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HACE DOS días se supo que el diputado Gilber Caro se encuentra en una prisión. Llevaba 35 días desaparecido. Un grupo de hombres no identificados llegaron al local de comida donde se encontraba y se lo llevaron detenido en la madrugada del viernes 26 de abril. Desde entonces, y a pesar de muchas denuncias y de grandes esfuerzos de sus familiares y abogados, no se sabía nada sobre él.

Parece una escena de las dictaduras militares que azotaron el sur del continente a mediados del siglo XX. Pero no. Por desgracia, es una situación bastante frecuente en la Venezuela actual. No en balde, Amnistía Internacional (AI) acaba de publicar un informe sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es la primera vez en la historia de América Latina que esta organización realiza un señalamiento de este tipo antes de que alguna corte haya dado un dictamen. Nicolás Maduro y su gobierno han transformado al Estado en un fábrica de abusos, torturas y muertes.

Hace unos días, en una entrevista televisiva, el fiscal general nombrado por el chavismo reconoció que Gilber Caro “está siendo investigado”. De esta manera, evidenció que el diputado había sido secuestrado y permanecía, de forma arbitraria y clandestina, retenido por algún organismo de seguridad policial o militar. Algo similar ocurre con Édgar Zambrano, a quien el gobierno acusa de haber participado en la fallida rebelión del 30 de abril. El parlamentario fue detenido hace veinticinco días y, hasta la fecha, nadie sabe dónde está, en qué lugar y en qué condiciones se encuentra. Ningún organismo ni ninguna institución se sienten en la obligación de informar o de ofrecer alguna explicación. La violación a los derechos humanos ya es parte de la normalidad oficial en Venezuela. El gobierno asume que su violencia es consustancial a su ejercicio del poder.

Los casos de persecución a la dirigencia política son cada vez más frecuentes y abarcan un amplio espectro de posibilidades, donde se puede incluir la extraña muerte del concejal Fernando Albán, cuyo cuerpo cayó desde el décimo piso de una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En general, en estos momentos, gran parte de la dirigencia opositora del país está inhabilitada o o encarcelada, asilada en alguna embajada, tratando de escapar o exiliada en un país extranjero. Quienes, adentro y afuera, pretenden legitimar las acciones del gobierno y acusan de golpismo y terrorismo a estos líderes tan solo repiten el ejemplo señalado: en el fondo, se trata del mismo argumento que usaron Pinochet, Videla o Stroessner para reprimir y aniquilar ferozmente a quienes los adversaban.

Lo alarmante y aterrador es constatar que no se trata de casos aislados o de una práctica que se circunscribe únicamente al ámbito del liderazgo político. A medida que el gobierno de Nicolás Maduro se ha ido haciendo más frágil, se ha vuelto más paranoico, ha extendido sus sospechas, multiplicando sus arbitrariedades. No solo se acosa, se detiene o se encarcela a militares, a estudiantes, a líderes comunitarios, a periodistas, a médicos, a dirigentes sindicales que han aceptado donaciones o que han denunciado irregularidades en el servicio de salud pública… Hay también otros casos. Como forma de chantaje o extorsión, se procede contra familiares de personas buscadas por los aparatos de inteligencia chavista para obligarlas a entregarse. Desde hace un año está detenido un ciudadano que publicó la ruta aérea de un viaje que realizaría Nicolás Maduro dentro del país. También pasó por la cárcel, y por un largo proceso judicial, un joven que se burló en una red social del hijo de Maduro. Dos jóvenes se encuentran detenidos en celdas de la policía política por haber tenido un confuso altercado con el hijo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos ante una élite que solo se rige por la ley del más fuerte y que ya se ha acostumbrado a decidir fácilmente sobre la vida y la muerte de los otros.

Es imprescindible destacar en este contexto la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritas a la policía nacional, que desde el año 2016 se han visto comprometidas en múltiples acciones violentas, muchas de ellas en los barrios populares, con terribles saldos de personas heridas y asesinadas. Es un comando que ha sido catalogado como “grupo de exterminio” por algunas organizaciones de la sociedad civil y que, de manera permanente, aparece nombrado en los numerosos testimonios recogidos en el informe de Amnistía Internacional.

La conclusión de la investigación no deja lugar a dudas: “Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las muertes por uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y masivas, los posibles actos de encubrimiento, así como la falta de investigación de estos en enero de 2019, no fueron hechos azarosos. Por el contrario, formaron parte de un ataque conformado por múltiples actos de violencia, que estuvo previamente planeado y dirigido contra una población distinguible: aquellas personas opositoras o percibidas como tal por el gobierno”.

