A UN RITMO TAN VERTIGINOSO como el de las noticias en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro recurre al “método pasticho”: receta política que consiste en colocar temas o escándalos que se superponen, cual capas, en la agenda informativa gubernamental con la intención de distraer a la opinión pública de los problemas del país.
A partir del segundo trimestre de 2015 se ha registrado una seguidilla de sucesos promovidos por el gobierno, desde la campaña para recabar firmas contra el decreto Obama en marzo hasta el cierre de la frontera y conflicto con Colombia en septiembre, cuyos altos decibeles mantienen portavoces, instituciones y redes sociales de todo el aparato gubernamental, dependiendo del grado de atención que generen en la población.
El método pasticho tiene mucha similitud con una de las normas clásicas de la propaganda ideada por Joseph Goebbels, Ministro de Educación Popular y Propaganda nazi: emitir constantemente informaciones y argumentos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, ya el público esté interesado en otro tema. Así, el enemigo nunca podrá contrarrestar el creciente nivel de acusaciones.
Dirigentes de la oposición como Henrique Capriles Radonski interpretan estos anuncios del gobierno como “cortinas de humo” o “peines” para desviar la discusión sobre la crisis del país: escasez, inflación y violencia.
En contraposición, uno de los juicios políticos más importantes de la Venezuela contemporánea como fue la sentencia a Leopoldo López, fue minimizado por el sistema público de información e incluso medios convencionales.
Guayanazo
15 de septiembre
Primero lo anunció Diosdado Cabello y luego el ministro Gonzalo González López: existe un plan terrorista en el estado Bolívar llamado “el Guayanazo” El 15 de septiembre, el titular de Interior, Justicia y Paz emite la orden de captura contra coordinador de Primero Justicia en el estado Bolívar, Wilson Castro, a quien señalan por estar involucrado en actividades paramilitares, enfatizando que es colombiano y nacionalizado en Venezuela. Lo acusa de haber huido a Colombia y de ser uno de los que impartió órdenes para iniciar los saqueos de San Félix el 31 de julio de 2015, que dejaron un saldo de un muerto y 27 heridos. Para el funcionario, Castro es responsable de “instigar a la violencia y promocionar el estallido nacional a través de las redes sociales”. También involucra sin pruebas en el “Guayanazo” a otras figuras, entre ellas el periodista Damian Prat.
Buques con gasolina
13 de septiembre
Justo cuando Maduro hablaba de combatir el contrabando fronterizo, y ya consumado el cierre de la frontera en el Zulia, el 13 Septiembre 2015 el Ministerio Público anunció que fueron detenidos 7 empleados de Pdvsa por su presunta responsabilidad en el contrabando de 50 mil barriles de combustible, encontrados el 6 de septiembre en el buque Negra Hipólita, con capacidad para 10 mil barriles.
Todos los medios oficiales se hicieron eco de esta denuncia, que indicaba que la Armada venezolana había detenido a tres embarcaciones “sospechosas” de contrabandear combustible subsidiado desde Península de Paraguaná hacia Colombia. Aparte del Negra Hipólita, de los otros dos barcos no se dieron a conocer mayores detalles salvo que provenían de Panamá.
Fueron imputados Abed Valbuena Vargas (jefe de guardia), Esarvy Jiménez Rivero (superintendente de guardia), Rito Arends Perozo (maestro de cargo), José Romero Aldama (supervisor de muelle), Douglas Ramírez Ibarra (supervisor de cargamento), Romain Hidalgo Velásquez (primer oficial del buque) y Abraham Castillo Rincón (capitán del buque), por la presunta comisión de los delitos de contrabando de extracción y asociación para delinquir.
Violación del espacio aéreo colombiano
Septiembre 2015
En septiembre de 2015 y en medio de las tensiones fronterizas entre Colombia y Venezuela, no fue uno sino tres violaciones del espacio aéreo colombiano que habrían efectuado aeronaves venezolanas, según denunció el Ministerio de Defensa de ese país. El domingo 13, la canciller Delcy Rodríguez aclaró vía Twitter que no existe evidencia alguna de violación del espacio aéreo, más allá de la invención de “frustrar la reunión presidencial” mientras que Santos ordena a la cancillería colombiana a presentar una protesta formal a Venezuela por “violación del espacio aéreo”.
Lo cierto es que pese a estos dimes y diretes, la reunión presidencial entre Santos y Maduro fue fijada para el lunes 21 de septiembre.
Inhabilitación de Contraloría a candidatos para ocupar cargos públicos
Mayo – agosto 2015
Las inhabilitaciones ordenadas por la Contraloría General de la República a políticos de oposición que se habían lanzado como candidatos a diputados de la Asamblea Nacional rebosan las capas del pasticho noticioso. Comenzaron el 05/05/2015 con ex gobernador de Táchira César Pérez Vivas, quien fue inhabilitado por 7 años. Le siguió otro tachirense, Daniel Ceballos el 06/07/2015, suspendido 12 meses;
Maria Corina Machado (15/07/2015), suspendida por 12 meses por no declarar los cestatickets; Vicente Scarano (16/07/2015) por 12 meses; Pablo Pérez (18/07/2015) inhabilitado por 10 años al igual que Abelardo Díaz (5/08/2015).
