sobre todo, mercado negro, que es la forma en la que, inevitablemente, la libertad económica intenta abrirse caminos siempre que es oprimida por regímenes autoritarios o totalitarios.