Amnistía Internacional establece que se trata de un patrón similar al que se puso en práctica contra de las protestas ciudadanas en 2014 y en 2017. La autoproclamada Revolución bolivariana se ha convertido en una máquina de matar. Frente a esto, AI propone la creación de una comisión internacional que investigue, con absoluta imparcialidad y transparencia, la situación de los derechos humanos en el país. Cualquier esfuerzo de cualquier nación extranjera destinado a lograr un acuerdo político y pacífico, no puede dejar de lado esta realidad. No puede haber diálogo o negociación mientras haya presos políticos, mientras se mantenga la persecución y la violencia en el país. Antes de iniciar una negociación, el gobierno de Maduro debe detener esta cotidiana y sostenida matanza en Venezuela.

YANSNIER ARIAS SABÍA QUE ESTABA MAL. Violaba la constitución y además el juramento que hizo para ejercer como médico en Cuba.

Había sido enviado a Venezuela por el gobierno cubano: era uno de miles de médicos desplegados para reforzar los vínculos entre ambos aliados y para mitigar el colapso del sistema de salud en Venezuela.

Aunque con la reelección del presidente Nicolás Maduro en juego, no estaba permitido que todos recibieran tratamiento, dijo el doctor Arias.

Un paciente de 65 años con insuficiencia cardiaca llegó a la clínica y requería con urgencia de oxígeno, según Arias. Recordó que los tanques estaban listos, en otra habitación.

Pero señala que sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno debía usarse como arma política: no para las emergencias médicas del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera más cerca, como parte de una estrategia nacional para obligar a los pacientes a votar por el gobierno.

Maduro y sus partidarios han usado a su favor el colapso económico de la nación para mantenerse al mando de Venezuela: han tentado a votantes hambrientos con comida, han prometido subsidios adicionales con la victoria de Maduro y han exigido que la gente que acudiera a las urnas presentara los carnets de identificación partidista para el reparto de raciones del gobierno.

Pero quienes han participado en dichos ardides cuentan que Maduro y sus simpatizantes también han estado usando otra herramienta: el cuerpo médico internacional de Cuba.

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LA OPULENTA VIDA DE LA FAMILIA ANDRADE fue tan espectacular como el colapso económico del país que dejaron atrás.

La familia de inmigrantes venezolanos vivía en una mansión en Florida rodeada de caballos de exhibición, con vecinos mirando asombrados por encima de la línea de la propiedad. El patriarca de la familia, Alejandro Andrade, había sido guardaespaldas del presidente Hugo Chávez antes de ascender a posiciones poderosas en su gobierno.

Este mes, Alejandro Andrade será conocido por otra cosa: el 27 de noviembre, se espera que sea sentenciado por aceptar sobornos como tesorero de Venezuela, en un plan de lavado de dinero que lo convirtió en multimillonario.

Venezuela está enfrentando su peor crisis económica en la historia moderna. La inflación y la devastadora escasez de alimentos y medicamentos han obligado a más de tres millones de personas a huir del país, según la Organización de Naciones Unidas.

Pero entre los que se han ido de Venezuela hay una pequeña pandilla que hizo fortunas en secreto, incluidos funcionarios del gobierno, empresarios bien conectados y líderes militares que desviaron miles de millones de dólares. Muchos argumentan que esta corrupción tan arraigada sentó las bases para el actual colapso de Venezuela.

Los beneficiarios incluso tienen un nombre: «boliburgueses», un término que se usa a menudo para la nueva oligarquía que surgió bajo la «Revolución Bolivariana», de inspiración socialista de Chávez.

«¿Cómo podría ser que un empleado del gobierno tuviera 60 caballos?», dijo Franklin Hoet-Linares, un abogado venezolano que vive a poca distancia de la casa de Andrade en Wellington, Florida, cerca de West Palm Beach.

El acuerdo de declaración de culpabilidad de Andrade y una acusación en que se resumen los sobornos que recibió fueron revelados esta semana en el Tribunal Federal del distrito de Florida. Ofrecen una mirada a la forma en que la élite de Venezuela amasó fortunas antes de marcharse al sur de la Florida.

Con su poderosa posición en Venezuela, Andrade recolectó una impresionante variedad de sobornos, según afirman los documentos, incluidos tres aviones privados, un yate, caballos y «numerosos relojes de alta gama». En su declaración de culpabilidad, el ex tersorero admitió haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos.

Es uno de los muchos funcionarios venezolanos acusados ​​de enriquecerse con las arcas estatales o las actividades ilegales.

