RIO DE JANEIRO (AP) — El procurador de Brasil pidió el martes abrir una investigación a 54 personas, la mayoría políticos de alto rango ligados al escándalo de corrupción que envuelve a la empresa estatal Petrobras, en la fase más anticipada de la averiguación.
El procurador general de la República Rodrigo Janot entregó una solicitud a la Corte Suprema para indagar a políticos importantes, grupo que podría incluir a ex ministros, gobernadores y actuales líderes de las cámaras, los cuales han sido mencionados por testigos claves de la fiscalía que investiga el enorme plan de sobornos, considerado el más grande en la historia del país. La procuraduría confirmó el martes que el pedido había sido entregado.
“Vamos a trabajar con tranquilidad, con equilibrio. Quien tenga que pagar pagará. Vamos a investigar”, dijo Janot a un grupo de personas que le manifestaron su apoyo en la víspera del anuncio esperado el lunes por la noche. “Es un proceso largo. Está comenzando ahora. La investigación comienza y vamos hasta el final”.
La Corte Suprema no informó los nombres de los políticos indagados y sólo confirmó que recibió la solicitud de apertura de averiguación. Un ministro del máximo tribunal necesita ahora autorizar si se abren las investigaciones o no, y ordenar medidas para apoyar la averiguación como cateos o intercepciones telefónicas. El procurador requiere del permiso del máximo tribunal, ya que la Constitución establece que miembros del Congreso y ministros de Estado —la mayoría de los sospechosos— sean procesados y juzgados por ese medio.
La procuraduría afirma que a lo largo de la última década las firmas constructoras y de ingeniería más grandes del país pagaron unos 800 millones de dólares en sobornos a autoridades de la petrolera estatal y a políticos a cambio de contratos con precios inflados. Parte de los recursos fueron a parar a gastos de campaña del gobernante Partido de los Trabajadores y fuerzas políticas aliadas, dicen los investigadores.
Un ex gerente de Petrobras dijo en su testimonio a los fiscales que 200 millones de dólares fueron destinados entre 2003 y 2013 al PT por medio de su tesorero Joao Vaccari Neto.
Según Elival Ramos, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sao Paulo, los políticos no deben renunciar a sus cargos durante la investigación, a menos que el procurador lo solicite así para funcionarios del poder ejecutivo acusados de conducta impropia.
“En ese caso, el procurador general de la República podría requerir separar del cargo a la autoridad procesada por mala conducta”, afirmó Ramos.
La averiguación se ha ampliado en los últimos meses para denunciar a decenas de ejecutivos de las constructoras más grandes de Brasil y al menos a tres ex directores de Petrobras que ya han sido indiciados. El procesamiento podría tomar años antes de llegar a juicio.
El caso de corrupción ha sido un golpe a la presidencia de Dilma Rousseff, cuya popularidad se ha desmoronado recientemente debido a la cercanía con la petrolera con la que construyó su carrera política.
Rousseff dirigió el consejo administrativo de Petrobras entre 2003 y 2010 cuando era ministra de Minas y Energía y jefa de gabinete de la presidencia, período que también comprende la investigación de sobornos ofrecidos por empresas de construcción a políticos y funcionarios de la petrolera estatal a cambio de contratos con precios inflados. Hasta ahora no ha sido directamente implicada en el escándalo.
Sin embargo, algunos la acusan de haber tenido conocimiento del plan de sobornos y exigen destituirla del cargo, lo que algunos especialistas ven como poco probable.
Aunque el caso de Petrobras ha creado revuelta en el escenario político y empresarial de Brasil, los expertos han aclamado que la investigación representa un paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
“Este escándalo ha puesto al descubierto la estructura de la corrupción en Brasil. Nunca se explicó cómo funcionaba. Esta vez, está claro”, dijo Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Internacional Woodrow Wilson en Washington. “Hay conexiones entre los ejecutivos de las empresas estatales, las empresas proveedoras de bienes y servicios para el gobierno y algunos políticos.”
Sotero dijo que la investigación y la repercusión serán difíciles para la nación, pero también “una enorme oportunidad para que Brasil enfrente a sus demonios y los corrija.”
El caso de Petrobras trae a la mente el escándalo conocido como “Mensalao”, que culminó en 2012 con las sentencias de 25 personas, incluidos diputados, ex legisladores, políticos, publicistas y banqueros que pagaban a legisladores por apoyar la agenda del gobierno. El caso surgió en 2005 y afectó a asesores importantes del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, predecesor y mentor político de Rousseff.
