La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para que los bachilleres modifiquen sus opciones en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2026. La medida aplica a los 136 170 aspirantes que no fueron asignados en la primera fase, mientras que los resultados de la segunda adjudicación se publicarán el 7 de septiembre.
De los 25 204 estudiantes que participaron en esta convocatoria, nueve de cada 10 recibieron una asignación en alguna de las carreras o programas seleccionados, según el Ministerio de Educación Universitaria. El organismo informó además que 54,3 % de los cupos fueron otorgados a mujeres y 74,8 % de los admitidos provienen de liceos públicos.
La OPSU habilitó más de 71 500 cupos adicionales en instituciones como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la Universidad Nacional Abierta (UNA) y la Misión Sucre para quienes no obtuvieron una asignación, pero décadas atrás ya se venía desmantelando para debilitar la autonomía universitaria.
La reforma iniciada en 2008 modificó ese equilibrio. El Estado eliminó la PAA y las pruebas internas con el argumento de democratizar el acceso y reducir las desigualdades en la admisión. La orientación vocacional no desapareció: la OPSU mantuvo la Prueba Nacional de Exploración Vocacional como instrumento para ayudar al estudiante a identificar sus intereses. El cambio estuvo en la admisión: las universidades comenzaron a perder capacidad para decidir directamente sus mecanismos de ingreso.
El punto de quiebre llegó en 2015, cuando la OPSU pasó a asignar el 100 % de los cupos de las instituciones públicas. Las universidades autónomas cuestionaron la medida por considerar que afectaba sus competencias para determinar sus mecanismos de admisión. El conflicto llegó al Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó a las instituciones acatar las asignaciones realizadas por el Consejo Nacional Universitario (CNU) y la OPSU.
Desde entonces, el estudiante registra sus preferencias, pero la asignación final depende de un sistema nacional que cruza sus opciones con los criterios establecidos por el Estado y la disponibilidad de cupos. La propia OPSU señala que sus herramientas buscan orientar al bachiller según sus intereses y preferencias y contemplan la dimensión territorial.
En 2020, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) cuestionó la asignación del 100 % de los cupos de las universidades públicas por parte de la OPSU y advirtió que el mecanismo podía afectar la autonomía universitaria y el derecho de los bachilleres a elegir qué estudiar y en cuál institución. En un pronunciamiento publicado ese año, el Observatorio también señaló casos de estudiantes asignados a carreras y universidades que no habían escogido y cuestionó la sentencia N.º 831 del TSJ, que ordenó a las universidades acatar las asignaciones del Sistema Nacional de Ingreso.
Seis años después, en entrevista con Runrun.es, Holaya Peña, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ODH-ULA), afirmó que las preocupaciones advertidas entonces permanecen: “El problema sigue siendo el mismo: el Estado concentra la decisión sobre el ingreso a las universidades públicas y las instituciones autónomas tienen cada vez menos capacidad para decidir sobre quiénes ingresan a sus aulas”.
Peña subraya que esta centralización también reduce el margen del estudiante para hacer valer sus preferencias cuando la asignación no coincide con la carrera o institución que seleccionó. El problema, explica, se hace más evidente cuando las opciones registradas por el bachiller quedan subordinadas a los criterios de asignación y a la disponibilidad de cupos, especialmente si el resultado implica estudiar en una institución o territorio que el estudiante no puede asumir.
Cuando la asignación no coincide con el proyecto de vida
Para algunos bachilleres, el problema no termina cuando se registran en el Sistema Nacional de Ingreso. Comienza cuando el sistema devuelve un resultado que no coincide con la carrera que escogieron, cuando no aparece ninguna de sus opciones o cuando una falla durante el proceso les impide siquiera competir por un cupo.
En Caracas, Rafael Araujo, de 17 años, quería estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV). En una primera consulta del SNI apareció asignado a Mérida. Después, el sistema le indicó que debía solicitar un cupo directamente en la universidad de su preferencia. Araujo no cuenta con recursos para pagar una institución privada y ahora busca por sus propios medios la posibilidad de ingresar a la UCV.
“Esta página, en vez de ayudarte, solo te empeora, aunque te diga que el estudio es un derecho fundamental. No puede ser que no se respete lo que uno quiere y deberían decir cuántas plazas hay y avisar cuando todas se llenen para evitar que uno se ilusione”, consideró el bachiller.
El caso de Araujo no es el único en Caracas. Analeé Vicierra, de 16 años, aspiraba a estudiar una carrera del área de la salud. La plataforma tardó varios días en funcionar y finalmente solicitó su constancia de participación.
“No fui seleccionada y la página solo pudo darme mi SNI. Realmente, ya no tengo posibilidades de estudiar Medicina porque la página daría oportunidad para otro estado y yo soy de Maracaibo”, agregó.
Para el profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) y especialista en Educación Fuperior, Marcial Fuenmayor, la asignación de cupos debe considerar algo más que la disponibilidad de plazas: “No basta con garantizar al bachiller un cupo; también debe existir correspondencia entre la formación que recibe, sus intereses y el proyecto profesional que ha construido”.
