«Te esperan en la Haya” es una frase que se conjura entre quienes esperan aplicar justicia contra Maduro ante una instancia internacional por los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Pero no es un proceso tan expedito ni sencillo, coinciden expertos. Hay denuncias que esperan por alguna respuesta desde 2011
@boonbar
ASESINATOS, ENCARCELAMIENTOS, TORTURAS, PERSECUCIÓN de una colectividad con identidad propia por motivos políticos y actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos, son algunos de los crímenes de lesa humanidad que se han registrado en más 90 días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, susceptibles a ser condenados en tribunales internacionales.
Existen «pruebas contundentes» de delitos de lesa humanidad durante los casi tres meses de manifestaciones y represión por parte de los organismos de seguridad del Estado, a criterio de organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea, Cofavic y el Foro Penal, que plantea la urgencia de ser investigados tanto por la Fiscalía en Venezuela y ser denunciados ante instancias internacionales.
Los crímenes de lesa humanidad, contemplados en el Estatuto de Roma desde su promulgación en 1988 y entrada en vigencia en 2002, constituyen las más graves violaciones de DDHH con trascendencia global. Son procesados por la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal de justicia internacional con sede en La Haya, Países Bajos, que investigan y enjuician a personas determinadas -no Estados- por genocidios, crímenes de guerra y ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil.
Ver sentado a Maduro en el banquillo de La Haya es uno de los clamores entre quienes esperan que el presidente venezolano responda por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tal como ocurrió con Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, juzgado en 2007 por el genocidio bosnio (1991-1995), en el que asesinaron unas 8 mil personas por discriminación religiosa.
Pero ¿qué tan viable es enjuiciar a un presidente por crímenes de lesa humanidad ante la CPI? ¿Quien se encarga de preparar los expedientes y presentarlos ante el Tribunal Penal Internacional?
Entre 2013 y 2017, se han introducido 9 denuncias contra Maduro por violación de DDHH en Venezuela ante la CPI. Pero hasta la fecha, esta instancia internacional no ha emitido ninguna respuesta.
La CPI procesa actualmente 24 juicios contra mandatarios, investiga 10 situaciones, 14 demandados en general y realiza 10 exámenes preliminares, entre los cuales encuentra Colombia como el único país latinoamericano, bajo revisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad desde junio de 2004.
“La CPI no establece tiempos para procesar casos, a diferencia de otras jurisdicciones internacionales”, aclara Tamara Suju, abogada defensora de DDHH y directora del Instituto Casla. Para que la Corte abra un juicio, se estudian las denuncias previamente, se recopila información y se identifica si se trata de crímenes de guerra, genocidio o de lesa humanidad que competen a la Corte. Luego, el informe pasa a la Fiscal Jefe de la CPI, actualmente la sudafricana Fatou Bensouda quien decide si pasa a etapa de investigación o resultan rechazadas”.
Refiriéndose a los casos sobre Venezuela, en abril de 2017, la CPI precisó a EFE que «la entrega de documentos que ONG o particulares puedan hacer a la Fiscalía no implica la apertura de una investigación o de un procedimiento», y recordó que el tribunal internacional recibe cada año cientos de dossieres de decenas de países.
“Dependerá de la propia celeridad que le otorgue la Corte: puede ser un mes, dos o cinco años. Puede ser desesperante que no haya fecha de decisión sobre casos tan graves. Pero se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Un presidente señalado puede ser juzgado mientras está en ejercicio o años después de haber dejado el poder”, subraya Suju.
La abogada agrega que “es imprescindible que las denuncias correspondan a crímenes de lesa humanidad (no todos los que se han cometido en Venezuela están incluidos en el Estatuto de Roma, como por ejemplo las detenciones arbitrarias). También deben demostrar que son sistemáticas”. Hay que comprobar que constituye una política y no crímenes cometidos al azar o producto de la criminalidad.
Estas exigencias las tuvo presente Suju a la hora de formalizar su denuncia contra Maduro en La Haya en julio de 2016. Desde que trabajaba en Venezuela con el Foro Penal, la abogada recopiló casos de tortura registrados entre 2002 y 2014. En julio de 2016, presentó ante la CPI un expediente de 65 incidencias. Lo actualizó en mayo de 2017 sumándole otros casos.
El culpable del delito de tortura es tanto el que lo comete como el que omite denunciarlo, sostiene Suju.
No es infalible
La CPI es un organismo que aún no reúne a toda la comunidad internacional. En 15 de años de su promulgación, todavía hay países que no suscriben el estatuto de Roma que dio origen a la CPI. Venezuela es uno de los 123 países del mundo y 28 del continente americano que lo firmó en 1998 y ratificó el 7 de junio de 2000.
Los países africanos Gambia, Burundi y Sudáfrica se retiraron luego de acusar a la CPI ser “un instrumento neocolonial que imparte la justicia de los blancos”. Naciones como China, Rusia y Estados Unidos no forman parte, lo cual no implica que sean juzgados ciudadanos de esos países que cometan crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio en otras naciones que si son miembros.
Incluso, una vez que un mandatario es condenado por la CPI, no hay garantía de que se hará justicia. La Corte no cuenta con cuerpos policiales para atrapar a los imputados. Ocurrió en 2015 con el presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien tiene orden de arresto por genocidio y crímenes de lesa humanidad. De nada sirvió que un tribunal de Sudáfrica prohibiera su salida del país, igual escapó y nadie logró detenerlo.
