“Este Tribunal viene de fechoría en fechoría, la cosa no es nueva”, declaró Henry Ramos Allup, flanqueado por la directiva de la Asamblea Nacional. El presidente del Poder Legislativo no descartó activar el mecanismo para el cambio de gobierno antes de los seis meses propuestos inicialmente. «Los tiempos no los ponemos nosotros, sino la gravedad de la situación del país», acotó. 

“Creo que el TSJ está engolosinado; por estas decisiones que están tomando creen que están ganando el juego, pero que no se equivoque”, expresó Ramos Allup durante la rueda de prensa ofrecida la mañana de este viernes, Día de la Juventud, para dejar constancia de la posición del Poder Legislativo ante la decisión del máximo órgano judicial, que ayer declaró vigente el Decreto de Emergencia Económica emitido por el presidente de la República el 14 de enero de este año.

La razón que esgrimió el TSJ fue la demora del Parlamento en dar respuesta sobre el decreto. El Poder Judicial sostiene que la Asamblea Nacional únicamente disponía de 48 horas para pronunciarse, sin embargo, Ramos Allup afirmó que existen dos interpretaciones sobre ese lapso: “Una según la cual había que despachar el asunto en 48 horas”; y otra que les permitía disponer de 8 días para la discusión del Decreto. Recordó que el acuerdo, asumido públicamente por las partes en el acto de Memoria y Cuenta del Presidente, transmitido en cadena nacional, favoreció la segunda interpretación, es decir, disponer de 8 días para la cabal revisión del referido decreto.

“Esa trampa devolvió a la vida ese muerto que es el Decreto; ahí lo tienen, vamos a ver qué hacen. Ya no tienen la excusa de que no pudieron solucionar nada porque no tenían el Decreto”, agregó Ramos Allup.

Señaló que acudirán a instancias internacionales para exponer la situación. Confirmó, además, que acudirá al TSJ para cumplir con la solicitud del máximo Tribunal, pese a no saber cuál es el motivo de la citación puesto que el Tribunal no lo especificó. “Iré, siempre y cuando me dejen hablar; si voy a ir para ver el físico de la señora de la Sala, no voy”, agregó.

Varios diputados reaccionan ante la decisión del TSJ

Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, señaló que el TSJ no está por encima de los votos. “Vamos a ver si un grupo de magistrados puede parar a 8 millones de venezolanos en las calles; si son capaces de frenar la molestia de un pueblo que ve que le quieren frenar todas las vías constitucionales para lograr un cambio”. Afirmó que en un lapso de 15 días informarán al país cuál será el mecanismo constitucional, elegido por unanimidad dentro de la MUD, para procurar el cambio de Gobierno.

Por su parte, el diputado Miguel Pizarro sostuvo que la estrategia de la fracción de la Unidad residirá en mantener la agenda legislativa propuesta, ya que el trabajo parlamentario «es un testimonio diario de resistencia». “Nada nos lo han regalado: ni la fecha de las elecciones, ni la tarjeta única, ni la mayoría de la Asamblea (…) vamos a seguir avanzando pese a que nos seguirán poniendo obstáculos, eso no nos agarra por sorpresa”.

Pizarro agregó que: “Estamos en medio de una confrontación que nosotros no estamos propiciando, eso sí, no la vamos a eludir, sino que vamos a llevarla al terreno que le interesa a la gente para construir el contraste necesario: nosotros queremos que la gente sea propietaria en la Misión Vivienda y ellos no quieren que tengan la propiedad; nosotros queremos darle el bono de alimentación y medicinas a los pensionados y ellos dicen que no porque es más importante comprar Sukhoi y misiles; ese es el contraste que nos va a permitir consolidar la mayoría que ya somos”.

El diputado Richard Blanco hizo énfasis en que el Poder Legislativo emana directamente del pueblo, a diferencia del TSJ. “No es posible que el Poder Judicial, y de paso uno tan cuestionado como este, nos vaya a venir a amedrentar. Estamos frente a una violación flagrante a la Constitución y frente al desconocimiento del voto popular; que no se equivoquen con nosotros”.

Stalin González, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, apuntó que: “El Gobierno, todas las decisiones que ha tomado en los últimos meses es para ver cómo se queda en el poder y no para resolver los problemas de los venezolanos”. Calificó la decisión del TSJ como una “barrabasada jurídica”. Insiste en señalar la “falta de palabra del gobierno”, pues confirma que hubo reuniones con Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, y también con el vicepresidente de la República, para acordar la interpretación del lapso de 8 días para discutir el decreto.