La sexta reestructuración que el TSJ ha sufrido desde el año 2000 quedó en una simple simulación

2022 estaba destinado a ser el año de la justicia en Venezuela. Así lo aseguraron las altas autoridades, quienes vendieron la idea de que las reformas legislativas que pusieron en marcha a finales de 2021 y las institucionales emprendidas en los primeros meses del año, como la designación de un «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estaban destinadas a mejorar y hacer más eficiente al Poder Judicial; y, por consiguiente, haría innecesaria la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el país. Sin embargo, pronto quedó en claro que las promesas de cambio no eran tales.

La sexta reestructuración que el máximo juzgado ha sufrido desde el año 2000 quedó en una simple simulación, y la reducción de treinta y dos a veinte en el número de magistrados no ha traído el «profundo proceso de transformación del sistema de justicia», anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, cuando juramentó en abril pasado a los miembros del organismo rector del Poder Judicial.

Lo anterior no debería sorprender, visto que el 60% de los «nuevos» miembros del organismo rector del Poder Judicial ya venían ocupando ese cargo y fueron reelectos. Esto a pesar de que el artículo 264 de la Constitución señala claramente que «los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años».

El Parlamento obvió esta disposición de la carta magna y en la reforma que en enero pasado hizo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) abrió las puertas para que los funcionarios en ejercicio se pudieran postular para un nuevo mandato, al establecer tal posibilidad en la disposición transitoria segunda de esa ley.

Menos magistrados, mismo TSJ

El «nuevo» TSJ es muy similar al anterior, su única diferencia es que tiene menos magistrados. Sin embargo, como en el anterior, estos tienen vínculos importantes con el Gobierno o el partido de Gobierno: una inmensa mayoría de sus miembros (85%) tienen nexos familiares con altos funcionarios, han ocupado puestos en el Ejecutivo durante las administraciones del fallecido Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, han militado en el Partido Socialista de Unido de Venezuela (PSUV) o simplemente han respaldado sus actuaciones, una situación que genera dudas más que razonables respecto a su independencia.  

Por ejemplo, la actual presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, se desempeñó temporalmente como alcaldesa de Caracas tras la renuncia de Erika Farías, mientras que la actual integrante de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, fue durante una década rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y antes de eso diputada por el extinto Movimiento Quinta República (MVR).

Esta situación provocó alarma internacionalmente. «Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes», denunció la exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio del año pasado.

El nombramiento de magistrados afectos al oficialismo explica por qué el máximo juzgado continúa avalando las decisiones del Gobierno y rechazando todas aquellas que se oponen a ellas. Ejemplos recientes son los cuatro fallos de la Sala Político Administrativa que desecharon las demandas contra el instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) interpuestas por un grupo de universidades, sindicatos y jubilados, o la sentencia de la Sala Electoral que suspendió parcialmente las elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en las cuales el oficialismo salió mal parado.

Por su parte, la Sala Constitucional ha continuado interviniendo colegios profesionales y organizaciones sindicales.

Los problemas siguen iguales

En los casi ocho meses que han transcurrido desde que la elección de este «nuevo» TSJ, el organismo no ha adoptado ninguna medida tendiente a atacar uno de los problemas más serios que quejan a la justicia venezolana: la provisionalidad.

Esto tampoco debería ser sorpresa, porque desde 2004 el máximo juzgado no adjudica un solo cargo de juez mediante concursos de oposición. La última vez que un magistrado habló del asunto fue en 2009, cuando el entonces director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Arcadio Delgado Rosales, prometió que en 2010 se retomarían, algo que no ocurrió.

Acceso a la Justicia, en un informe publicado en mayo de 2022, reveló que, en el mejor de los casos, de los 844 jueces penales que hay en el país, solamente 164 son titulares (19,43%) y 609 son provisorios (72,16%).

Al ser jueces provisorios, temporales, accidentales, suplentes o itinerantes, el TSJ no considera que estos funcionarios gocen de estabilidad en el cargo y, por lo tanto, los puede remover sin ningún procedimiento previo que le garantice su derecho a la defensa. Esta situación los hace vulnerables y susceptibles a recibir instrucciones para mantener sus puestos, según han advertido tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

No es de extrañar que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, nada más revisar la reforma de la Ley Orgánica del TSJ advirtiera que la remodelación del organismo podría «perpetuar» los problemas que aquejan a la justicia.

Cambios de rostros, no de políticas

Pero no solo en el TSJ se produjeron presuntos cambios. La AN también designó a los nuevos titulares de los organismos subordinados al TSJ, tales como el director de la Escuela de la Magistratura y la Inspectora General de Tribunales. Asimismo, hubo la designación de un «nuevo» Defensor Público General.

No obstante, no se cumplieron los planes de renovar al Ministerio Público, organismo que viene siendo dirigido por Tarek William Saab, quien llegó allí por decisión de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017. Tampoco ha habido cambios respecto de la Defensoría del Pueblo, cuya máxima autoridad, Alfredo Ruiz, también fue designado por la ANC