Provea denunció asedio a vivienda de dirigente político 

De acuerdo con el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) asedian la vivienda del dirigente del partido político Vanguardia Popular y abogado, Wilnan Molina.

A través de sus redes sociales, Provea denunció que la mañana de este 12 de mayo, presuntos funcionarios del cuerpo de inteligencia gubernamental intentaron ingresar sin orden de allanamiento al inmueble de Molina ubicado en el complejo caraqueño de Parque Central.

“Estamos atentos a la situación y rechazamos este nuevo abuso que se inscribe en la escalada represiva contra dirigentes sociales, políticos y defensores de Derechos Humanos”, escribió Provea.

La organización denunció previamente la desaparición del también abogado y activista de derechos humanos, Eduardo Torres.

Eduardo ha sido víctima de amenazas por su labor. Exigimos conocer sobre su paradero. Ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra”, expuso la ONG.

El miembro de Provea, Marino Alvarado, denunció que la presidenta del Circuito Judicial Penal, Carolina Molino, se negó a recibir el Hábeas Corpus a favor de Torres en el Palacio de Justicia de la capital.

“Esto confirma la política de Estado de negar la admisión de recursos de Hábeas Corpus, incluso en casos urgentes como este. A las 8PM ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra Eduardo Torres”, declaró Alvarado.

  *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Según la organización, el Sebin intentó allanar el inmueble del abogado Wilnan Molina
Marino Alvarado denunció se negaron a aceptar un Hábeas Corpus a favor del también abogado, Eduardo Torres
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redacción runrunes
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De acuerdo con el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) asedian la vivienda del dirigente del partido político Vanguardia Popular y abogado, Wilnan Molina.

A través de sus redes sociales, Provea denunció que la mañana de este 12 de mayo, presuntos funcionarios del cuerpo de inteligencia gubernamental intentaron ingresar sin orden de allanamiento al inmueble de Molina ubicado en el complejo caraqueño de Parque Central.

“Estamos atentos a la situación y rechazamos este nuevo abuso que se inscribe en la escalada represiva contra dirigentes sociales, políticos y defensores de Derechos Humanos”, escribió Provea.

La organización denunció previamente la desaparición del también abogado y activista de derechos humanos, Eduardo Torres.

Eduardo ha sido víctima de amenazas por su labor. Exigimos conocer sobre su paradero. Ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra”, expuso la ONG.

El miembro de Provea, Marino Alvarado, denunció que la presidenta del Circuito Judicial Penal, Carolina Molino, se negó a recibir el Hábeas Corpus a favor de Torres en el Palacio de Justicia de la capital.

“Esto confirma la política de Estado de negar la admisión de recursos de Hábeas Corpus, incluso en casos urgentes como este. A las 8PM ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra Eduardo Torres”, declaró Alvarado.

  *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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