Existen casos presentados ante la Corte que esperan largo tiempo si pasarán a la fase de examen preliminar o bien serán desechados. Tal es el caso de las acusaciones que pesan contra el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa y el mandatario Enrique Peña Nieto, así como también contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán” por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra el crimen organizado. Desde 2011, organizaciones mexicanas han presentado ante la CPI “comunicaciones” que documentan más de 400 casos de crímenes contra la humanidad y 6 años aún no reciben respuesta
Otras salidas
Hay expertos que consideran acudir a organismos internacionales diferentes a la CPI en búsqueda de justicia fuera de Venezuela. Las dos instancias internacionales ante las que Ong locales presentan denuncias de violaciones de DDHH son el Sistema Interamericano de DDHH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recuerda el abogado Nizar El Fakih, director de la organización Proiuris. “Si bien, ya Venezuela no pertenece al último porque se sustrajo de sus competencias, la CIDH sigue reconociendo casos que venía procesando con anterioridad”.
El Fakih insiste en el significado de estas dos instancias internacionales. «Independientemente de que los países señalados no acaten las medidas cautelares dictadas por estos organismos, las denuncias tendrán un peso importante cuando se restablezca en el país el Estado de derecho y se recuperen las instituciones. Se aplicará justicia sobre delitos que no prescriben”, analiza el experto.
El diputado emérito y presidente de la Ong Fundación El Amparo, Walter Márquez, es de los que descarta insistir en La Haya. Sostiene que desde 2003 se han consignado varias denuncias ante la CPI contra Chávez y Maduro aún sin respuesta. «Las expectativas que el mundo tenía sobre la creación de la CPI en 1998 se han visto frustradas tanto por la lentitud del organismo como por el encubrimiento de ciertos casos. Manejamos información extraoficial de que las denuncias contra Maduro están paralizadas», aseguró.
Para Márquez, la Fiscal Jefe de la CPI está obligada a decidir si abre una investigación o la declara inadmisible. «La fiscal Bensouda es cómplice por omisión de la grave situación de violación de DDHH y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y la frontera colombo venezolana».
El propio Márquez presentó una primera denuncia el 28 de octubre de 2015 que fue ampliada el 29 de diciembre de ese mismo año por el desplazamiento forzoso de colombianos, así como la deportación de 1.500 colombianos en la frontera colombo venezolana.
Márquez afirma que el mutis de la CPI obedece a “una estrategia de diplomacia petrolera del gobierno venezolano para neutralizar la actuación de la Corte».
Por ello, Márquez junto con el abogado colombiano Rafael Villamizar Ríos y el apoyo del Colegio de Abogados del Norte de Santander optó por solicitar el 17 de junio el enjuiciamiento contra Maduro ante el Fiscal General de la Nación en Colombia por la deportación de colombianos, destrucción de viviendas y puentes en la frontera binacional y desplazamiento de colombianos. También, solicitarán a la CIDH reactivar las denuncias que se hicieron en 2015 por delitos cometidos en perjuicio de la humanidad por el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Pero Suju confía en que se hará justicia en los casos de tortura contra la población civil a través de la CPI, cuyas pruebas son «demasiado evidentes», especialmente en los últimos tres años de Maduro. «Los venezolanos pueden confiar en que nada quedará impune».
Defensores de DDHH como El Fakih piensa que de nada sirve condenar a un mandatario en instancias internacionales si el régimen interno no cambia. «La fórmula eficiente y legal para que se haga justicia por violaciones de DDHH, pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad judicial interna».
Nueve denuncias contra Maduro “archivadas” en La Haya desde 2011:
- 21 de noviembre de 2011: El ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, formaliza denuncia contra Hugo Chávez por delitos de lesa humanidad.
- 7 de Abril 2014: 198 legisladores de 8 países latinoamericanos pidieron investigar a Maduro y funcionarios de su gobierno por la represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados.
- 2 septiembre 2015: Procurador general de Colombia Alejandro Ordoñez, denuncia a Nicolás Maduro ante La Haya por la perpetración de crímenes de lesa humanidad durante la deportación de colombianos radicados en la frontera binacional.
- Septiembre 2016: el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez y el dirigente de Voluntad Popular en el exilio Carlos Vecchio solicitaron a la CPI la averiguación contra 8 altos funcionarios, encabezados por Nicolás Maduro. Presentaron evidencias de 30 homicidios, más de 400 torturas, 3700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2000 juicios contra manifestantes, entre febrero 2014 hasta noviembre 2015. Denuncian que en el caso de Leopoldo López que se cometió persecución sistemática y encarcelamiento.
- 2 de abril de 2009: William Cárdenas Rubio, abogado tachirense residenciado en Madrid y representante de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid solicita investigación en La Haya contra Hugo Chávez por su presunta responsabilidad criminal.
- Enero 2016: tiene lugar una denuncia presentada por Walter Márquez y un grupo de abogados tachirenses, a contra Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos en Táchira y la frontera entre 2009 y 2015.
- 17 mayo 2017: El partido colombiano Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, con el apoyo de 60 senadores, presentó una denuncia ante la Cámara alta contra Nicolás Maduro, para acusarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI) por «delitos internacionales».
- 14 de junio 2017: ciudadanos presentan demanda contra Maduro por deportación masiva que ordenó el 19 de agosto de 2015 tras el cierre de un tramo de la frontera entre Venezuela y Colombia, como parte de plan para combatir contrabando y presuntos paramilitares en la zona.
- septiembre 2016: Tamara Suju presenta expediente que sustenta más de 600 casos de torturas cometidas entre 2002 y 2014 en Venezuela.
Tres mecanismos para llegar a La Haya
- Denuncia ante la Fiscal Jefe de la CPI
- A través del consejo de seguridad de las Naciones Unidas
- Un estado parte demanda al presidente de otro estado miembro para exigir justicia por crímenes de lesa humanidad