Los funcionarios estadounidenses impusieron sanciones este año a Diosdado Cabello, uno de los políticos más poderosos de Venezuela, acusándolo de tráfico de drogas, extorsión y malversación de dinero del gobierno. El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, está siendo acusado en Estados Unidos por recibir pagos para ayudar a los traficantes a transportar cocaína.

Y el círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro, que incluye a su esposa, su ministro de defensa y otros, «saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela», sostienen los funcionarios estadounidenses. Varios de ellos también están bajo sanciones.

El caso del gobierno estadounidense contra Andrade está, de hecho, construido alrededor de otro multimillonario venezolano, Raúl Gorrín, que es dueño de la red de noticias Globovisión y que ha estado viviendo en Miami.

Gorrín le pidió a Andrade, identificado como «Funcionario extranjero 1», que lo ayudara a garantizar los lucrativos derechos para realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano, según los documentos federales.

Cuando Andrade recibió una factura por $ 174,800 para transportar sus caballos, simplemente la envió a Gorrín, quien pagó la factura desde su cuenta bancaria personal en Suiza. En 2012,  Gorrín envió una transferencia bancaria de $ 20 millones de un banco suizo para comprar un avión para Andrade, según el acuerdo de culpabilidad.

Cargos separados contra Gorrín, incluyendo nueve cargos de lavado de dinero, fueron revelados esta semana. Andrade y otros venezolanos quedaron bajo la jurisdicción de los fiscales estadounidenses que dicen que sus transacciones de lavado de dinero pasaron a través del sistema financiero de Estados Unidos.

Andrade ha perdido sus activos, incluidos bienes raíces, aeronaves, caballos y cuentas bancarias, y se enfrenta a una pena de prisión máxima de 10 años. Gabriel Jiménez, un venezolano en Chicago que era dueño de un banco que solía pagar los sobornos, también se declaró culpable, dijeron funcionarios estadounidenses.

En Venezuela, a Andrade se le conocía por el apodo de «El tuerto», ya que, cuenta una historia popular, Húgo Chávez lo golpeó en el ojo por error durante un juego de béisbol. Los dos se volvieron cercano cuando Andrade participó en el fallido intento de Chávez de tomar el poder en un golpe de Estado de 1992.

En 1998, cuando Chávez se postuló para presidente y ganó, Andrade fue su guardaespaldas. Una década más tarde, había subido de rango a un papel mucho más prominente, como tesorero de la nación.

Luego, en 2012, no mucho antes de que Chávez muriera de cáncer, Andrade se mudó a Florida.

Los Andrades fueron quizás más conocidos en Estados Unidos por sus caballos, con una lujosa colección de corceles y sus coloridos nombres, como Bon Jovi y Hardrock Z.

«Tenía muchos caballos», dijo Elizabeth Madden, ecuestre ganadora de la medalla olímpica estadounidense. “Se ve que en esta industria, la gente compra caballos y cosas así. No sabes de dónde viene el dinero «.

La vida cotidiana del hijo de Andrade, Emanuel, un competidor de saltos, sigue siendo una crónica en Instagram, donde se pueden ver imágenes de un estilo de vida de jet set con competiciones en Londres y Madrid.

En una foto, Emanuel Andrade monta a caballo en París con la Torre Eiffel al fondo. Otra imagen que circuló en los sitios de noticias de América Latina muestra a Emanuel Andrade posando junto a Kendall Jenner, el modelo estadounidense.

Andrade padre también se hizo conocido en los círculos sociales de Florida, según McLain Ward, un medallista ecuestre olímpico que dijo que patrocinó eventos para jóvenes jinetes, a menudo en los que su hijo estaba compitiendo.

Pero más allá de eso, los detalles sobre la familia eran vagos, dijo.

«Sabíamos que era un venezolano que vivía aquí, pero no muy bien de su familia», dijo Ward, quien le vendió dos caballos a Andrade hace un par de años. «Sabíamos que estaban involucrados en el gobierno de alguna manera».

Hoet-Linares, el abogado venezolano que vive cerca de la mansión de Andrade, dijo que sigue enfadado por el beneficio de los venezolanos bien conectados, mientras que muchas personas en el país no tienen suficiente para comer.

Hace dos años, dijo, abordó a Andrade en una fiesta sobre las sumas que había tomado y la posibilidad de usar el dinero para reconstruir Venezuela.

