Carlos Meléndez, director de OBU, sostuvo que varias características atentan contra el retorno a clases como el escaso sueldo de los docentes, la lentitud en el proceso de vacunación y las condiciones de insalubridad en las que se encuentran algunas casas de estudio
Regresar a clases presenciales en las universidades de Venezuela no solo se trata de respetar las normas de bioseguridad ante la pandemia de la covid-19, sino que contempla otra serie de problemas estructurales que hacen cuesta arriba la presencia de docentes y alumnos en las aulas.
Así lo considera Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, un proyecto desarrollado por el Laboratorio de Desarrollo Humano que desde 2014 viene efectuando un seguimiento al estado y desarrollo de las casas de estudio superior en Venezuela.
“La vuelta a la presencialidad pone en riesgo la vida de docentes, alumnos, personal administrativo y docentes”, dijo Meléndez quien sostiene que la crisis humanitaria compleja en Venezuela conspira contra el retorno a los salones.
“En primer lugar, hay que indicar que en Venezuela existen muchas desigualdades y una cosa es hablar de las universidades privadas y otra de las públicas y para poner un ejemplo, tenemos que 9 de cada 10 estudiantes de universidades privadas se incorporaron a la educación virtual, mientras que en las públicas un tercio de la población estudiantil no pudo tener acceso a esto”.
Meléndez sostuvo que de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida de la comunidad universitaria (Enobu 2021), para finales de junio de este año, 88% de los profesores no habían sido vacunados contra el coronavirus, mientras que apenas 5% de los estudiantes habían sido inmunizados.
De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, para mediados de septiembre de este año, en Venezuela, 4,2 millones de personas habían recibido las dos dosis de la vacuna, lo que representa un 14,8% de la población.
El pasado 5 de octubre, en la Universidad Central de Venezuela se desarrolló una jornada de vacunación con la primera dosis de la vacuna china Sinopharm en el Decanato de Medicina. Más de 1.800 miembros de la comunidad universitaria fueron inmunizados, según representantes estudiantiles.
Siendo las 1:30 PM culmina la última Jornada de Vacunación para la comunidad universitaria, donde se vacunaron 350 personas.
Con esta jornada, se han vacunado 1.885 personas de la comunidad universitaria desde el primer día de jornada en la UCV (1era dosis).
— Jesús Mendoza Morales (@jesusmm1902) October 5, 2021
El director del Observatorio de Universidades manifestó que la mayoría de los docentes en Venezuela pertenecen a grupos etarios superiores a los 45 años, lo que los convierte en una población de riesgo.
“Son personas que no cuentan con mecanismos de seguridad social que les permita hacerle frente a una enfermedad tan complicada como el coronavirus ni a ninguna otra”, agregó.
Meléndez informó que según datos de la Enobu 2021, 4 de cada 10 profesores padece hipertensión, 9 de cada 10 no puede acceder a medicamentos y el 92% no han sido atendidos en el IPP (Instituto de Prevención Profesoral) por falta de recursos.
Sueldos de hambre
Para Meléndez otro factor que dificulta el retorno a clases de manera presencial es el salario del docente y su equipamiento de cara a garantizar una educación de calidad y la protección adecuada para combatir la Covid-19.
“La convención colectiva no mejoró ninguno de los ingresos de los educadores, 55% de los docentes quedaron excluidos de la distribución de tablets prometida por el gobierno, cuestión que les hubiese permitido trabajar mejor desde casa durante la cuarentena”.
Agregó que el Plan Una Escuela o Universidad en casa no tuvo efecto alguno. “No tomó en consideración las variables, con políticas que atendieran las necesidades de la comunidad universitaria. El Estado no atiende las necesidades de profesores, estudiantes, personal administrativo y obrero y las condicionantes asociadas a la pandemia”.
De acuerdo a la Enobu 2021, 5 de cada 10 docentes no utiliza vehículo para llegar a las universidades y un 45% tienen que ir caminando, mientras que 56% de los estudiantes también lo hacen a pie. 95% de los profesores no usa transporte público por temor a contagio de Covid-19.
En el piso
Además de los problemas de servicios públicos por lo que atraviesan las universidades como escasez de agua y cortes continuos de electricidad, se suma el deterioro de la infraestructura producto de la asfixia presupuestaria.
“70% de las universidades no han sido atendidas por el Plan Universidad Bella del gobierno, las casas de estudios están deterioradas con techos cayéndose, laboratorios que no tienen instrumentos. En la pandemia además hemos registrado 340 delitos en 16 universidades, algunas han sido desvalijadas”, dijo.
El director del OBU igualmente acotó que el Estado sigue empeñado en trastocar la autonomía universitaria e intervenir en procesos administrativos, académicos y de autogestión.
“La designación de autoridades universitarias de manera unilateral en la Universidad Simón Bolívar puede desencadenar una política en cuanto a intervencionismo con la venia de organismos como el Tribunal Supremo de Justicia”.
Estado y organismos internacionales deben intervenir
Para el Observatorio de Universidades, el principal responsable de la crisis universitaria es el Estado venezolano. Afirman que es el propio gobierno quien debe facilitar herramientas para que la educación siga su curso y no ceda ante una coyuntura como la pandemia y la crisis humanitaria compleja.
Meléndez sostuvo que, de continuar estancada la educación universitaria en Venezuela y sin un plan definido, se corre el riesgo de caer en problemáticas de ocio y falta de oportunidades entre la población estudiantil.
“Hay que aplicar un plan de emergencia para la educación, evaluar cada una de las universidades y ver qué requiere. Apenas este mes comenzó un plan de diagnóstico, cuando eso debió hacerse tiempo atrás, de esa manera es muy cuesta arriba que las clases comiencen a finales de octubre como anunció el gobierno”.
Meléndez dijo que ante la incapacidad del gobierno de responder al problema es perentorio que ONG y organismos internacionales tomen cartas en el asunto. “En el sector universitario hay una gran población vulnerable que necesita atención humanitaria y ayudarlos es tarea de todos. Además se requieren fondos para los procesos de investigación que son tan importantes”.
