La canciller de la República, Delcy Rodríguez, anunció que hoy (jueves 27 de abril) se hará entrega oficial de la Carta de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), un proceso que tarda 24 meses en efectuarse, según lo establece el artículo 143 de la Carta de la OEA, donde también se precisa que “el Estado denunciante quedará desligado de la organización una vez que haya cumplido con las obligaciones emanadas en la Carta”.
El doctor en Ciencias Políticas Sadio Garavini analizó en exclusiva para El Universal las implicaciones que se desarrollarían una vez que Venezuela deje de formar parte de la Organización de Estados Americanos. “Hay que aclarar que no es una salida porque tienen que pasar dos años y además debe pagar una deuda de 8.7 millones de dólares por cuotas atrasadas”.
El aislamiento internacional sería una de las consecuencias que acarrea ese procedimiento, manifestó. A su juicio la decisión de Venezuela tendrá mucho que ver con una estrategia de presión “hacia los países indecisos para que sean más condescendientes en las próximas sesiones”.
Resaltó que la imagen del Gobierno se va a ver “cada vez más afectada” luego de esta decisión. Destacó que la salida de Venezuela de la OEA no recibió el respaldo esperado por países que la habían apoyado anteriormente. “El Salvador y República Dominicana por primera vez se abstuvieron a no votar cuando antes siempre estaban a favor de Venezuela. Por otra parte Santa Lucía, que es un gran aliado y recibe petróleo, votó en contra”.
En ese sentido, el politólogo Carlos Raúl Hernández coincidió con que la salida de Venezuela es un incidente “negativo” en todo sentido pero mucho más en el político porque la convierte en una nación “fallida, irregular, desordenada y autoritaria”, que para él “contribuye con esa imagen, muy mala, que el Gobierno ha creado del país”.
También se refirió a lo negativo que es para la oposición, porque lo fundamental sería manejar el apoyo y la presencia de los diferentes organismos internacionales. “Todo lo que implica distanciar a Venezuela de un organismo internacional es malo”, recalcó.
Los politólogos, además, coincidieron en la posibilidad de que la OEA propicie la constitución de un grupo de amigos conformado por cinco o seis países no precisamente del hemisferio, para que puedan llegar a una negociación que aporte una solución al “conflicto” que presenta el país.
Posibles sanciones para Venezuela
Hernández analizó que por ser países soberanos no se les pueden dar órdenes, solo sugerencias, sin embargo explicó que las posibles sanciones ya se han venido desencadenando. Luego de votar y obtener los 19 votos para discutir el tema de Venezuela “se puede intervenir” con el ya mencionado grupo de amigos para consensuar las decisiones que debería tomar Venezuela para que cesen las diferencias y los conflictos en el país.
Garavini destacó que las sanciones serán más individuales de cada país contra el Estado y recordó que el país mantiene relaciones comerciales con Brasil y Argentina, así como con Estado Unidos.
¿Qué pasaría en los dos años del proceso de la salida de Venezuela de la OEA?
El parlamentario detalló que la Carta Interamericana Democrática seguirá su curso porque Venezuela aún tiene la obligación de asistir y tomar en consideración las decisiones que tome el bloque regional.
Coincidió con la opinión de Garavini sobre que Venezuela debe cumplir con las decisiones que establezca la organización. Además, dijo, Venezuela sigue presente hasta el 27 de abril del año 2019, por lo que aclaró que esto es un procedimiento, más no una salida inmediata y acotó que probablemente dentro de dos años no estén ni el mismo Presidente de la República ni la actual Canciller.
¿La salida de Venezuela de la OEA es constitucional?
En la Constitución, específicamente al artículo 19 establece que “el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.
Vea la nota completa en El Universal
