“Me encerré seis meses, me tiré al olvido por tanto dolor… Hasta que yo misma me di cuenta que tenía que volver a salir adelante, por mis nietos que quedaron sin padre”.

Anaís Montilla rompió el silencio del duelo que le dejó la “masacre de Tumeremo”, suceso que este 4 de marzo cumple un año de haber manchado de sangre (una vez más) al sur del estado Bolívar. Sus tres hijos, Néstor (30), José Armando (27) y José Ángel (26) Ruíz Montilla, murieron en la matanza que contabilizó 17 cadáveres, tras un enfrentamiento por el control de la mina El Miamo.

Recuerda la incertidumbre de esos días de marzo, en los que pedían a gritos que aparecieran sus familiares desaparecidos en el suceso y que el gobernador Francisco Rangel Gómez daba por falso. Protestaron durante tres días seguidos hasta que el Gobierno nacional decidió investigar. “En ese momento había demasiado dolor, demasiada rabia, yo no podía hablar con nadie. No podía más”.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el hallazgo de los cadáveres el 14 de marzo, y ya para el 16 los cuerpos habían sido entregados a las familias. La masacre fue confirmada.

Todo Tumeremo conoce a Montilla, una mujer de 53 años con temple de hierro que se ha levantado de la depresión para continuar con su vida y mantener contacto con las 10 familias que perdieron a un ser querido en esa matanza, hecho que el Gobierno no ha sabido reivindicar.

Tras entregar a los fallecidos, la Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bolívar y Ministerio Público prometieron casa, comida, protección, educación y asistencia médica… Pero a un año de la tragedia, ninguna ayuda social del Estado se hizo realidad para las madres, esposas e hijos de los fallecidos.

“Me reuní con (Francisco) Rangel Gómez personalmente y nos prometió 10 casas, una para cada familia. Nos prometió la bolsa de comida semanal… Pero yo no he visto nada”, denunció Montilla, quien accedió a declarar a El Pitazo en un café discreto de Tumeremo, “donde no nos vea mucha gente, porque ahorita uno no sabe quién está oyendo”.

Mientras el Instituto de Viviendas, Obras y Servicios (Inviobras) del estado Bolívar, reporta que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) construyó 21.576 viviendas en 2016; en Tumeremo ni siquiera se seleccionó el terreno para las casas que se ofrecieron para que estas personas dejaran de protestar.

La bolsa de comida semanal tampoco llegó. Durante 2016 solo recibieron una, alrededor de la fecha de la masacre. La segunda bolsa llegó un año después, este febrero… bolsas que no suficientes para ninguna de los cuatro deudos entrevistados para este trabajo.

Tras la masacre, el miedo reina en el municipio Sifontes, tanto que ni el alcalde, Carlos Chancellor, quiere referirse sobre el tema. Pero Montilla sí. Quiere recordarle al país que el terrible suceso no murió cuando la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) mató a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo, líder de la banda criminal que efectuó la masacre.

Montilla tiene 18 nietos en total. Tuvo que comenzar a “pasar trabajo e  irme pa’ las minas como cocinera”, hacia los lados de El Dorado y el Kilómetro 88, para ayudar a las dos nueras y los niños que viven con ella. “En mi casa, un mercado de 200.000 ó 300.000 bolívares no da sino para tres días”.

Para el momento de la masacre, cuando todo el pueblo exigía en las calles que aparecieran los fallecidos, ella también se reunió con el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien les prometió asistencia médica para todos los niños que quedaron huérfanos.

“Yo le llevé todos los informes y documentos de mi nieto, que es autista, porque nosotros lo atendemos es en Puerto Ordaz, pero no vimos respuesta. Con todos hablé y nos engañaron. Se olvidaron de todo (…) yo perdí mis tres hijos en un solo momento, ¿Sabes qué es no tener a quién pedirle nada, más nunca?”, dijo la mujer que no tiene más lágrimas para llorar a su descendencia.

“Nos engañaron y bien engañados, sin derecho a reclamo, porque ¿A quién más le vamos a reclamar nosotros? ¿A ellos mismos para que nos sigan mintiendo?”, dijo Anaís Montilla, expresando desconfianza con cualquier funcionario del Gobierno actual.

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