El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló hoy la citación que hizo el Ministerio Público al exjefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides, por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos y declaró extensivos los efectos para otros funcionarios citados.

La decisión de la Sala Constitucional declara la nulidad de la citación, «así como cualquier actuación de la fiscal general de la República o de los funcionarios que actúen bajo su dependencia o jerarquía, que pretendan iniciar una investigación en su contra, con prescindencia del procedimiento de antejuicio de mérito».

Benavides, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y actual jefe de Gobierno del Distrito Capital, debía comparecer el miércoles ante la Fiscalía en calidad de imputado luego de que el organismo indicara que 23 de las 85 muertes ocurridas durante la actual ola de protestas son atribuidas a la fuerza pública.

El Supremo admitió una acción de amparo introducida por Benavides y declaró «los efectos extensivos de esta fallo, en razón de lo cual, cualquiera que se encuentre en situación similar, podrá invocar la presente decisión».

La Fiscalía también citó para mañana al director de inteligencia, Gustavo González, para responder por «allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad; causas de personas que permanecen detenidas a pesar de que los respectivos tribunales del país han emitido legítimamente boletas de excarcelación».

En un comunicado, el Supremo indicó que Benavides equivale a un gobernador de estado por su cargo de jefe de Gobierno, pese a que este es no es electo por voto popular sino nombrado por el presidente del país, «por lo que goza de la prerrogativa del antejuicio de mérito a los efectos de su eventual enjuiciamiento».

A juicio de la Sala Constitucional, la fiscal general, Luisa Ortega, «erró en forma grave e inexcusable, incurriendo en abuso de poder y extralimitación de atribuciones, lesionando los derechos del jefe de Gobierno del Distrito Capital, al debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia».

El Ministerio Público ha señalado que lleva a cabo 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales.

«De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares», indicó la semana pasada en un comunicado.

En ese sentido, afirmó que «en una gran cantidad de estos hechos se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones».

Benavides, excomandante de la GNB, el cuerpo militar encargado del orden durante las protestas, dijo en una entrevista a Efe el pasado 2 de junio que no solo rechaza las acusaciones de agresión a los manifestantes, sino que no teme que se le acuse de violar los derechos humanos.