Un grupo integrado por 34 activistas de derechos humanos, investigadores sobre seguridad ciudadana y militantes de izquierda criticaron las acciones sesgadas y el uso desproporcionado de la fuerza por las autoridades en el desarrollo de las redadas conocidas como Operación para la Liberación del Pueblo.
Señalaron que hasta el momento las acciones policiales y militares solo han atacado algunos delitos cometidos por personas de los sectores populares, dejando por fuera los delitos de los poderosos que hacen posibles los primeros.
“Las armas, las balas o la droga llegan al barrio porque hay policías y militares de rangos medios y altos involucrados en esos negocios ilícitos”, dijeron.
Entre los firmantes del comunicado están Antonio González Plessmann, ex vicerrector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; el criminólogo Keymer Ávila, corredactor del Estatuto de la Función Policial; Luz Patricia Mejía Guerrero, comisionada ante la OEA para cuestiones de derechos de las mujeres, y Amaylin Riveros, investigadora del Consejo General de Policía.
Añadieron que las OLP no reducirán el delito debido a que los líderes de los grupos organizados no han sido alcanzados; por tanto, mantienen la capacidad para reemplazar a los detenidos o ultimados, y garantizar así la continuidad de sus negocios ilegales.
Faltan políticas. Los intelectuales e investigadores dijeron que las OLP no forman parte de una política integral en seguridad ciudadana.
“La acción del Estado en este campo luce fragmentada, discontinua, reactiva y cortoplacista, pese a existir orientaciones estratégicas y programáticas en el Plan de la Patria”, afirmaron.
Propusieron que como objetivos de la persecución penal se incorpore a quienes hacen posible la entrada de armas, municiones y drogas a los sectores populares.
Igualmente que, en materia de seguridad, los voceros le expliquen al país cuáles son los problemas que las OLP intentan disminuir, con indicadores claros para evaluar resultados. También pidieron las razones “por las que se abandonó la Gran Misión a Toda Vida Venezuela”, aprobada por Hugo Chávez e incluida en el llamado Plan de la Patria.
En Carabobo y Margarita
Ayer comenzaron a ejecutarse las redadas en urbanismos de Carabobo y Nueva Esparta. El titular del MRI, Gustavo González, informó que 828 funcionarios policiales y militares tomaron Ciudad Chávez y Brisas del Hipódromo, en Valencia. Afirmó en su cuenta Twitter que se intenta desmantelar viviendas improvisadas erigidas por “hampa paramilitar”. En Porlamar, 426 policías tomaron los inmuebles de Villa Zoila, donde supuestamente recuperaron vehículos, armas y motores marinos. Hasta ahora, según informaciones de la agencia AVN, se han llevado a cabo 21 operaciones en Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Aragua, Guárico, Monagas, Barinas, Lara, Portuguesa, Yaracuy y Zulia. 52 personas han muerto a consecuencia de supuestos enfrentamientos con los funcionarios involucrados en esas redadas. También han sido retenidas 931 personas.
