“Legalmente, no podían mover ni una piedra”, sentencia un miembro del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques quien pide mantener su nombre en resguardo. No obstante, las movieron. Esa era “la orden de Caracas”. Para cuando la presidencia de Inparques finalmente emitió los permisos, la remodelación que comenzó en 2011 tenía 96% de adelanto. “Hoy lo que queda es hacer un post mortem de una obra que realizó una empresa del Estado al margen de la ley”, lamenta el trabajador.

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