«Dije: ‘Mira, encontremos una manera de ayudar al país'», recordó el abogado. «Creo que se sorprendió un poco. Dijo: «Me voy a un viaje, podemos hablar cuando regrese».

Hoet-Linares no recibió respuesta. Pero si bien la confiscación de los activos a Andrade es un paso en la dirección correcta, dijo, está lejos de ser suficiente.

«Lo más perverso de la corrupción venezolana es que el dinero que toman internacionalmente y en los Estados Unidos no va a la tesorería de Venezuela», dijo.

Esta semana, la comunidad ecuestre tampoco supo qué hacer con la cantidad de dinero que los Andrades habían acumulado.

«Si es un jinete tan fuerte como creo que es, se recuperará», escribió Allie Rose Crowell, una competidora ecuestre, en Facebook sobre Emanuel Andrade en respuesta a las noticias.

«Pero no perdono a las personas que roban mil millones de dólares de una de las naciones más pobres del planeta y las utilizan para su propio beneficio».

Escrito por Nicholas Casey para The New York Times.

Traducido libremente por Runrun.es

EN EL INVENTARIO DE DESGRACIAS que ha dejado el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela deberá contabilizarse una pérdida irremediable: las crisis económica y política de la Revolución bolivariana han provocado una diáspora de tres millones de expatriados —aproximadamente el ocho por ciento de la población—, que ha dejado hipotecado el futuro del país y en bancarrota sus instituciones culturales. Así lo reseña el New York Times.

La amarga situación de los 3000 venezolanos que cruzan a diario la frontera con Colombia ha despertado una enorme solidaridad regional, pero también una preocupación natural en los países de acogida —¿cómo debe prepararse una nación para recibir a tantos desplazados?— y, en ocasiones, un sentimiento antiinmigrante. Para combatir esa tentación xenofóbica, haríamos bien en recordar una de las mayores lecciones de las grandes oleadas migratorias de los siglos XIX y XX: los países que albergaron a los exiliados, migrantes y desterrados —de guerras civiles, hambrunas o gobiernos autoritarios— salieron culturalmente beneficiados.

Mientras las calamidades no cesen en la Venezuela de Maduro, el flujo de migrantes venezolanos seguirá siendo masivo y seguirá siendo un enorme desafío para Colombia y el resto de los países de América Latina. En esa marea migratoria hay numerosos intelectuales, artistas y universitarios. Según un estudio de 2015, realizado entre estudiantes de cuatro universidades de Venezuela, un 88 por ciento de los encuestados tenía intenciones de abandonar el país.

Colombia, el país que ha recibido más expulsados venezolanos, podría ser la heredera intelectual de la Venezuela en exilio. Colombia tiene ahora la oportunidad no solo de dar un ejemplo humanitario, sino de aprovechar para su desarrollo los frutos de la cultura venezolana.

La historia migratoria de la propia Venezuela es un ejemplo: durante la segunda mitad del siglo XX, el país aprovechó la experiencia y talento de las olas migratorias de españoles, portugueses, italianos, uruguayos, chilenos, peruanos, ecuatorianos y colombianos. Gracias a ese influjo de mano de obra calificada extranjera, se crearon las grandes empresas textiles y de alimentos venezolanas y las instituciones culturales florecieron.

Hoy, sin embargo, los cruces de la frontera corren en sentido inverso y somos muchos los venezolanos que trabajamos en Colombia y para ella devolviendo, de alguna forma, mucho de lo que recibimos de la migración que llegó a nuestro país a partir de la década de los cincuenta.

A principios de los 2000, una de las primeras olas de migración de Venezuela a Colombia, trajo a gerentes y técnicos petroleros despedidos por Hugo Chávez de la estatal Petróleos de Venezuela. Estos migrantes altamente especializados impulsaron el despegue de la modesta industria petrolera colombiana, que multiplicó su actividad de 560.000 barriles diarios a 900.000 barriles en 2011. Mientras que la producción petrolera venezolana está en el nivel más bajo de los últimos treinta años, Colombia se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo a Estados Unidos.

En una ola migratoria posterior, de 2010 a 2014, llegaron a Colombia numerosos académicos, editores y periodistas que salieron de Venezuela por diferencias ideológicas con el chavismo, un régimen corrupto, autoritario y que ha remplazado la meritocracia por el nepotismo.

El enorme capital cultural de Venezuela fue una de las primeras víctimas del chavismo. En 2001, Chávez develó su política cultural y trazó la hoja de ruta de su revolución: despidió a treinta directivos de las instituciones culturales más importantes. Nombró a nuevos directores de museos, galerías, teatros, editoriales, cines, academias de danza y orquestas sinfónicas que estuvieran “en sintonía con el proceso revolucionario”. Así acabó con la intensa vida cultural que Venezuela había desarrollado desde el siglo XIX.