Cierre de frontera, estado de excepción y deportación de colombianos
19 de agosto
El 19 de agosto Maduro decreta cierre de frontera con Colombia justo en el paso entre San Antonio (Táchira) y Cúcuta, considerada uno de las más activas del continente. La justificación que presentó el gobierno fue capturar a los agresores de tres militares venezolanos heridos de bala. Inicialmente la clausura y estado de excepción en varios municipios se decretó por 72 horas, pero luego se extendió por tiempo indefinido e incluso se aplicó a otros puntos fronterizos de Zulia y Apure.
La medida de cierre estuvo acompañada por la deportación masiva de colombianos (unos 1.482 sin documentos) que vivían en las poblaciones fronterizas del lado venezolano. La imagen de cientos familias cruzando el río con sus pertenencias a cuestas y sus casas marcadas para su derribo generó el estupor internacional.
La tensión entre Colombia y Venezuela se ha prolongado un mes después del cierre fronterizo, avivada por amenazas y advertencias de ambos lados de la frontera. Los prestigiosos diarios The New York Times y Washington Post coincidieron en señalar que “la disputa con el vecino Colombia ha sido fabricada por el presidente venezolano, cada vez más impopular”. El próximo evento diplomático será la cumbre presidencial, que tendrá lugar en Quito el lunes 21 de septiembre.
Confesiones de Pérez Venta
18 de agosto 2015
Tras la captura de José Pérez Venta, autor material confeso del descuartizamiento de Liana Hergueta (7 de agosto), el Gobierno tomó sus declaraciones como prueba suficiente para vincular a la oposición con el paramilitarismo colombiano. El 18 de agosto de 2015, Maduro mostró por VTV un video donde el detenido confiesa el supuesto entrenamiento que recibió en Colombia junto a otros miembros de la llamada Operación Libertad, con el fin de generar caos en las protestas de 2014.
A Maduro poco le importó que al mostrar públicamente las confesiones del imputado Pérez Venta, cometió un delito contemplado por el Código Orgánico Procesal Penal, cuyo artículo 313 establece que toda investigación penal es reservada a terceros. Es ilegal mostrarla a personas que no formen parte de las investigaciones”.
También Jorge Rodríguez, jefe de comando de la campaña Bolívar-Chávez, se apoya en las confesiones de Pérez Venta para demostrar “el nexo de la ultraderecha venezolana con el hampa paramilitar”, como una estrategia empleada por la oposición para “generar un clima de zozobra e inestabilidad”. Agrega que prueba la “conexión brutal y tenebrosa entre el ejercicio violento de la derecha venezolana y crímenes macabros”.
A raíz de la declaración de Pérez Venta y la captura del presunto autor intelectual del crimen, Carlos Trejo y el tercer implicado, Samuel José Ángulo Sánchez, el gobierno dio a conocer la detención de Betti Grossi y Alejandro Zerpa, además de señalar como financistas de las “guarimbas” (protestas de 2014) a figuras tan variadas como: diputado Enrique Mendoza; el general retirado, Antonio Rivero; el director de El Nacional Miguel Henrique Otero; el senador del partido republicano, Marcos Rubio; el encargado de negocios de la embajada de EE UU, Phill Laidlaw e incluso la actriz y cantante María Conchita Alonso.
El 25 agosto, el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, se suma a los portavoces del caso Hergueta, reforzando la presunta conexión de la oposición y el paramilitarismo, además del desmantelamiento de un plan para asesinar a Daniela Cabello, hija del presidente de la AN, por el cual fueron detenidos los jóvenes Andrea González de León y Dani Abreu Abreu, su pareja sentimental.
Demanda civil contra Tal Cual, La Patilla y El Nacional
12 de agosto 2015
En agosto 2015, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello anuncia que la demanda civil que presentó en abril de 2015 contra los medios independientes Tal Cual, El Nacional y La Patilla fue admitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En su programa Con el mazo dando, el dirigente oficialista recordó que la demanda fue introducida “por republicar una información difundida inicialmente por el diario español ABC” en la que un capitán de la Armada venezolana lo acusaba de ser un supuesto cabecilla de un cártel del narcotráfico.
También aseguró que demandará al ABC de Madrid y que el dinero que gane por el juicio se utilizará para “inversión social, los niños más pobres de este país”.
Intervienen galpones de la Polar, Cargill, Coca Cola, Nestlé y Pepsi
29 julio 2015
En medio de una crisis de escasez de alimentos generalizada, la noche del 29 de julio de 2015 funcionarios de Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), junto con contingente de la GNB se presentaron en los galpones de La Yaguara que sirven de almacén a Empresas Polar, Cargill, Coca Cola, Nestlé y Pepsi para exigir el desalojo del lugar, porque sería destinado a la construcción de edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). En el caso específico de Empresas Polar, se trata del mayor centro de distribución de alimentos de la zona metropolitana de Caracas. La corporación pidió a través de un comunicado que se reconsidere la medida.
