Aumento de violencia de género en Bolívar derivó en 19 casos de femicidios durante 2021 - Runrun
Aumento de violencia de género en Bolívar derivó en 19 casos de femicidios durante 2021
Datos de la organización Codehciu sobre los diferentes tipos de vulneraciones hacia niñas, adolescentes y mujeres, advierten sobre un panorama alarmante de violaciones de derechos humanos

El estado Bolívar cerró el 2021 con 19 femicidios reportados por medios de comunicación regionales, según el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). La cifra es parte del total de víctimas de diferentes tipos VBG que la organización no gubernamental (ONG) registró durante el 2021.

La ONG advierte que no solo el contexto de emergencia humanitaria compleja (EHC) o la pandemia por COVID-19 afecta en gran parte la disminución considerable de la calidad de vida de niñas, adolescentes y mujeres en el estado. “La violencia basada en género (VBG) cobra vidas todos los años y continúa aumentando conforme el Estado venezolano sigue sin garantizar los derechos humanos de ellas. Asimismo, las víctimas registradas en 2021 revelan un panorama de vulneraciones”, manifiestan.

Explican que la cifra de femicidios representa solo una parte de la realidad narrada por los medios de comunicación, y alertan que esto no resta importancia al contexto de vulnerabilidad que viven las bolivarenses.

Entre enero y diciembre de 2021, el monitoreo de Codehciu registró 210 mujeres víctimas de diferentes tipos de agresiones (además de los femicidios) como la física, sexual, amenazas, trata de mujeres, actos lascivos, y demás. Todos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 15.

La violencia física registró 95 víctimas y fue el tipo de agresión con más reportes en medios de comunicación regionales.

Indican que este tipo de violencia se caracteriza por ser toda acción u omisión que está dirigida a ocasionar daño físico a las mujeres. Esto puede evidenciarse en lesiones internas o externas, quemaduras, empujones, o cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física, como lo destaca la ley orgánica.

Vulneración de derechos 

La violencia sexual es el segundo tipo más registrado en el monitoreo anual de Codehciu. La ley orgánica la describe como toda conducta que vulnere el derecho de ellas a decidir voluntariamente su sexualidad. Puede referirse a toda forma de contacto sexual, genital o no genital, como la violación o los actos lascivos.

Según registros de años pasados, la organización defensora de derechos contabilizó 179 víctimas en 2019, y 185 en 2020.

Codehciu denuncia que ha registrado un aumento de casos de VBG entre 2019 y 2021 en el estado Bolívar. “Este registro es un reflejo de la realidad ignorada por los órganos competentes para educar, prevenir y sancionar a los agresores. Esta falta de respuesta, advierte la organización, es una vulneración a los derechos humanos de las mujeres”, condenan.

Por otro lado, alertan que la búsqueda de justicia por parte de las mujeres sobrevivientes se ve dificultada por la crisis humanitaria.

“De acuerdo a los testimonios recibidos en la sede de la organización, el camino para poder recibir una respuesta digna tiene obstáculos como: tratos revictimizantes por parte de funcionarios, caso omiso a solicitudes de protección; algunas no han tenido acceso al estatus de su caso, y otras han sido víctimas de tratos degradantes en centros de salud”, explican.

Hasta noviembre del año pasado, 162 mujeres sobrevivientes de violencia fueron atendidas de manera psicosocial en la sede de Codehciu en el municipio Caroní.

Femicidios durante 2021 

El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, define al femicidio como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

El último boletín informativo de la organización, publicado en diciembre de 2021, refleja algunos nombres de víctimas de femicidios registrados hasta noviembre.

Juana Manrique fue asesinada por su hijo de 20 años a principios de agosto tras recibir múltiples golpes en su cuerpo, en el municipio Angostura del Orinoco.

Por otro lado, Luzdani Paola Bravo Ramos, de 35 años, fue asesinada por su expareja. Su victimario lanzó el cuerpo de la mujer al río Caroní en el Parque Cachamay.

La joven Karla Rivero, de 21 años, fue asesinada con arma de fuego por un hombre. Días después, durante septiembre, la cabeza decapitada de Jersis Fernández fue hallada en un bolso en El Callao; se dedicaba al comercio informal y se trasladó desde Falcón para mejorar sus condiciones económicas.

En junio de 2021 la organización también alertó sobre 4 femicidios más: Dorialcely del Valle Tocuyo, de 29 años, y Martha Aristizábal, de 37 años: ambas asesinadas la primera semana de junio en el municipio El Callao. Claritza Cova, de 45 años, y Alexandra López Cova, de 16 años: ambas asesinadas el 11 de junio en el municipio Padre Pedro Chien.

La responsabilidad del Estado 

Codehciu explica que el Modelo de protocolo Latinoamericano también resalta que estos hechos de violencia tienen sus raíces en “conceptos referentes a la inferioridad y subordinación”; por ende, no se trata de casos aislados, sino de una “situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.

“Los femicidios son el reflejo de una cultura de odio y discriminación contra niñas, adolescentes y mujeres”, denuncian.

De acuerdo a la organización, esto implica también una alta responsabilidad del Estado y sus organismos, en un contexto que puede marcar el fracaso del sistema de justicia en alcanzar la sanción de los agresores y la reparación de las víctimas.

Codehciu exhorta al Estado y sus funcionarios a proteger las vidas de niñas, adolescentes y mujeres en este contexto de EMC. Es de suma urgencia que las víctimas o sobrevivientes logren alcanzar la justicia.

“La prevención de la violencia también es un deber de los Estados, para reconocer y asegurar los derechos de las mujeres. Lo que implica combatir el patrón de impunidad y realizar investigaciones imparciales que no busquen revictimizar a las sobrevivientes”, manifiestan.