QUE EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO use como excusa las diversas sanciones internacionales de las que han sido objeto sus altos funcionarios e integrantes de otros poderes públicos por violaciones de derechos humanos, para justificar su ineficiencia, en este caso ante la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos,  no es nuevo. Lo que sí sorprende y causa preocupación es que la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, antes de su visita a nuestro país para constatar ella misma la crisis, haya secundado las afirmaciones del Ejecutivo ilegítimo y dijera que la “situación se ha visto exacerbada” por las penalizaciones a individuos, como si el desastre no llevara años y no fuera lo suficientemente grave previo a las medidas de países como Estados Unidos y Canadá.

No menos grave es que la alta comisionada se refiera a violaciones de derechos civiles y políticos en Venezuela y no de derechos humanos en general, como es el caso, tal como ocurrió en su intervención reciente (6 de marzo) en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, lo que para Acceso a la Justicia, al igual que otras ONG, supone una preocupante omisión, pues su mandato es la protección de todos los DD. HH., más cuando el caso venezolano ha venido agravándose desde hace por lo menos cuatro años. De tal situación, dejó constancia su antecesor Zeid Ra’ad Al Hussein en un informe que presentó en junio de 2018 titulado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que parece no tener fin, en el que no hace alusión a las sanciones como causas o agravantes de la emergencia.

Acceso a la Justicia reitera que el gobierno de facto no sólo no toma medidas para solucionar la emergencia humanitaria, sino que no la reconoce, no ha aceptado ayuda internacional insistentemente ofrecida y menos aún admite que la provocó al dejar de cumplir con sus funciones, por políticas erradas que destruyeron la capacidad económica del país y la enorme corrupción en el manejo de fondos públicos.

Menos presupuesto para salud

Ante la ineficiencia del Gobierno usurpador, Acceso a la Justicia reitera su denuncia sobre la destrucción de las instituciones del Estado para que las mismas sólo estén al servicio del poder, lo cual ha generado un quiebre institucional que es una de las causas de la crisis al no contar el Estado con medios idóneos y profesionales para enfrentar las graves carencias asistenciales y alimentarias que ha ocurrido en los últimos años.

En 2017, por ejemplo, antes de las sanciones, la ONG Transparencia Venezuela alertó que pese a la crisis en salud, dicho sector quedó relegado al tercer puesto dentro de las prioridades en la asignación de recursos que correspondió al área social (que en total disminuyó entre 74.71% y 78,65% con respecto a 2016, con 618.914 millones de bolívares del antiguo cono monetario). Ese año, la alimentación recibió más que salud, 82.248 millones de bolívares, pero también representó 29% menos que el año anterior. A la hora de aprobarse el presupuesto de 2018, también antes de las sanciones,  la situación no mejoró. El Gobierno tuvo que recurrir a decretos de créditos adicionales por 1.253.586.700 bolívares durante los nueve primeros meses para cubrir el déficit del presupuesto inicial que se aprobó por 36.102.059.

Vale acotar que según denuncias, la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario del Estado recibió gran parte de los citados créditos entre enero y junio de 2018, los cuales no se sabe a dónde fueron a parar dada la situación de precariedad en la que se encuentran los centros de salud públicos del país y que el apagón nacional del 7 y 8 de marzo dejó aún más en evidencia. El año pasado, la caída real del gasto en salud fue de 78% en comparación con 2017.

Así, pese a lo que dice la maquinaria propagandística del Gobierno, este desde hace tiempo dedica menos recursos al gasto social.

No se puede olvidar que desde 2015, el sector farmacéutico y de importación de insumos médicos vio recortado el suministro de divisas, bajo control del Estado, y con ello las importaciones que realizaban y que eran destinadas tanto al sector público como el privado.

¿Y el presupuesto de 2019? De un total de 1,5 billones de bolívares o 3.857 millones de dólares aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando competencias de la Asamblea Nacional (AN) por segundo año consecutivo, pues antes lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sólo 9% será destinado a la salud y 25% para la “seguridad alimentaria”, en plena emergencia humanitaria compleja. Que el gasto en salud no llegue siquiera a los dos dígitos dice todo sobre la importancia que ha tenido para este régimen la salud de los venezolanos.

Llamado de atención

Desde el lunes 11 de marzo, un equipo técnico de la ONU para los Derechos Humanos está de visita en Venezuela, de lo cual aspiramos salga un completo informe sobre la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, agravada con el colapso del sistema eléctrico y de otros servicios como el suministro de agua.

Esta visita se da en el contexto de un ambiente de represión por parte del régimen usurpador de Maduro, que en su empeño por imponer su versión ajena a la realidad se ha dado a la tarea de “maquillar” las principales áreas de los centros hospitalarios y dotarlos, no sabemos si de forma temporal, de medicinas e insumos para hacer ver que no estamos en crisis o que no es tan grave. Incluso se ha ordenado a los colectivos (grupos irregulares que pueden estar armados) para que agredan a médicos, pacientes y periodistas que intenten acercarse al equipo de la ONU, como ocurrió recientemente durante una visita al Hospital Central de Barquisimeto.

El simple hecho de que Maduro haya tenido que recurrir a los colectivos para impedir que quienes padecen más duramente la crisis humanitaria se acerquen a la misión de ONU muestra la verdadera y despiadada cara de un régimen para el que las muertes ocasionadas son secundarias si con ello se mantiene en el poder.

Con información de Acceso a la Justicia