Los grandes centros culturales de Venezuela, que fueron referencia en toda América Latina, hoy están en la carraplana. El Museo de Arte Contemporáneo Sofía Ímber —que desde 2001 no lleva el nombre de su fundadora— usa el arte para hacer proselitismo, tiene un presupuesto exiguo, no adquiere obras, no se investiga ni se editan catálogos y las exposiciones se basan en las colecciones adquiridas durante su época dorada —la última muestra se titula Camarada Picasso—; de las trece salas solo funcionan un par y muchos de sus curadores y críticos se han jubilado o se han ido del país.

Las editoriales Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila Editores dejaron de publicar clásicos y exhiben un catálogo menguado, con tirajes mínimos y una marcada línea ideológica —de sus doce novedades del año, cinco son reediciones, entre ellas, el Manifiesto comunista—; el Teatro Teresa Carreño quedó reducido a la sala de eventos presidenciales cuando Chávez aún estaba vivo, las academias de ballet clásico y danza contemporánea que se presentaban ahí funcionan a medias y con una programación cultural exigua. El Premio Rómulo Gallegos, que llegó a ser una de las citas literarias más prestigiosas de Hispanoamérica, se entregó por última vez en 2015, con el argumento de que no se disponía de los 100.000 dólares que ofrecía el premio. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional fueron cruciales en la vida cultural latinoamericana y sirvieron como modelos para otros países del mundo. Hoy, aunque El Sistema sigue en pie, se suspendieron las giras mundiales que anualmente hacía la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y, para diciembre de 2017, cuarenta de sus 120 músicos habían emigrado.

“SOY PARTE DE LA RESISTENCIA DENTRO DEL GOBIERNO DE TRUMP”. Bajo ese título, The New York Times tomó hoy la inusual decisión de publicar una columna de opinión anónima. Lo hemos hecho de esa forma a pedido del autor, un funcionario de alto rango en el gobierno de Trump cuya identidad conocemos y cuyo empleo estaría en riesgo por divulgar esta información. Creemos que publicar este ensayo de forma anónima es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores.

El presidente Trump enfrenta una prueba a su presidencia como la que ningún líder estadounidense moderno ha enfrentado.

No se trata solamente del alcance que puede tener la investigación del fiscal especial. O de que el país esté amargamente dividido respecto del liderazgo de Trump. Ni siquiera de que su partido pueda perder la Cámara de Representantes ante una oposición empeñada en derrocarlo.

El dilema —que él no entiende por completo— es que muchos de los funcionarios de alto rango en su propio gobierno trabajan diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones.

Yo sé que es así. Yo soy uno de ellos.

Para ser claros, la nuestra no es la popular “resistencia” de la izquierda. Queremos que el gobierno tenga éxito y pensamos que muchas de sus políticas ya han convertido a Estados Unidos en un país más seguro y más próspero.No obstante, creemos que nuestro primer deber es con este país, y el presidente continúa actuando de una manera que es perjudicial para la salud de nuestra república.

Es por eso que muchos funcionarios designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y al mismo tiempo frustrar los impulsos más erróneos de Trump hasta que deje el cargo.

La raíz del problema es la amoralidad del presidente. Cualquier persona que trabaje con él sabe que no está anclado a ningún principio básico discernible que guíe su toma de decisiones.

Aunque fue electo como republicano, el presidente muestra poca afinidad hacia los ideales adoptados desde hace mucho tiempo por los conservadores: libertad de pensamiento, libertad de mercado y personas libres. En el mejor de los casos, ha invocado esos ideales en ambientes controlados. En el peor, los ha atacado directamente.

Además de su mercadotecnia masiva de la noción de que la prensa es el “enemigo del pueblo”, los impulsos del presidente Trump son generalmente anticomerciales y antidemocráticos.

No me malinterpreten. Hay puntos brillantes que la cobertura negativa casi incesante sobre el gobierno no ha captado: desregulación efectiva, una reforma fiscal histórica, un Ejército fortalecido y más.

No obstante, estos éxitos han llegado a pesar del —y no gracias al— estilo de liderazgo del presidente, el cual es impetuoso, conflictivo, mezquino e ineficaz.

Desde la Casa Blanca hasta los departamentos y las agencias del poder ejecutivo, funcionarios de alto rango admitirán de manera privada su diaria incredulidad ante los comentarios y las acciones del comandante jefe. La mayoría está trabajando para aislar sus operaciones de sus caprichos.

