Venezuela ocupa el último lugar en el índice de Estado de derecho de la World Justice Project 

Desde su fundación en 2010, la ONG Acceso a la Justicia se ha autodefinido como una organización que traduce el derecho en Venezuela y defiende la independencia judicial y el Estado de derecho. 

Su directora ejecutiva y fundadora, Laura Louza, sostuvo que la justicia en Venezuela atraviesa por un período oscuro. 

De acuerdo al ranking de la asociación internacional World Justice Project, Venezuela ocupa el último lugar (puesto 126) en el índice de Estado de derecho. El estudio evalúa justicia civil y penal, derechos fundamentales, ausencia de corrupción, límites del poder gubernamental, regulaciones legales y seguridad. 

“Entre los indicadores destaca especialmente la ausencia de independencia y la influencia del poder ejecutivo en la toma de decisiones de los tribunales”, dijo Louza. 

La directora ejecutiva de Acceso a la Justicia sostuvo que desde el inicio del chavismo en el poder, la autonomía de los poderes es nula. “Se secuestró el Poder Judicial, se le quitó la estabilidad a los jueces, se empiezan a nombrar magistrados fuera de contexto y de los parámetros constitucionales, se hacen leyes habilitantes desde la Asamblea Nacional para que el presidente tuviera potestad para dictar decretos leyes, se emiten sentencias pro poder y en detrimento del ciudadano que erosionan el estado de derecho”, sostuvo Louza. 

Louza manifestó que de 2005 a 2013, la mayoría de las sentencias del  Tribunal Supremo de Justicia fueron ganadas por el Estado, especialmente en las salas Político administrativa, Electoral y Constitucional. “Quedó claro que casi nunca ganaban los ciudadanos”. 

La pandemia llegó para empeorar

Louza sostuvo que Venezuela presentaba indicadores de justicia pésimos antes de la llegada del coronavirus. Ahora en cuarentena y con semanas flexibles y radicales, el retardo procesal se ha agravado.

“A partir de marzo de 2020 los tribunales estuvieron cerrados por seis meses. Mientras en otros países se hace trabajo telemático, aquí hubo una baja tasa de emisión de sentencia y por ende retardo procesal. Prácticamente hubo una paralización, eso fue inédito en la región. Además la situación de conectividad a internet, fallas de electricidad y escasez de combustible afectó tanto a tribunales como a ciudadanos”. 

La directora de la ONG indicó que las actividades se han ido activando lentamente en las semanas flexibles. “Vemos que la Sala de Casación Penal y la Civil casi no emiten sentencia. No han hecho esfuerzo alguno por atender a la gente”.  

Un Estado frágil 

De acuerdo a Louza, la pandemia y la migración masiva han afectado el desempeño de Acceso a la Justicia. “Cada vez hay más fuga de cerebros, es una característica típica de un Estado frágil. Venezuela es un Estado frágil, algunos hablan de fallido, pero el término correcto es frágil, porque las instituciones son endebles. Finlandia, por ejemplo, es institucionalmente fuerte”. 

Louza indicó que dentro del Poder Judicial se amedrenta al personal. “El caso de la juez María Lourdes Afiuni, a quien el propio Chávez mandó a meter presa, pasando por arriba de las instituciones, marcó un antes y un después en la justicia venezolana. No hay oportunidades de trabajo ni de estudio en el sistema, los más capacitados buscan trabajo en otro lado”. 

Trabajo afuera es importante

Aunque no se vean resultados tangibles, Louza considera que las denuncias que se han hecho ante organizaciones foráneas como la Corte Penal Internacional y el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, entre otros, sirven para evidenciar los atropellos cometidos a la hora de una reconstrucción del país.

“Se puede pensar que ese trabajo no tiene sentido, lo primero es dejarlo todo documentado en función de no volver a cometer los mismos errores en el futuro. La denuncia da un espacio de contención, cuando un organismo internacional emite una sentencia a favor de una víctima es una manera de hacer justicia, esa persona se siente tomada en cuenta y es algo que hay que continuar haciendo”.

Louza manifestó que el gobierno se ha provisto de una fachada institucional por lo que a veces resulta complicado exponer los abusos que comete frente al panorama internacional. 

“En la época de Chavez había dinero, un discurso importante y capital humano, entonces la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Este es un modelo obviamente exportable y sentimos que colaboramos para que otros países no se copien. Es un régimen que hace verse como humanista, pero en realidad lo que le interesa es mantenerse en el poder a toda costa sin importar cómo. Ha sido muy difícil que el mundo entienda”. 

La directora de Acceso a la Justicia dijo que al derecho internacional le falta por avanzar. “Hay que buscar mecanismos para hacer efectivas las decisiones, eso se irá desarrollando cada vez más, queda mucho camino”.