Colombia pidió a Venezuela que respete la integridad y los derechos humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y otras acciones en el marco del estado de excepción.

“Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos”, dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.

El diario El Tiempo informó que los deportados de Venezuela en los últimos días suman 435, incluidos 393 adultos y 42 niños, según funcionarios de Migración Colombia.

Agregó que los deportados están siendo recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos permanecen en un albergue esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.

El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.

“Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países”, indica el texto.

In situ. Una comisión del gobierno de Colombia –encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo– se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.

Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.

Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.

“Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela”, escribió Arreaza en Twitter.

Decreto listo. Los pasos entre Norte de Santander y Táchira fueron cerrados el miércoles por orden de Maduro, tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares que dejó cuatro heridos.

El viernes, el mandatario extendió de manera indefinida el cierre de la frontera y declaró el estado de excepción por 60 días prorrogables en cinco municipios limítrofes.

El gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, anunció el sábado que el decreto para implementar el estado de excepción restringirá las garantías establecidas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución.

El 47 garantiza la inviolabilidad del hogar, el 48 el secreto de las comunicaciones privadas, el 50 el libre tránsito, el 53 el derecho de reunión, el 68 la manifestación pacífica, y el 112 la libre actividad económica.

Antes de entrar en vigencia, el decreto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, que convocó una sesión extraordinaria mañana en la sede del Consejo Legislativo de Táchira, y el Tribunal Supremo de Justicia.

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