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Videos | Colectivos repitieron patrón represivo de 2014 durante la Toma de Venezuela

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Expertos señalan que desde el gobierno se ha dado el visto bueno a los grupos armados para que actúen a su antojo, incluso con un velo de la legalidad. Mientras, las autoridades policiales temen detenerlos o sancionarlos porque piensan que pueden salir perdiendo

 

@loremelendez

EN CARACAS, LA TOMA DE VENEZUELA transcurrió sin sobresaltos. No hubo guardias nacionales que frenaran el paso de los manifestantes, no hubo escudos policiales ni lacrimógenas que los dispersaran, no hubo grupos de civiles armados que intimidaran, dispararan o lanzaran piedras a quienes protestaban. Pero en 15 estados del país, el escenario fue exactamente el contrario. En la jornada se contabilizaron 177 detenidos y 86 heridos en unos disturbios marcados por la violencia y por unos actores principales ya conocidos: los miembros de los colectivos.

Las redes sociales sirvieron, como otras tantas veces, para difundir lo que se vivió en el interior. En Aragua, una mujer fue rodeada por policías que la golpearon con puños y patadas. En Mérida, pistoleros persiguieron a los marchistas mientras los apuntaban. En ese mismo estado, los estudiantes de la Universidad de los Andes recibieron perdigonazos mientras reclamaban. En Zulia, otro grupo armado que portaba banderas rojas emboscó a quienes pasaban por debajo de un puente en la población de San Francisco. Episodios similares se repitieron en Miranda, Nueva Esparta, Aragua, Monagas, Guárico, Sucre, Portuguesa, Lara, Barinas, Apure y Táchira.

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Los hechos y la impunidad de las actuaciones llevan a preguntarse si varias de las entidades citadas son territorios en donde se ha instaurado un “paraestado”. No es la primera vez que ocurre y los causantes de la violencia siempre son los mismos. Pasó en Mérida en julio pasado, cuando un grupo de afectos al oficialismo, que trancó la avenida Tulio Febres Cordero para reclamar la presencia de Lilian Tintori en la zona, interceptó a 5 jóvenes seminaristas para desnudarlos, golpearlos y quitarles toda la ropa. Pasó también en la Asamblea Nacional el domingo pasado, cuando al menos 200 personas ingresaron a la fuerza al Capitolio, donde se llevaba a cabo una sesión especial para acordar acciones que restablecieran el hilo constitucional. Entre la multitud se identificó a varios miembros de colectivos del oeste de Caracas.

Déjà vu: el patrón represivo

Para Inti Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), los sucesos del miércoles repitieron un patrón represivo que ya se vio durante las numerosas protestas antigobierno que ocurrieron entre febrero y mayo de 2014. En aquellos meses, los “actores paraestatales” ejecutaron labores de control de manifestaciones que, de acuerdo a la ley, sólo le corresponden a los cuerpos policiales y a la Guardia Nacional. Además, se encargaron de dirigir allanamientos de residencias y encabezar detenciones arbitrarias. La ONG a la que pertenece Rodríguez contabilizó más de 400 protestas hostigadas y atacadas por estos grupos.

Todo esto fue posible, de acuerdo con el investigador, porque los colectivos actuaron –y siguen actuando– en complicidad con los agentes de la fuerza pública. Desde 2014 gozan de más apoyo oficial porque el Estado comenzó a cubrir sus ataques con un barniz de legalidad que los erigió como “figuras del poder popular”. Así, se creó la “Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV)”, con el fin de “neutralizar y controlar” todo aquello que puedan hacer los conglomerados que sean considerados como violentos. En esa misma línea se armaron las milicias bolivarianas estudiantiles, obreras o campesinas, definidas como el “instrumento armado del pueblo”, y se abrió el Sistema de Protección para la Paz (SP3), que integra a los llamados “patriotas cooperantes”, encargados de denunciar cualquier “amenaza interna o externa” ante el gobierno.

A pesar de esta suerte de protección legal, continuó el miembro de Provea, las acciones de los colectivos siempre han estado al margen de la Constitución. El control de las manifestaciones y del delito (se ha confirmado que estos grupos han estado involucrados en las Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP) es responsabilidad del Estado y no se puede dejar en manos de terceros. Nada los exime de sus crímenes, ni siquiera el hecho de que vean a los marchistas como “enemigos internos o externos” del régimen que están detrás de una conspiración o de un golpe de Estado. Ese, según Rodríguez, “ha sido el discurso oficial que ha alentado a estas agrupaciones a cometer sus abusos”.