Fuenmayor explica que cuando la demanda de una carrera supera la oferta disponible, el sistema debe resolver esa brecha mediante la distribución de los aspirantes entre las opciones existentes. El problema surge cuando esa distribución termina alejando al estudiante de su primera elección, porque puede afectar su motivación, adaptación y permanencia en la universidad. Por ello, evaluar el acceso no implica únicamente contabilizar cuántos jóvenes fueron asignados, sino determinar si las oportunidades ofrecidas guardan relación con sus preferencias y con la formación que buscan.
El problema empieza antes del resultado
En Zulia, las dificultades relatadas por los bachilleres ocurrieron incluso antes de la asignación. Vanessa Flores cuenta que la plataforma no reflejaba sus calificaciones y que el problema no estaba en la carga realizada por su liceo. Las fallas le impidieron completar con normalidad la selección de carreras y quedó fuera de la primera asignación.
“Yo estaba indignada porque prácticamente me sacó del panorama. Mis amigos me decían que es como Los juegos del hambre porque básicamente es como una competencia y no todos salen ganando”, dijo.
Anna Araujo, de 17 años, sí obtuvo un cupo. El sistema la asignó a Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad del Zulia (LUZ), pero quería estudiar Diseño Gráfico. Ahora debe averiguar si puede solicitar un cambio de carrera y bajo qué condiciones.
Araujo cuenta que otros compañeros de su promoción también expresaron molestia. Aunque los liceos cumplieron con la carga de información requerida, los directores les advirtieron que no podían garantizar que el sistema asignara la carrera escogida debido a la demanda.
Para el orientador independiente Diego Fuenmayor, ser asignado a una carrera que no corresponde con los intereses del estudiante puede afectar su motivación y su proyecto profesional: “Cuando un adolescente construye una expectativa sobre lo que quiere estudiar y el sistema lo ubica en una carrera que no reconoce como propia, puede experimentar frustración, desorientación y sentir que perdió capacidad de decidir sobre una etapa importante de su proyecto de vida”.
Fuenmayor subraya que la orientación vocacional permite identificar intereses, habilidades y expectativas para que el estudiante tome una decisión informada, pero su alcance se reduce cuando el resultado del proceso de admisión no guarda relación con esa elección. En esos casos, puede producirse una ruptura entre lo que el joven identificó como su vocación, la decisión que tomó y la formación que finalmente recibe.
Los liceos cargan la información, pero se conoce el cupo cuando llega a la universidad
Para conocer qué ocurre antes de que los estudiantes reciban sus resultados, Runrun.es entrevistó a trabajadores del Liceo Gustavo Herrera de Caracas y al Liceo Nacional Caracciolo Parra Pérez del Zulia. Desde ambos planteles aseguraron que cargan la información académica de los estudiantes al sistema y cumplen con los procedimientos requeridos para su registro. La decisión sobre la asignación posterior queda fuera de sus competencias.
Según sus experiencias, en más de una ocasión, han solicitado reuniones o planteado sus inquietudes ante la Zona Educativa, instancia territorial del Ministerio de Educación. Además, reportan esfuerzos para pedir mayor margen de orientación y mecanismos que permitan tomar en cuenta la voluntad del estudiante cuando la asignación no coincide con sus aspiraciones.
Ante esa limitación, algunos liceos realizan por iniciativa propia actividades de orientación para ayudar a los bachilleres a escoger sus opciones. Pueden orientar y cargar información, pero no pueden decidir el cupo ni garantizar la carrera o universidad que recibirá el estudiante.
Representantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad del Zulia (LUZ), explicaron que reciben los listados provenientes del sistema nacional y deben procesar a los estudiantes asignados. Las universidades pueden mantener mecanismos internos para otros procesos de ingreso y disponer de procedimientos para solicitudes de cambio o alternativas académicas, pero no pueden simplemente desconocer una asignación realizada por el SNI.
En las universidades privadas consultadas, como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, y la Universidad Rafael Urdaneta (URU), en Zulia, el SNI no determina de la misma manera su proceso interno de admisión. Sin embargo, sus aspirantes deben cumplir con el registro nacional cuando corresponde y las instituciones pueden ofrecer orientación, conversatorios y procedimientos propios para sus futuros estudiantes.
Los casos de Rafael, Analeé y Anna muestran que el problema no se reduce a una página que falla o a un estudiante que no obtuvo la carrera que quería. Detrás de cada resultado existe un sistema en el que el Estado concentra la asignación mientras los liceos orientan y cargan información sin poder intervenir y las universidades reciben los listados con un margen limitado para decidir sobre sus nuevos ingresos.
Para el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Juan Raffalli, la concentración de los cupos modificó el equilibrio entre el Estado y las universidades: “El artículo 109 de la Constitución reconoce la autonomía universitaria. Cuando la OPSU pasa a controlar la totalidad de la asignación de los cupos, las universidades pierden una facultad que antes ejercían directamente: decidir sobre sus mecanismos de ingreso y sobre quiénes podían incorporarse a sus aulas”.
Raffalli explica que la sentencia 831 del Tribunal Supremo de Justicia, en 2015, consolidó ese cambio al obligar a las universidades a acatar las asignaciones del Sistema Nacional de Ingreso. Aclara que las preferencias del bachiller no constituyen un derecho a obtener una carrera o institución específica, pero el proceso sí debe regirse por criterios claros, objetivos y transparentes. Si el sistema asigna una opción distinta, el estudiante debería poder conocer las razones y las reglas que determinaron ese resultado.
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