Las reuniones con él se descarrilan y se salen del tema, él se involucra en diatribas repetitivas y su impulsividad deriva en decisiones a medias, mal informadas y en ocasiones imprudentes, de las que posteriormente se tiene que retractar.

“No hay manera, literalmente, de saber si él cambiará su opinión de un minuto al otro”, se quejó ante mí un alto funcionario recientemente, exasperado por una reunión en el Despacho Oval en la que el presidente realizó cambios en una importante decisión política que había tomado solo una semana antes.

El comportamiento errático sería más preocupante si no fuera por los héroes anónimos dentro y cerca de la Casa Blanca. Algunos de sus asistentes han sido personificados como villanos por los medios. Sin embargo, en privado, han hecho grandes esfuerzos para contener las malas decisiones en el Ala Oeste, aunque claramente no siempre tienen éxito.

Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadounidenses deberían saber que hay adultos a cargo. Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo. Y tratamos de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hace.

El resultado es una presidencia de dos vías.

Por ejemplo, la política exterior. En público y en privado, el presidente Trump exhibe una preferencia por los autócratas y dictadores, como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y muestra poca aprecio genuino por los lazos que nos unen con naciones aliadas que piensan como nosotros.

Sin embargo, observadores astutos han notado que el resto del gobierno opera por otro camino, uno en el que países como Rusia son denunciados por interferir y sancionados apropiadamente, y en el que los aliados alrededor del mundo son considerados como iguales y no son ridiculizados como rivales.

Por ejemplo, sobre Rusia, el presidente se mostró reacio a expulsar a muchos de los espías de Putin como castigo por el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. Se quejó durante semanas de que altos miembros del gabinete lo dejaban atrapado en más confrontaciones con Rusia y expresó frustración por el hecho de que Estados Unidos continuara imponiendo sanciones a ese país por su comportamiento maligno. Sin embargo, su equipo de seguridad nacional tenía motivos para hacerlo —dichas acciones tenían que ser tomadas, para obligar a Moscú a rendir cuentas—.

Esto no es obra del llamado Estado profundo (deep state) —una teoría de conspiración que afirma que existen instituciones dentro del gobierno que permanecen en el poder de manera permanente—. Es la obra de un Estado estable.

Dada la inestabilidad de la que muchos han sido testigos, hubo rumores tempranos dentro del gabinete sobre invocar la Enmienda 25, la que daría inicio a un complejo proceso para sacar del poder al presidente. Sin embargo, nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para dirigir el rumbo del gobierno en la dirección correcta hasta que —de una manera u otra— llegue a su fin.

La mayor preocupación no es lo que Trump ha hecho a la presidencia, sino lo que nosotros como nación le hemos permitido que nos haga. Nos hemos hundido profundamente con él y hemos permitido que nuestro discurso fuera despojado de la civilidad.

El senador John McCain lo dijo de la mejor manera en su carta de despedida. Todos los estadounidenses deberían prestar atención a sus palabras y liberarse de la trampa del tribalismo, con el objetivo mayor de unirnos a través de nuestros valores compartidos y amar a esta gran nación.

El senador McCain ya no está con nosotros, pero siempre contaremos con su ejemplo —un faro que nos guía para restaurar el honor a la vida pública y a nuestro diálogo nacional—. Trump puede temer a los hombres honorables, pero nosotros debemos venerarlos.

Existe una resistencia silenciosa dentro del gobierno compuesta por personas que eligen anteponer al país. Sin embargo, la verdadera diferencia será hecha por los ciudadanos comunes que se pongan por encima de la política, se unan con los adversarios y decidan eliminar las etiquetas para portar una sola: la de estadounidenses.

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En todo el mundo, el impulso contra la malaria o paludismo se ha estancado. Los casos de malaria aumentaron en cinco millones entre 2015 y 2016, ascendiendo a 216 millones de 211 millones, según el “Malaria World Report 2017” de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Nueve países de las Américas informaron un aumento de al menos un 20 por ciento en los casos de malaria durante ese período, mayor que en cualquier otra región del planeta.

“Esta es una de las enfermedades que se cierne con fuerza”, dijo Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que financia grandes esfuerzos contra la malaria en las Américas, reseña el New York Times

“Si no mantienes el acelerador al máximo, y permaneces intensamente concentrado en el tema, la malaria va a regresar”.

