El anuncio se produce tres años después de que convirtiera a todos los funcionarios en personal de libre nombramiento y remoción
Tarek William Saab sigue desandando sus pasos. Así, tras sorprender en mayo pasado con la admisión de que el concejal opositor Fernando Albán no se quitó la vida en octubre de 2018, mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y que ciertamente fue asesinado por sus captores, este 21 de octubre informó sobre la puesta en marcha de un plan para combatir la provisionalidad dentro del organismo. Esto, a pesar de que él convirtió a todos los trabajadores de la instancia en funcionarios de libre nombramiento y remoción.
«En el marco de la reestructuración y de la transformación positiva y progresiva de este Ministerio Público», Saab anunció «la activación de un plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos». Durante una rueda de prensa, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente dijo que su iniciativa reconocerá «la trayectoria laboral de los fiscales provisorios, quienes previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercicio el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de cuatro años podrán aspirar a la titularidad del mismo».
Seguidamente, explicó que el aspirante a fiscal titular deberá “«tener nacionalidad venezolana; ser mayor de 25 años; ser abogado o abogada y de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral». También deberá estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; es decir:
«no estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública; no haber sido objeto de sanción penal por decisión definitivamente firme por la comisión de un delito, no haber sido objeto de sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de funciones en los 5 años previos o haber sido destituido y haber cursado estudios de especialización en una universidad debidamente acreditada».
El anuncio de Saab se produce justo tres años después de que él convirtiera a todos los funcionarios del Ministerio Público en personal de «libre nombramiento y remoción». Esto ocurrió con la reforma que sufrió el artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público el 13 de septiembre de 2018 y en la cual se estableció que todos los cargos del organismo eran «de confianza» y, por lo tanto, su continuidad dependía de su voluntad.
Con esta modificación el fiscal general se arrogó el poder de designar y remover a cualquiera de los cerca de 7.000 trabajadores del organismo encargado de investigar e identificar a los autores de los crímenes que ocurren en el país. Una potestad que Saab, como sus antecesores, no ha dudado en emplear.
En la misma intervención en la que anunció este nuevo plan, también aseveró que desde agosto de 2017 ha removido a unos 300 fiscales, bajo la excusa de estar implicados en presuntas irregularidades administrativas y/o hechos decorrupción.
Nada nuevo bajo el sol
El plan de regularización presentado por Saab tiene sabor a refrito. ¿La razón? Es casi idéntico al llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2005, bajo la gestión del fallecido magistrado Omar Mora Díaz y que fue bautizado como Plan para la Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial (PREMIUS). Asimismo, es casi calcado al que la ahora fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, puso en marcha en 2012.
En primer término, solamente los fiscales en ejercicio podrán participar en los eventuales concursos, pero no cualquiera, sino aquellos que tengan cuatro años en su cargo; es decir, aquellos designados por Saab también podrán participar. Los potenciales candidatos verán cómo sus currículos y trayectoria serán revisados por un equipo de evaluadores designados por la Escuela Nacional de Fiscales; quienes superen dicha revisión serán sometidos a pruebas orales y escritas.
Aunque la iniciativa es un avance, no se ajusta a lo establecido en el artículo 286 de la Constitución y en el 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La primera norma señala que:
«la ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio Público en el ámbito nacional, estadal y municipal, proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales o fiscalas del Ministerio Público. Asimismo, establecerá las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su función».
Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé: «Para ingresar a la carrera se requiere aprobar un concurso público de credenciales y de oposición. El Fiscal General de la República, mediante resolución, establecerá las bases y requisitos del concurso, con arreglo a lo dispuesto en esta ley».
Las disposiciones antes citadas no privilegian a los funcionarios en ejercicio ni mucho menos les cierran las puertas a los abogados que no laboran en el Ministerio Público para participar en estos procesos y optar por el cargo de fiscal.
¿Otra jugada para despistar al mundo?
El plan de regularización parece otro movimiento de Saab para acallar las críticas internacionales que su despacho, y el Poder Judicial en general, han recibido en los últimos años debido a su falta de independencia y su sumisión al Gobierno.
El hecho de que la totalidad de los fiscales, más de 2.200, de acuerdo con los últimos datos disponibles, puedan ser despedidos de un momento a otro y sin ningún tipo de procedimiento abre las puertas para que sean objeto de presiones al momento de actuar y, por lo tanto, siembra dudas en relación a que sus actuaciones sean autónomas y estén apegadas a la letra de la ley.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, en su segundo informe sobre el país, publicado en septiembre pasado, denunció lo siguiente:
«Las y los fiscales de todos los niveles informaron haber recibido en ocasiones instrucciones sobre cómo manejar los casos, aunque no necesariamente en todos los supuestos. Dichas intervenciones, que provenían tanto desde fuera como de dentro de la jerarquía fiscal, eran especialmente comunes en casos contra actores vinculados a intereses políticos, de seguridad, económicos y/o criminales, así como en casos relacionados con detenciones en el contexto de protestas políticas».
En las últimas dos décadas la justicia venezolana ha recibido cada vez más duros cuestionamientos de parte de instancias internacionales. Sin embargo, dichas críticas comenzaron a recorrer el globo de los exámenes periódicos universales de la ONU a los que se ha sometido el país en 2011 y 2016, y en los cuales la independencia de los jueces, fiscales y defensores ha sido uno de los temas centrales.
Ortega Díaz tomó nota de estos señalamientos y se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a entablar medidas para atacar la provisionalidad, algo que la Ley Orgánica del Ministerio Público le ordenaba hacer para 2008. «Para que haya independencia en los órganos del sistema de justicia es necesario que llamemos a esos concursos para darle estabilidad a los fiscales», aseguró en 2012 la funcionaria. Sin embargo, tampoco hizo lo que debía y solo el 1% de los fiscales superiores y el 0,2% del resto eran titulares, según la información publicada en su página web en 2017 y procesada por Acceso a la Justicia.
