SON OCHO LOS ARTÍCULOS de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que podrían ser considerados al momento de evaluar el procedimiento legal abierto en contra del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
El abogado defensor, Omar Estacio, y la esposa del burgomaestre, Mitzy de Ledezma, denunciaron que fue detenido sin presentar una orden de captura. El diputado Richard Blanco, testigo presencial del hecho, ratificó que Ledezma fue sustraído de su oficina sin ningún documento que avalara el procedimiento.
El artículo 44, primer numeral, de la CRBV establece que este tipo de detención puede aplicarse solo en el caso de que el presunto delincuente sea sorprendido, en flagrancia, cometiendo el delito. El alcalde es acusado del delito de conspiración.
El alcalde Antonio Ledezma fue aprehendido cerca de las cuatro de la tarde en su oficina ubicada en la urbanización El Rosal, en Caracas. Su esposa, compañeros de partido y el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, denunciaron el «secuestro» del político, dado que cerca de las 10 de la noche (seis horas después de la detención) aún no se conocía su paradero. El artículo 44 en su segundo numeral especifica que la información sobre el destino del político debió darse de inmediato.
Al no haber sido detenido con una orden legal, el alcalde desconocía cuales eran los delitos que se le imputaban. Su abogado defensor, Omar Estacio, explicó en entrevista con Globovisión, que tuvo acceso al documento cerca de la una de la madrugada del viernes 20 de febrero (nueve horas después de la detención). El artículo 49 de la Carta Magna señala que las personas deben ser notificadas de las acusaciones en su contra y deben contar con la asistencia de sus abogados en todo momento.
Además, recalca el principio de presunción de inocencia.
El documento «Acuerdo Nacional para la Transición», firmado por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma fue considerado como un explícito llamado a efectuar un golpe de Estado en el país, según el presidente Nicolás Maduro. “Aquí está el comunicado, llamando al golpe, reincidentes, los tres firmantes del comunicado, son tres reincidentes”, dijo Maduro.
El artículo 57 de la CRBV da cuenta del derecho que tienen todas las personas a expresar libremente y por cualquier medio sus opiniones. En el transcurso de la mañana del 20 de febrero Ledezma acumulaba tres acusaciones informales en su contra: la firma del documento de acuerdo, un presunto plan para asesinar a Leopoldo López y el supuesto complot con el estudiante detenido, Loreth Saleh.
Desde la noche del 19 de febrero la ministra de Información y Comunicación, Jacqueline Farías y el Sistema de Medios Públicos se ha hecho eco de una campaña que busca vincular a Ledezma con hechos como la masacre del retén de Catia, la muerte de la periodista Maria Tessari y varios episodios de represión en contra de trabajadores informales. El alcalde no ha sido imputado por alguno de estos hechos y ellos no están siendo considerados en la acusación emitida en 2015.
A pesar de que la Constitución no establece que deba hacerse un antejuicio de mérito para despojar a un alcalde de su cargo, los artículos 70 y 145 refieren la importancia del respeto a las decisiones tomadas por el pueblo, valiéndose del derecho a elegir a sus mandatarios. Además, descarta la posibilidad de que sean removidos de su cargo por razones políticas.
La irrupción de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la oficina del alcalde fue un acto de violencia, según su esposa Mitzy Capriles de Ledezma. El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, reveló en su cuenta de Twitter que Ledezma fue «sacado como un perro» de su despacho. Las puertas de la oficina fueron destruidas con mandarrias, según García. El artículo 46 defiende el respeto a la dignidad de una persona sometida a un proceso judicial.
En su pronunciamiento de la noche del 19 de febrero el presidente Nicolás Maduro anticipó que Ledezma estaba siendo juzgado “por asesinato, homicidio, golpismo y mil cosas más por la justicia venezolana”. No fue sino hasta la mañana que el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa en el que explicó que el alcalde fue detenido por su presunta vinculación con un plan conspirativo. El artículo 26 habla de un sistema judicial imparcial, autónoma e independiente.