La malaria (o paludismo), una enfermedad sanguínea contraída por la picadura de un mosquito infectado, mata a unas 445,000 personas cada año, en su mayoría niños, según la OMS. Sin embargo, las herramientas y los tratamientos de prevención efectivos son bien conocidos.

Las cifras en Venezuela

Históricamente, Venezuela sirvió como modelo para la erradicación del paludismo en América, con su región norte declarada libre de paludismo (o malaria) por la OMS en 1961. En aquel momento considerada una hazaña de salud pública.

Por la crisis política y económica que el socialismo trajo a Venezuela, los casos de paludismo ha ido en aumento anual desde 2008. Entre 2015 y 2016, los casos notificados aumentaron en más del 76% (de 136.402 a 240.613), superando a Brasil como el mayor contribuyente a la carga de la malaria en América. Los casos informados en 2016 fueron los más altos en la historia del país, según la OMS.

El Estado Bolívar concentra el 74% de los  casos de paludismo reportados. Y en él, el Municipio Sifontes, fronterizo con Guyana, reportó el el 46% de todos los casos reportados en Venezuela en el año 2016.

Los lugares con mayor afectación son las zonas de minería de oro. donde la presencia de mineros ilegales se ha incrementado notablemente. Casi el 40% de los casos de paludismo reportados son en personas que ejercen la minería ilegal. El paludismo se está expandiendo a otras regiones del país, incluso a aquellas declaradas libre de paludismo previamente.

Por sus altos ingresos petroleros, Venezuela no califica para recibir contribuciones del Fondo Mundial contra la malaria, y tampoco recibe ayudas de otros fondos internacionales.

Desde 2010 el gasto del gobierno socialista para combatir el paludismo ha variado. En 2015 alcanzó la cifra de 10 millones de dólares, cayendo a apenas 2,2 millones de dólares en 2016, un quinto de la cifra de 2015, a pesar que los casos se duplicaron en 2016, según las cifras de la OMS.

*Traducción de La Patilla

Tras meses de silencio, el dirigente político venezolano en arresto domiciliario habló en exclusiva con The New York Times sobre el futuro político del país, su experiencia y sus aprendizajes en la prisión militar y su esperanza de una salida a la crisis

López fue arrestado en febrero de 2014 después de liderar una protesta pública que se volvió violenta. Los fiscales reconocieron ante el tribunal que López era técnicamente pacífico, pero lo acusaron de incitar a otros al odio y a la violencia. Antes de su arresto, se encontraba entre los líderes de oposición más prominentes y populares en Venezuela. Las encuestas sugerían que podía derrotar al presidente Nicolás Maduro, el impopular sucesor de Hugo Chávez, en una elección libre. En el juicio, fue sentenciado a trece años y nueve meses de prisión.

Desde entonces, se ha convertido en el prisionero político más destacado de América Latina, sino del mundo. Su caso ha sido defendido por casi todas las organizaciones mundiales de derechos humanos y está representado por el abogado Jared Genser, conocido como el Extractor por su trabajo con presos políticos como Liu Xiaobo, Mohamed Nasheed y Aung San Suu Kyi. La lista de líderes mundiales que le han pedido al gobierno venezolano que libere a López incluye a Angela Merkel de Alemania, Emmanuel Macron de Francia, Theresa May del Reino Unido y Justin Trudeau de Canadá; es una de las raras coincidencias políticas entre Barack Obama y Donald Trump.

Desde entonces, se ha convertido en el prisionero político más destacado de América Latina, sino del mundo. Su caso ha sido defendido por casi todas las organizaciones mundiales de derechos humanos y está representado por el abogado Jared Genser, conocido como el Extractor por su trabajo con presos políticos como Liu Xiaobo, Mohamed Nasheed y Aung San Suu Kyi. La lista de líderes mundiales que le han pedido al gobierno venezolano que libere a López incluye a Angela Merkel de Alemania, Emmanuel Macron de Francia, Theresa May del Reino Unido y Justin Trudeau de Canadá; es una de las raras coincidencias políticas entre Barack Obama y Donald Trump.

En Venezuela, López se ha convertido en una especie de símbolo. Su nombre y su rostro están estampados en vallas publicitarias, camisetas y pancartas, pero existe un amplio desacuerdo sobre lo que él representa. El gobierno venezolano rutinariamente lo menosprecia como un reaccionario de derecha de la clase dominante que quiere revertir el progreso social del chavismo y restaurar la aristocracia terrateniente; la derecha venezolana, por su parte, considera a López como un neomarxista, cuya propuesta de distribuir la riqueza petrolera del país entre la gente solo profundizaría la agenda chavista.