 

Junto a los colectivos actuaron también las policías regionales, quienes se encargaron de reprimir los focos de protesta que quedaron después de las manifestaciones. Para Rodríguez, estos cuerpos aplicaron el uso indiscriminado de la fuerza. “En el país, el deber del Estado es permitir las manifestaciones, abstenerse de reprimir y garantizar la seguridad. Pero aquí se hace lo contrario y es lo que se ha impulsado desde las protestas de abril de 2013, que resultaron ser un ensayo de lo que pasó en 2014”, añadió.

Impunes

Roberto Briceño León, director de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, explicó a Runrun.es que hay una característica adicional de los colectivos que les ha permitido actuar con total impunidad: estos grupos “paramilitares”, de acuerdo con datos recabados por su organización, están conformados por civiles, pero también por miembros de cuerpos policiales del Estado que reciben el beneplácito de los jefes de los uniformados y de otras autoridades.

“Las acciones de los colectivos pretenden mostrarse como si provinieran de grupos privados, pero son públicas y el gobierno tiene una responsabilidad sobre lo que ellos hacen”, indicó Briceño, al tiempo que detalló que desde el Ejecutivo se quiere disimular y ocultar la represión al derecho a la protesta por medio de estos ataques.

“Pareciera que la inacción de los cuerpos policiales ocurre porque los funcionarios se sienten sin autoridad, ni fuerza, ni peso frente a estos grupos, porque saben que ellos tienen poder político y también tiene el apoyo de sus jefes. En las entrevistas que hemos hecho, los policías nos han dicho que no los detienen ni los contienen porque podrán salir perdiendo”, dijo.

Briceño señaló que, aunque los colectivos están presentes en todo el país, sus actuaciones no son iguales en todos los estados porque dependen del nivel de control que sobre ellos ejerza la dirigencia política, o de la autonomía con la que se muevan en su territorio. Eso explica por qué el pasado miércoles, sus ataques fueron más evidentes en estados como Mérida, Zulia, Táchira y Aragua, donde de acuerdo con las denuncias de los usuarios de las redes sociales, contaban con el apoyo de los gobernadores de esas entidades: Alexis Ramírez, Francisco Arias Cárdenas, Adán José Gregorio Vielma Mora y Tareck El Aissami, respectivamente.

“Cuando uno ve estas cosas y ve fotos como las del miércoles, uno se pregunta qué quería decir (el expresidente Hugo) Chávez cuando decía que la suya era una revolución pacífica pero armada, si se refería con esa frase al Ejército o si estaba hablando de los colectivos paramilitares que él mismo estaba conformando”, sentenció Briceño.

Un plan de la derecha

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial sobre los sucesos del miércoles pasado, un miembro de un colectivo caraqueño comentó lo ocurrido y advirtió que la intención de vincular a los grupos oficialistas con estos últimos ataques podría provenir de la misma oposición.

Para uno de los líderes del Frente de Defensa Juan Montoya, que se autodenomina como el “comandante Murachí”,  “la derecha” siempre ha querido satanizar a los colectivos y por eso desde allí se ha creado una matriz de opinión en la que se señala como culpables de las agresiones sufridas por los manifestantes a estas agrupaciones chavistas armadas.

¿Quiénes, entonces, cometieron estos ataques? Según Murachí, se trata de los “grupos paramilitares” que controlan las “zonas de paz” – creadas por el gobierno– que hoy son aliadas de la oposición, “el imperio y los paramilitares comandados por Álvaro Uribe”.

“Los colectivos siempre hemos estado distantes de estos hechos. Antes sí había grupos de choque como los Círculos Bolivarianos, pero nosotros ya superamos esa etapa porque hoy tenemos conciencia ideológica y no vamos a caer en ese juego”, alertó.

Murachí es de los que propone una tercera vía para salir de la crisis. Rechazó que se frenara el referendo revocatorio y que se “violentara la Constitución” y que se “secuestraran” los Poderes Públicos. “Nosotros estamos en desacuerdo con Maduro porque ellos pulverizaron el legado del Presidente Chávez. Tampoco creemos en el diálogo porque no tienen propuestas ni planes económicos para salir de esta crisis”, agregó.

“Los colectivos vamos por la tercera vía. Aquí había que hacer un referendo, medirse y ver qué venía. Mira todo lo que se ha generado ahora. Lo que pasó en miércoles no es nada para lo que viene, esto va a ser una lucha bélica”, concluyó.

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