Lo que si no dijeron los portavoces de esta intervención es que la instancia encargada de desarrollar esas viviendas, Fundación Propatria 2000, es presidida por Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de la “primera combatiente” y actual candidata por el Psuv a la AN, Cilia Flores.
El Gobierno no ha vuelto a comentar la intervención ni a recordar que el 30 de septiembre se vence plazo de la orden de desalojo de 60 días emitida por el Ejecutivo.
Operación liberación y protección del pueblo (OLP)
13 julio 2015
A todo el país sorprendió la irrupción de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la populosa Cota 905, al suroeste de Caracas, la madrugada del 13 de julio de 2015. Con la captura de 134 personas (entre ellas 34 extranjeros), 14 supuestos delincuentes abatidos, 20 vehículos recuperados y el presunto desmantelamiento de 7 bandas delictivas, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJP), Gustavo González López dio inicio a la llamada Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que luego se extendió a otras regiones del país.
Se trató de una reacción contradictoria por parte de un gobierno que tradicionalmente no ha asumido el sensible problema de la criminalidad en Venezuela.
El 14 de septiembre, González López aseguró que la OLP ha permitido desmantelar 87 bandas criminales en 71 operaciones en todo el país, en las que ha participado más de 50.400 efectivos de la GNB. Y que aparte, se han recuperado 1.421 viviendas. El último informe de la OLP asegura que más de 1.000 “delincuentes” han sido abatidos.
Las denuncias sobre estos operativos no se hicieron esperar. Organizaciones de defensa de DD HH como Provea advirtieron abusos policiales. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab admitió “exceso policial” en operativo Cota 905 el 21 de julio de 2015.
Conflicto limítrofe con Guayana
26 mayo 2015
Venezuela responde al anuncio de Guyana sobre las concesiones otorgadas a Exxon Mobil para la explotación petrolera en la plataforma continental, con el decreto 1.787 del 26 de mayo de 2015, con el cual se atribuye derechos sobre aguas afuera del Caribe .
El decreto que delimita las “Zonas operativas de defensa integral marítima e insular” y se enmarca dentro de una disputa de 200 años entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, produjo rechazo de Guyana y Colombia
El conflicto pica y se extiende, pero sin lograr mayor resonancia en la opinión pública, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado mantenerlo en la discusión mediante medidas como alertar sobre el plan de Guyana para crear conflicto con el Caribe ante la ONU (6 de julio); convocatorias a sesiones especiales en la AA; creación de una comisión presidencial para oriental negociaciones; llamado a la embajadora de Venezuela en Georgetown; reducción del personal en la embajada; revisión exhaustiva de las relaciones con Guyana y envío de misión de las Naciones Unidas para analizar el conflicto Guyana-Venezuela. El más reciente choque tuvo lugar en septiembre, cuando Guyana pide a Google que saque al Esequibo del mapa de Venezuela y David Granger, presidente de Guayana, expresó el 15 de septiembre de 2015 que “Venezuela ha obstruido de manera consistente y persistente nuestro desarrollo económico de los últimos 50 años”.
Entrega de firmas en la cumbre de Panamá
9 al 11 abril 2015
Dólar paralelo: Bs. 258,92
Durante la campaña #ObamaDerogaElDecretoYa, Maduro prometió la entrega de 13.447.651 firmas contra el Decreto Obama durante la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá del 9 al 11 de abril de 2015. Se creó gran expectativa sobre un hipotético encuentro entre el mandatario venezolano y el estadounidense, que fue precedido por la Declaración de Panamá, firmada por 26 ex presidentes sobre la “alteración democrática” en Venezuela y que exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela.
En la cumbre, Maduro aclaró que las firmas serían entregadas “por vía diplomática”. En su discurso le pidió a Obama que derogara el decreto en nombre de 30 millones de venezolanos y que le tendía su mano “para resolver los asuntos pero sin intervención en los asuntos internos de nadie”. Hasta la fecha, la sanción contra Venezuela no ha sido levantada. En Panamá se acabó la campaña que elevó temporalmente la popularidad de Maduro unos puntos, según encuestas.
Firmazo contra el decreto Obama
9 marzo 2015
Dólar paralelo: Bs. 243
Con un firmazo y campaña internacional #ObamaDerogaElDecretoYa el gobierno de Nicolás Maduro reaccionó a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien el 9 de marzo de 2015 dictó un decreto donde señala que la situación de Venezuela representa una amenaza para la seguridad interna de su país.
Para movilizar la recolección de 10 millones de firmas en contra de la sanción, que Maduro calificó de “injerencia en asuntos internos del país”, todo el aparato del Estado se enfocó en el término “amenaza” y no en las sanciones en contra de siete funcionarios venezolanos que contempla el decreto. A Antonio José Benavides Torres, Gustavo, Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padron, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino les congelaron cuentas y bienes, además de prohibirle la entrada al EEUU por su responsabilidad en la violación de DDHH durante las protestas de 2014. Pero estos nombres fueron obviados por el discurso oficial.