Durante sus tres años y medio en prisión, López se negó a permitir que nadie hablara por él. Aunque se le prohibió conceder entrevistas o emitir declaraciones públicas, y con frecuencia se le negó el acceso a libros, papel, bolígrafos y lápices, logró escribir mensajes en trozos de papel para que su familia los sacara de manera clandestina, y grabó un puñado de audios y mensajes de video que denunciaban al gobierno de Maduro. De vez en cuando, incluso se le podía oír gritando consignas políticas a través de los barrotes de la prisión militar donde lo mantenían en aislamiento.

López fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario en julio pasado con la condición de que guardara silencio. Rápidamente se subió a la valla de su casa para hablar con una multitud de personas y luego grabó un video pidiéndole a sus seguidores que siguieran en la resistencia contra el gobierno. Tres semanas después lo volvieron a encarcelar pero, después de cuatro días, fue devuelto a su casa donde permanece bajo arresto domiciliario. Desde entonces, para gran desconcierto de sus seguidores, ha desaparecido de la vista del público. Mientras el país desciende a una crisis sin precedentes, con la tasa de inflación más alta del mundo, escasez extrema de alimentos y medicinas, apagones eléctricos constantes, miles de niños muriendo de malnutrición, el auge desenfrenado de la criminalidad en todos los estados, mientras suceden saqueos y disturbios en las calles, López no dice nada.

Hoy sus críticos no solo incluyen a la izquierda y a la derecha, sino a gran parte de los venezolanos que alguna vez lo vieron como un futuro presidente. No entienden lo que López está haciendo dentro de esa casa, escondida en esa calle arbolada de los suburbios acomodados de Caracas, pero sospechan que se ha sentido cómodo allí, junto a su esposa y sus hijos; que la riqueza de su familia lo aísla de la crisis económica; que la policía secreta que rodea su hogar lo protege del crimen, y no pueden evitar preguntarse si Leopoldo López finalmente se dio por vencido. Ellos saben, como él, que si emite una declaración pública, divulga otro mensaje de video o si vuelve a trepar el muro de su casa para dirigirse a sus seguidores, la policía secreta se apresurará a encarcelarlo de nuevo. En el pasado, López nunca permitió que ese peligro lo detuviera. Al menos tendría una oportunidad de expresarse y muchos se preguntan por qué no lo ha hecho.

Cada vez que López se conecta hay un parpadeo en la pantalla, luego se ve un borrón de color pixelado cuando su cara aparece. En días diferentes, en momentos diferentes, puede verse muy distinto. Hay mañanas en las que aparece con un suéter viejo, el pelo revuelto y una sonrisa cansada; en otras ocasiones se presenta con una camisa oxford, el pelo bien peinado y gafas de montura negra que no ocultan los signos de una noche de insomnio.

Pienso en un sábado de octubre. Fue unos minutos después del mediodía. Salí a caminar con mis hijos cuando un mensaje de López me llegó al teléfono. “La situación es muy delicada”, escribió. “Es posible que esté a punto de volver a la cárcel”. Rápidamente regresé a casa, abrí mi computadora portátil y, luego de un minuto, apareció en la pantalla. López tiene 46 años, mide 1,78 metros y está en forma. Estaba sentado en el escritorio de su sala de estar con el cabello bien recortado y el tono de su expresión era una mezcla de miedo, fatiga y furia.

Cuando le pregunté qué estaba pasando, López respiró profundamente. Apoyó un codo sobre el escritorio y se tomó la cabeza con la mano. “Anoche alrededor de las 19:30, vinieron a mi casa más de treinta oficiales de la policía política”, dijo. “Tenían más de diez autos. Cerraron toda la calle. Y luego vinieron a mi casa”. Durante más de una década, este dirigente ha contratado los servicios de una empresa privada de seguridad puesto que sus oponentes políticos han atacado sus eventos usando máscaras y pistolas, le han disparado a su vehículo y asesinaron a uno de sus guardaespaldas. Al estar bajo arresto domiciliario, se le permite mantener un pequeño grupo de guardias afuera de su residencia.

López explicó que durante la operación detuvieron a su jefe de seguridad y, desde entonces, nadie ha tenido noticias de él. “No había absolutamente ninguna razón legal para que se lo llevaran y no han permitido que ningún abogado vaya a verlo”, dijo López, luego miró hacia su escritorio y negó con la cabeza. “Así que esa es la situación”, dijo en voz baja. “Y quería decirte que estoy dispuesto a seguir adelante con esto que estamos haciendo”.

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